A raíz del debate celebrado en el Congreso de los Diputados sobre la proposición que plantea prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos buitre, distintos despachos de abogados colaboradores y plataformas civiles preparan para el mes de junio una batería coordinada de recursos de amparo con el objetivo de solicitar la paralización cautelar de lanzamientos que afecten a familias vulnerables. La iniciativa jurídica nace en un contexto en el que el propio poder legislativo ha situado en el centro del debate público la legitimidad ética, social y fiscal de determinados operadores corporativos del mercado residencial.

El Pleno del Congreso debatió el 19 de mayo una proposición no de ley impulsada por Sumar para promover cambios normativos que impidan la compra de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”, incorporando además la petición de derogar la ley reguladora de las SOCIMI. Aunque la iniciativa no tenía carácter legislativo vinculante por tratarse de una proposición no de ley, su sola tramitación parlamentaria ha abierto, según los promotores de esta estrategia procesal, un nuevo escenario de interpretación judicial en materia de vivienda, especialmente en aquellos procedimientos de desahucio o ejecución hipotecaria donde concurran situaciones de vulnerabilidad acreditada.

La estrategia legal que comenzará a articularse desde junio se apoyará en una idea central: si el Congreso está cuestionando de forma expresa el encaje ético, económico y fiscal de ciertas estructuras de tenencia masiva de vivienda, los órganos judiciales deben extremar la prudencia antes de acordar lanzamientos irreversibles. El argumento jurídico no parte de que la proposición debatida haya modificado por sí misma el ordenamiento, sino de que revela una controversia institucional relevante sobre el tratamiento de la vivienda como activo financiero y sobre la adecuación del marco actual de ventajas fiscales y protección social.

En esa línea, uno de los focos del debate ha sido el régimen de las SOCIMI. La Agencia Tributaria recuerda en su manual que estas sociedades tributan al 0 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades, con determinadas especialidades adicionales, mientras que el Gobierno ya planteó en 2025 condicionar sus ventajas fiscales a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Para los impulsores de los futuros recursos, esta discusión política y fiscal refuerza la tesis de que los jueces deben ponderar con mayor intensidad el interés social comprometido antes de ejecutar desahucios promovidos por grandes tenedores o estructuras societarias cuyo tratamiento fiscal está siendo públicamente revisado.

José Montero, abogado y director de Montero de Cisneros, sostiene que este momento exige una respuesta procesal coordinada y técnicamente robusta. “Cuando el legislador abre un debate tan explícito sobre la legitimidad de que empresas y fondos acumulen vivienda residencial y, al mismo tiempo, se discuten privilegios fiscales como los de las SOCIMI, los tribunales no pueden actuar como si nada estuviera ocurriendo”, afirma. “Vamos a promover recursos de amparo sistemáticos allí donde existan familias vulnerables en riesgo de lanzamiento, porque el principio de prudencia judicial debe imponerse mientras se define el marco legal definitivo.”

Según explica Montero, la línea de trabajo combinará la defensa constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva y la protección de la integridad familiar con una interpretación reforzada de la función social de la vivienda. “No se trata de vaciar la ley vigente ni de bloquear indiscriminadamente los procedimientos, sino de pedir a los jueces una ponderación más exigente cuando el daño para la familia es irreparable y el debate institucional sobre el modelo de propiedad residencial está plenamente abierto”, señala.

Los equipos jurídicos que se sumen a esta iniciativa trabajarán sobre expedientes con indicadores claros de vulnerabilidad: presencia de menores, dependencia, discapacidad, desempleo prolongado, monoparentalidad o ausencia de alternativa habitacional. La previsión es presentar escritos coordinados en distintas plazas judiciales del país, con una arquitectura argumental homogénea que invoque la necesidad de medidas cautelares o suspensivas ante la incertidumbre normativa y el debate parlamentario en curso. La tesis de fondo es que la prudencia no solo protege derechos fundamentales, sino que evita que el proceso judicial consolide de manera anticipada un modelo cuya legitimidad política y fiscal está siendo cuestionada en sede parlamentaria.

Además, esta respuesta jurídica busca contribuir a una conversación pública más amplia sobre el equilibrio entre seguridad jurídica, derecho de propiedad y protección efectiva del derecho a la vivienda. La seguridad jurídica no puede convertirse en una coartada para automatizar lanzamientos cuando existen dudas serias sobre el marco político y fiscal que sostiene a determinados grandes tenedores. Junio marcará el inicio de una nueva fase de litigación estratégica en defensa de las familias vulnerables y de una interpretación más garantista de la función social de la vivienda.