En Lisboa, Mafra, Oeiras y Coímbra
Operación policial en municipios gobernados por el Partido Socialista de Portugal: 37 acusados
Mientras la Guardia Civil investiga los múltiples posibles delitos cometidos por el PSOE español, al otro lado de la frontera con Portugal, la Policía Judicial irrumpió este jueves en el corazón orgánico del Partido Socialista portugués. Registros domiciliarios, órdenes de entrada en sedes institucionales y, finalmente, cinco detenidos: la denominada Operación Imergente sacudió las estructuras del poder local socialista en Lisboa, Mafra, Oeiras y Coímbra, dejando un reguero de 37 imputados y preguntas incómodas para la formación que gobernó Portugal durante años.
La Unidad Nacional de Lucha contra la Corrupción ejecutó 60 órdenes de registro en domicilios y otras 32 en locales institucionales. En total, cerca de 400 inspectores y peritos, junto a siete magistrados del Ministerio Público, peinaron durante horas espacios que hasta ayer eran territorio de la normalidad política. Los delitos investigados no son menores: prevaricación y participación económica en empresas privadas, todo ello alrededor de contratos públicos adjudicados de manera presuntamente irregular por ayuntamientos y consejos parroquiales.
CNN Portugal fue quien adelantó la noticia antes de que la policía emitiera su comunicado oficial, y lo hizo con una imagen ya incorporada al léxico de este caso: el "pulpo del poder" municipal socialista. Según la cadena, la investigación apunta a una presunta red criminal enquistada en el gobierno local del PS, que entre 2016 y 2022 habría canalizado más de 800.000 euros en contratos directos hacia empresas y candidatos vinculados al partido.
En el epicentro de la trama figura el consejo parroquial de Santa Maria Maior y su exresponsable, Miguel Coelho. A su alrededor se articularía una estructura con nueve excandidatos socialistas del municipio de Mafra y diecinueve empresas con conexiones orgánicas al partido. Entre los detenidos se encontraría también Duarte Moral, exasesor del expresidente António Costa, cuya esposa figura entre los supuestos beneficiarios de esos contratos directos.
El timing político añade una dimensión difícilmente ignorable: la operación se produce apenas un día después de que el juez español ordenara el registro de la sede del PSOE en Madrid, en el marco de otra investigación por presuntos pagos irregulares. Dos policías judiciales, dos países, dos partidos hermanos. La coincidencia no prueba nada, pero alimenta una narrativa que se escribe sola.
Los cinco detenidos serán presentados ante el Tribunal Penal Central de Lisboa para su primer interrogatorio judicial y la adopción de medidas cautelares.
Mientras la Guardia Civil investiga los múltiples posibles delitos cometidos por el PSOE español, al otro lado de la frontera con Portugal, la Policía Judicial irrumpió este jueves en el corazón orgánico del Partido Socialista portugués. Registros domiciliarios, órdenes de entrada en sedes institucionales y, finalmente, cinco detenidos: la denominada Operación Imergente sacudió las estructuras del poder local socialista en Lisboa, Mafra, Oeiras y Coímbra, dejando un reguero de 37 imputados y preguntas incómodas para la formación que gobernó Portugal durante años.
La Unidad Nacional de Lucha contra la Corrupción ejecutó 60 órdenes de registro en domicilios y otras 32 en locales institucionales. En total, cerca de 400 inspectores y peritos, junto a siete magistrados del Ministerio Público, peinaron durante horas espacios que hasta ayer eran territorio de la normalidad política. Los delitos investigados no son menores: prevaricación y participación económica en empresas privadas, todo ello alrededor de contratos públicos adjudicados de manera presuntamente irregular por ayuntamientos y consejos parroquiales.
CNN Portugal fue quien adelantó la noticia antes de que la policía emitiera su comunicado oficial, y lo hizo con una imagen ya incorporada al léxico de este caso: el "pulpo del poder" municipal socialista. Según la cadena, la investigación apunta a una presunta red criminal enquistada en el gobierno local del PS, que entre 2016 y 2022 habría canalizado más de 800.000 euros en contratos directos hacia empresas y candidatos vinculados al partido.
En el epicentro de la trama figura el consejo parroquial de Santa Maria Maior y su exresponsable, Miguel Coelho. A su alrededor se articularía una estructura con nueve excandidatos socialistas del municipio de Mafra y diecinueve empresas con conexiones orgánicas al partido. Entre los detenidos se encontraría también Duarte Moral, exasesor del expresidente António Costa, cuya esposa figura entre los supuestos beneficiarios de esos contratos directos.
El timing político añade una dimensión difícilmente ignorable: la operación se produce apenas un día después de que el juez español ordenara el registro de la sede del PSOE en Madrid, en el marco de otra investigación por presuntos pagos irregulares. Dos policías judiciales, dos países, dos partidos hermanos. La coincidencia no prueba nada, pero alimenta una narrativa que se escribe sola.
Los cinco detenidos serán presentados ante el Tribunal Penal Central de Lisboa para su primer interrogatorio judicial y la adopción de medidas cautelares.
