El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado el registro de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación explosiva que apunta a una supuesta estructura organizada dedicada a influir en decisiones políticas y judiciales, canalizar pagos, destruir pruebas y utilizar recursos del partido para actividades presuntamente delictivas. El auto judicial al que ha tenido acceso este periódico, de 50 páginas, dibuja un escenario demoledor para la dirección socialista y ordena a la Guardia Civil acceder a correos electrónicos, servidores internos, agendas, contratos, viajes, facturas, sistemas informáticos y dispositivos digitales vinculados a varios dirigentes y colaboradores próximos al aparato del partido extremoizquierdista.

La resolución sostiene que la investigación policial ha permitido detectar la existencia de un “grupo organizado” que habría operado desde al menos 2021 con la finalidad de “influir sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, intervenir en procedimientos judiciales y proteger intereses políticos concretos. El magistrado sitúa como figura central de esa supuesta estructura a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, al que atribuye un papel de dirección estratégica dentro de una red en la que también aparecen Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, Ismael Oliver o diversos empresarios y cargos vinculados al entorno socialista.

Uno de los aspectos más delicados del auto es la descripción de reuniones celebradas en la propia sede de Ferraz en momentos políticamente críticos para el Gobierno. El juez señala expresamente encuentros mantenidos en la sede socialista coincidiendo con el periodo de "reflexión" de Pedro Sánchez en abril de 2024, cuando el presidente del Gobierno anunció públicamente que estudiaba abandonar la política tras la apertura de diligencias contra su entorno familiar. Según la resolución, desde ese momento se habría activado una estrategia destinada a “proteger los intereses puestos en juego por estas causas” y a “desplegar efectos” sobre miembros del PSOE y del Ejecutivo.

El auto describe además una intensa actividad de contactos, conversaciones y maniobras orientadas presuntamente a controlar procedimientos judiciales y policiales. La investigación recoge referencias a supuestas operaciones para desacreditar mandos de la UCO, fiscales y jueces, así como intentos de obtener información reservada sobre investigaciones en curso. Pedraz menciona incluso conversaciones sobre periodistas concretos, filtraciones a medios y la preparación de campañas mediáticas coordinadas.

En otro de los pasajes más sensibles, el juez sostiene que Leire Díez habría actuado como “persona que ha puesto el PSOE”, ejerciendo de enlace entre el partido y determinadas operaciones desarrolladas por el grupo investigado. La resolución afirma que Díez mantuvo contactos permanentes con empresarios, abogados, miembros de las fuerzas de seguridad y responsables políticos, y que utilizó recursos vinculados al partido para coordinar viajes, reuniones y pagos.

El magistrado también detalla pagos y movimientos económicos bajo sospecha. El auto menciona transferencias, contratos y encargos realizados presuntamente para financiar actividades de influencia o encubrimiento, incluyendo pagos vinculados a asesorías, medios de comunicación y campañas de reputación. Entre las diligencias ordenadas figura el análisis de la contabilidad interna del PSOE, sus libros contables de 2024 y 2025, campañas publicitarias, gastos reservados y procedimientos internos de validación de pagos.

La resolución judicial autoriza igualmente el acceso integral a servidores, correos electrónicos corporativos y sistemas de almacenamiento digital del PSOE. La Guardia Civil podrá copiar y analizar el contenido de buzones electrónicos asociados a dirigentes y trabajadores del partido, recuperar archivos eliminados y acceder a servicios en la nube como Google Drive, Dropbox o iCloud. El juez admite incluso la intervención de teléfonos móviles, dispositivos cifrados y sistemas de mensajería instantánea si fueran considerados relevantes para la investigación.

El auto incorpora además una larga relación de documentación requerida: registros de visitas a Ferraz, listados de vehículos, reservas hoteleras, viajes financiados por el partido, comunicaciones internas, contratos con despachos profesionales y empresas de consultoría, así como información sobre campañas electorales concretas. Entre ellas aparece la campaña publicitaria vinculada a Patricia López Lucio y la empresa Grupo Crónica Libre SL, respecto de la cual el juez reclama facturas, contratos y autorizaciones políticas internas.

Pedraz justifica la medida alegando que existen indicios suficientes de delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, obstrucción a la justicia y actuaciones contra las instituciones del Estado. El magistrado considera además que la gravedad de los hechos y el riesgo de destrucción de pruebas hacen “proporcional, necesaria e idónea” la entrada y registro en la sede socialista.

La decisión judicial supone uno de los golpes más graves sufridos por el PSOE en democracia. La imagen de agentes de la UCO entrando en Ferraz para intervenir documentación y sistemas informáticos sitúa por primera vez el corazón operativo del partido bajo sospecha judicial directa en una causa que amenaza con escalar políticamente en las próximas semanas.