La investigación judicial sobre las denominadas "cloacas del PSOE" ha dado un salto de enorme trascendencia política. Según un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la organización habría estado dirigida por el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y por la militante Leire Díez con el objetivo de "proteger los intereses" de miembros del Gobierno y, especialmente, del presidente Pedro Sánchez.

Según recoge El Mundo, de acuerdo con la documentación incorporada a la causa, los investigadores sostienen que la trama habría operado entre 2024 y 2025 desarrollando una actividad coordinada destinada a neutralizar o dificultar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, al entorno del presidente del Gobierno y a miembros de su familia. La Guardia Civil afirma que existía una "unidad de acción y dirección" encabezada por Cerdán, mientras que Leire Díez desempeñaría funciones ejecutivas dentro de la estructura.

Siempre según el periódico madrileño, uno de los aspectos más graves recogidos en el informe es la afirmación de que el entonces número tres del PSOE habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Según la UCO de la Guardia Civil, el PSOE habría asumido costes logísticos, facilitado personal administrativo, cedido instalaciones para reuniones y sufragado gastos relacionados con la actividad investigada. Los agentes consideran que la posición orgánica de Cerdán habría permitido utilizar recursos del partido en beneficio de la presunta red.

El atestado también describe una serie de pagos que ahora están bajo la lupa judicial. Entre ellos figuran supuestos abonos por valor de 22.500 euros a Leire Díez mediante facturación presuntamente irregular y el uso de sociedades interpuestas para ocultar el origen de los fondos. Asimismo, se mencionan pagos por 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo, operación que, según los investigadores, habría contado igualmente con la participación de Díez.

La Guardia Civil va más allá y sostiene que la llamada "fontanera" socialista habría recibido una compensación adicional mediante un contrato laboral presuntamente instrumental en una consultora privada durante varios meses de 2024. Según el informe, esa relación laboral habría sido simulada y le habría permitido percibir unos 16.000 euros netos en nóminas.

Otro de los elementos que más inquietud puede generar es la referencia a supuestas maniobras dirigidas a influir en procedimientos judiciales. Los investigadores sostienen que integrantes de la trama habrían ofrecido beneficios económicos, puestos de trabajo o expectativas de un trato procesal favorable a determinadas personas a cambio de información comprometedora sobre jueces, fiscales o agentes de la Guardia Civil implicados en causas sensibles para el partido. También se recogen presuntos intentos de lograr que determinados investigados modificaran sus declaraciones judiciales en beneficio de los intereses perseguidos por la organización.

La UCO atribuye además a Cerdán un papel relevante en la financiación del medio digital Crónica Libre, que según el informe habría sido utilizado para apoyar determinadas actuaciones relacionadas con la actividad investigada.

Las revelaciones conocidas a través del sumario sitúan a la investigación en una dimensión política extraordinaria. Si las conclusiones preliminares de la Guardia Civil terminan siendo corroboradas judicialmente, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos institucionales de la democracia reciente al afectar directamente al corazón organizativo del partido que sustenta al Gobierno y a personas que formaron parte de su núcleo de máxima confianza. Por el momento, la causa continúa abierta y será la instrucción judicial la que determine el alcance real de los hechos y las eventuales responsabilidades penales de los implicados.