La organización de víctimas destaca que la reforma crea un patrón que favorece la impunidad de ETA
Pacto contra el yihadismo versus crímenes contra la humanidad
Los servicios jurídicos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, han alertado a los grupos políticos que integran el Congreso de los Diputados de que el pacto contra el yihadismo impedirá la investigación de crímenes de lesa humanidad y genocidio a manos de organizaciones terroristas como ETA.
COVITE, en un informe de siete folios que puede consutarse al final de esta información, expone que el pacto burla los compromisos internacionales firmados por España y supone una merma en la prevención de las formas más graves de terrorismo. Con el pretexto de la urgencia, añade el Colectivo, se utiliza la reforma para que se puedan calificar los más graves delitos contra la Comunidad internacional del Título XXIV –genocidio y lesa humanidad- como delitos de terrorismo, cuando se trata de delitos con distintos bienes jurídicos a proteger, distintos umbrales de gravedad, y distinto grado de imprescriptibilidad.
En palabras de la asociación, esta reforma urgente supone atraer los hechos y finalidades del tipo penal internacionalmente reconocido como más grave (genocidio y lesa humanidad), al menos grave (terrorismo). En este sentido, la reforma parece introducir una excepción, extraña y proscrita en el derecho penal internacional, al calificar como terrorismo los delitos contra la Comunidad Internacional cuando sean cometidos por organizaciones, grupos o individuos terroristas, y no cuando sean cometidos por Estados.
COVITE insiste en que con la pretendida reforma se pueda excluir a las organizaciones de la comisión de crímenes “contra la Comunidad internacional”, atrayendo estos tipos penales al delito de terrorismo, es particularmente grave cuando se está llevando a cabo un examen preliminar desde el 17 de febrero de 2014, por crímenes de lesa humanidad y genocidio, en la Corte Penal Internacional, contra ETA y su brazo político.
También entraña especial gravedad, zanja COVITE, que precisamente se pretenda este pacto de reforma urgente cuando las autoridades del Estado han reclamado, por primera vez, informes policiales sobre esta materia.
Los servicios jurídicos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, han alertado a los grupos políticos que integran el Congreso de los Diputados de que el pacto contra el yihadismo impedirá la investigación de crímenes de lesa humanidad y genocidio a manos de organizaciones terroristas como ETA.
COVITE, en un informe de siete folios que puede consutarse al final de esta información, expone que el pacto burla los compromisos internacionales firmados por España y supone una merma en la prevención de las formas más graves de terrorismo. Con el pretexto de la urgencia, añade el Colectivo, se utiliza la reforma para que se puedan calificar los más graves delitos contra la Comunidad internacional del Título XXIV –genocidio y lesa humanidad- como delitos de terrorismo, cuando se trata de delitos con distintos bienes jurídicos a proteger, distintos umbrales de gravedad, y distinto grado de imprescriptibilidad.
En palabras de la asociación, esta reforma urgente supone atraer los hechos y finalidades del tipo penal internacionalmente reconocido como más grave (genocidio y lesa humanidad), al menos grave (terrorismo). En este sentido, la reforma parece introducir una excepción, extraña y proscrita en el derecho penal internacional, al calificar como terrorismo los delitos contra la Comunidad Internacional cuando sean cometidos por organizaciones, grupos o individuos terroristas, y no cuando sean cometidos por Estados.
COVITE insiste en que con la pretendida reforma se pueda excluir a las organizaciones de la comisión de crímenes “contra la Comunidad internacional”, atrayendo estos tipos penales al delito de terrorismo, es particularmente grave cuando se está llevando a cabo un examen preliminar desde el 17 de febrero de 2014, por crímenes de lesa humanidad y genocidio, en la Corte Penal Internacional, contra ETA y su brazo político.
También entraña especial gravedad, zanja COVITE, que precisamente se pretenda este pacto de reforma urgente cuando las autoridades del Estado han reclamado, por primera vez, informes policiales sobre esta materia.
