Un nuevo estudio del catedrático Mikel Buesa cuantifica por primera vez el alcance real de la campaña terrorista de los GRAPO. Los datos desmontan algunos tópicos: la organización apenas contó con unos centenares de militantes, pero fue capaz de sostener durante más de tres décadas una actividad armada que dejó 95 personas asesinadas, 134 heridos, centenares de atentados y cerca de 19 millones de euros obtenidos mediante atracos, secuestros y extorsiones.

Durante décadas, el terrorismo en España ha estado asociado casi exclusivamente a ETA. Sin embargo, mientras la organización terrorista vasca concentraba la atención política, mediática y académica, otra banda armada desarrollaba una campaña de violencia persistente que se prolongó desde los últimos meses del franquismo hasta bien entrado el siglo XXI. Se trataba de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), brazo armado vinculado al Partido Comunista de España (reconstituido), una organización marxista-leninista surgida de las escisiones prochinas del comunismo español.

Ahora, el economista y catedrático emérito de la Universidad Complutense Mikel Buesa ha publicado una de las investigaciones cuantitativas más completas realizadas hasta la fecha sobre esta organización. Su conclusión principal resulta llamativa: los GRAPO fueron una organización extremadamente pequeña, pero extraordinariamente persistente.

Los orígenes de los GRAPO se remontan a finales de los años sesenta, cuando las divisiones entre Moscú y Pekín provocaron una fractura en numerosos partidos comunistas occidentales. En España surgieron múltiples grupos maoístas que acusaban al Partido Comunista de Santiago Carrillo de haber abandonado la vía revolucionaria. De ese caldo de cultivo nació la Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE), que más tarde daría lugar al PCE(r).

La dirección de aquella organización llegó a la conclusión de que la transición al socialismo sólo podía lograrse mediante una insurrección armada. En consecuencia, comenzó a organizar estructuras clandestinas destinadas a la financiación, la seguridad y, finalmente, a la acción terrorista.

El primer asesinato atribuido a los futuros GRAPO tuvo lugar el 2 de agosto de 1975, cuando un guardia civil fue abatido en Madrid. Apenas dos meses después, el 1 de octubre, otros cuatro policías armados fueron asesinados. Aquella fecha acabaría dando nombre a la organización terrorista.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la dimensión real de la organización.

Buesa ha identificado nominalmente a 217 individuos implicados en actividades terroristas, pero al contabilizar las reincorporaciones de antiguos presos concluye que la organización llegó a movilizar aproximadamente 311 activistas distintos a lo largo de toda su historia.

La cifra resulta sorprendentemente reducida para una organización que permaneció activa durante más de treinta años.

Según sus cálculos, el número medio de terroristas activos por año fue de apenas 29,5 militantes. Incluso en los momentos de mayor actividad la organización difícilmente superó varias decenas de activistas operativos.

En comparación con la banda terrorista ETA, la diferencia es abismal. El propio estudio señala que la militancia activa de los GRAPO fue aproximadamente quince veces inferior a la de la organización terrorista vasca.

La investigación muestra que la mayor parte del reclutamiento se produjo durante la primera mitad de los años setenta.

Los nuevos integrantes eran principalmente jóvenes estudiantes y trabajadores procedentes de organizaciones de extrema izquierda. Muchos ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad legal cuando ingresaron en las estructuras del partido.

A diferencia de otras organizaciones terroristas, los GRAPO apenas lograron renovar sus filas con nuevas generaciones. Su crecimiento se estancó rápidamente y, con el paso del tiempo, una parte significativa de la actividad armada dependió del regreso a la clandestinidad de antiguos militantes que habían cumplido condenas de prisión.

El balance global de la violencia ejercida por los GRAPO resulta considerable.

Buesa contabiliza 436 acciones terroristas, entre atentados, asesinatos, secuestros, atracos y sabotajes. El resultado fueron 95 personas asesinadas y 134 heridas.

