El Partido Popular ha elevado el tono de sus acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras las últimas revelaciones relacionadas con el denominado «caso Leire». Los principales dirigentes populares sostienen que los hechos conocidos a través de la investigación judicial y de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a una utilización de estructuras políticas y de poder para intentar interferir en investigaciones judiciales, desacreditar a instituciones del Estado y proteger al entorno del presidente del Gobierno. 

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificó la situación como un caso de «delincuencia de Estado organizada» y aseguró que las informaciones conocidas permiten concluir que el denominado «One» al que se refieren algunas conversaciones investigadas correspondería a Pedro Sánchez. Según Sémper, la presunta trama habría tenido como objetivo dificultar el trabajo de la Guardia Civil, presionar a jueces y desacreditar a periodistas que investigaban distintos casos de corrupción.

En la misma línea se expresó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien acusó al PSOE de haber puesto en marcha una «organización criminal» destinada a «desestabilizar instituciones del Estado» con el fin de proteger políticamente a Sánchez. Gamarra sostuvo que el sumario judicial contiene referencias constantes al presidente del Gobierno y afirmó que toda la actuación investigada perseguía frenar o entorpecer procedimientos que afectaban al entorno político y personal del jefe del Ejecutivo.

Las acusaciones del PP se producen después de que trascendieran nuevos detalles del sumario del caso, en el que la UCO sostiene que determinadas actuaciones habrían estado dirigidas a beneficiar al PSOE y a su dirección política. Los investigadores consideran que algunas conversaciones apuntan a Pedro Sánchez cuando los implicados mencionan al «One», aunque el presidente no figura investigado en la causa.

Desde el PSOE y el Gobierno rechazan estas interpretaciones y sostienen que los hechos investigados responden, en todo caso, a actuaciones individuales de personas concretas, sin participación ni conocimiento de la dirección del partido ni del Ejecutivo.

Mientras tanto, el PP continúa reclamando explicaciones políticas, la asunción de responsabilidades y la convocatoria de elecciones generales. La dirección de Alberto Núñez Feijóo considera que las últimas revelaciones han agravado una crisis institucional que, a su juicio, ya no puede explicarse como una sucesión de casos aislados, sino como un problema que afecta al núcleo mismo del poder político.