Hay noticias que afectan a un partido político. Otras afectan a un Gobierno. Y algunas, las más graves, afectan a los cimientos mismos sobre los que descansa una democracia.

Las informaciones conocidas durante los últimos días sobre la presunta existencia de una operación destinada a investigar, hostigar o desacreditar a la magistrada Beatriz Biedma no pertenecen al primer grupo. Ni siquiera al segundo. Pertenecen al tercero.

Porque aquí ya no estamos discutiendo si David Sánchez, hermano del tirano socialista Pedro Sánchez, debía o no ser investigado. Tampoco si la instrucción judicial fue acertada o equivocada. Para eso existen recursos, tribunales superiores y procedimientos establecidos por la ley. Lo que está en cuestión es algo mucho más profundo: si en España puede existir una maquinaria política o parapolítica dedicada a perseguir a jueces cuya actuación resulta incómoda para el poder.

Conviene ser extremadamente prudentes. La investigación continúa abierta. Existen diligencias parcialmente secretas. Todos los afectados merecen la presunción de inocencia. Pero la prudencia no puede confundirse con indiferencia. Cuando las principales asociaciones de jueces y fiscales del país emiten un comunicado conjunto denunciando una posible estrategia organizada contra miembros de la carrera judicial, lo mínimo exigible es escucharles. Y lo que están diciendo resulta inquietante.

Según las informaciones publicadas, una magistrada habría sido sometida a investigaciones sobre su vida privada, su entorno y su familia. No porque hubiera cometido delito alguno. No porque existieran sospechas sobre su conducta profesional. Sino porque estaba instruyendo una causa políticamente sensible. Si semejante comportamiento llegara a confirmarse judicialmente, nos encontraríamos ante una de las agresiones más graves sufridas por la independencia judicial en décadas.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Tampoco en que existan parlamentos o gobiernos elegidos en las urnas. La democracia exige algo más sencillo y, al mismo tiempo, más difícil: que los jueces puedan aplicar la ley sin miedo. Sin miedo a las campañas de desprestigio. Sin miedo a los seguimientos. Sin miedo a que sus familias se conviertan en objetivo de quienes desean condicionar sus decisiones.

Resulta especialmente preocupante que hayan tenido que ser las asociaciones profesionales quienes hayan levantado la voz con semejante contundencia. Más preocupante aún es que esas asociaciones consideren insuficiente la reacción del Consejo General del Poder Judicial. Y todavía más preocupante que denuncien la ausencia de una respuesta firme por parte de la Fiscalía General del Estado.

Cuando los jueces sienten la necesidad de reclamar públicamente protección institucional, algo no funciona como debería funcionar.

Durante años, una parte de la clase política española ha contribuido a erosionar la imagen de los tribunales. Se ha normalizado la descalificación de magistrados. Se ha extendido la sospecha sistemática sobre resoluciones incómodas. Se ha instalado la idea de que los jueces actúan movidos por intereses ideológicos y no por la aplicación de la ley. El resultado de esa estrategia es devastador: una sociedad que deja de confiar en quienes tienen la obligación de garantizar sus derechos.

El problema es que la deslegitimación permanente de la Justicia termina volviéndose contra todos. Contra la izquierda y contra la derecha. Contra quienes gobiernan hoy y contra quienes gobernarán mañana. Porque cuando desaparece la confianza en los tribunales, lo que queda no es una democracia más fuerte. Lo que queda es el predominio de la fuerza, de la propaganda y del poder político sin contrapesos.

España ha conocido épocas en las que los jueces dependían del poder. Precisamente por eso la Constitución de 1978 quiso construir un sistema basado en la separación de poderes. Un sistema imperfecto, como todos los sistemas humanos, pero indispensable para preservar la libertad de los ciudadanos.

Por eso este asunto no puede despacharse como una mera polémica partidista. Ni como un episodio más del enfrentamiento político cotidiano. Si las sospechas que hoy se investigan terminan acreditándose, estaremos ante algo mucho más grave: la utilización de métodos impropios de una democracia madura para intentar influir sobre quienes tienen la misión constitucional de juzgar con independencia.

La cuestión ya no es Beatriz Biedma.

La cuestión es si los jueces españoles pueden desempeñar su trabajo sin temor a convertirse en objetivos políticos.

Y una democracia que no puede responder afirmativamente a esa pregunta tiene un problema mucho más serio que cualquier crisis de gobierno. Tiene un problema de Estado.