La etapa más sangrienta se concentró entre mediados de los años setenta y mediados de los ochenta.

Especialmente dramático fue 1979, año en el que se produjo el atentado de la cafetería California 47 de Madrid (9 personas asesinadas y más de 60 heridas), uno de los ataques más mortíferos de toda la historia del terrorismo de extrema izquierda en Europa Occidental.

A partir de los años noventa la capacidad letal de la organización disminuyó notablemente, aunque siguió demostrando una sorprendente capacidad de supervivencia.

La imagen popular de los GRAPO suele asociarse a los asesinatos selectivos. Sin embargo, el estudio revela que la mayor parte de sus acciones consistieron en atentados con explosivos.

Buesa contabiliza 233 atentados con bombas, dirigidos contra cuarteles de la Guardia Civil, comisarías, instalaciones industriales, infraestructuras energéticas, vías férreas, edificios públicos, medios de comunicación, organizaciones empresariales y sedes de partidos políticos.

Estos atentados perseguían sobre todo un efecto propagandístico. En la mayoría de los casos se realizaban de noche o contra instalaciones vacías para minimizar el riesgo para los terroristas y maximizar la repercusión pública.

A ello se sumaron 79 atentados con armas de fuego, destinados específicamente al asesinato de personas, y 122 acciones orientadas a la obtención de recursos económicos o logísticos.

Uno de los aspectos más novedosos del trabajo es el análisis financiero de la organización.

Los GRAPO financiaron su actividad mediante una combinación de atracos, robos de armas, secuestros extorsivos y asaltos a furgones blindados. El estudio estima que obtuvieron recursos equivalentes a casi 19 millones de euros a precios constantes.

Los atracos bancarios constituyeron la principal fuente de financiación. Sólo esta modalidad representó aproximadamente seis de cada diez operaciones destinadas a obtener recursos.

Lejos de la imagen de una organización permanentemente empobrecida, Buesa sostiene que los recursos disponibles por militante activo eran comparables a los ingresos de un trabajador medio español. Por ello considera que la decadencia de los GRAPO no puede explicarse por la falta de financiación, sino por la escasa capacidad de atracción de su proyecto político.

Otro aspecto llamativo es la elevada tasa de reincidencia de sus miembros.

Muchos activistas volvieron a integrarse en la organización después de salir de prisión. Algunos lo hicieron una o dos veces; otros llegaron a reincorporarse hasta seis veces a la actividad clandestina.

La investigación atribuye esta persistencia a una fuerte estructura ideológica y a una organización basada en comandos aislados, sometidos a una estricta disciplina jerárquica.

El precio pagado por los propios terroristas tampoco fue menor. El estudio contabiliza 42 bajas en acción, entre ellas 26 muertos y 16 heridos, además de largas condenas de prisión. Los militantes encarcelados cumplieron penas que alcanzaron una media de 16,7 años de reclusión.

Quizá la conclusión más significativa del trabajo de Buesa sea precisamente la paradoja que encierra la historia de los GRAPO.

Con apenas unos cientos de militantes, sin apoyo social relevante y sin obtener ninguno de los objetivos revolucionarios que proclamaban, la organización logró mantenerse activa durante más de treinta años. Lo hizo atravesando la muerte de Franco, la Transición, la consolidación democrática, la entrada de España en la Comunidad Europea y el cambio de siglo.

Su legado es el de una campaña terrorista que dejó casi un centenar de muertos, más de un centenar de heridos y cientos de acciones violentas, pero que, al mismo tiempo, sigue siendo una de las historias menos conocidas y menos estudiadas del terrorismo español contemporáneo. Como señala el propio autor, la producción académica sobre los GRAPO continúa siendo sorprendentemente escasa en comparación con la enorme atención recibida por ETA.

Y precisamente por eso, este estudio constituye una de las radiografías más completas realizadas hasta ahora sobre una organización que, pese a su reducido tamaño, consiguió prolongar la violencia política en España durante más de tres décadas.