Durante décadas, cuando los españoles escuchaban la palabra terrorismo pensaban en coches bomba, tiros en la nuca, secuestros o explosivos colocados en estaciones, cuarteles y centros comerciales. Pensaban en ETA, en el GRAPO o en el yihadismo islamista. Pensaban en la violencia física como instrumento para doblegar al Estado. Sin embargo, el voluminoso auto dictado por el juez Santiago Pedraz dentro de la investigación sobre la denominada trama de las "cloacas del PSOE" plantea una cuestión que trasciende con mucho a los hechos concretos que investiga la Audiencia Nacional: ¿puede una democracia verse amenazada desde dentro mediante la utilización de mecanismos de influencia, presión y manipulación dirigidos contra quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley?

Conviene aclararlo desde el principio. El auto no acusa a nadie de terrorismo. Tampoco atribuye a los investigados la comisión de delitos comprendidos dentro del artículo 573 del Código Penal. Sin embargo, la lectura detallada de la resolución judicial obliga a formular preguntas incómodas acerca de los límites entre la corrupción política, la organización criminal y los ataques dirigidos contra las instituciones esenciales del Estado.

Lo que describe el juez es, en términos muy severos, la existencia de una estructura organizada cuya finalidad habría sido intervenir sobre procedimientos judiciales, actuaciones policiales, fiscales, testigos e incluso mandos de las fuerzas de seguridad para proteger intereses políticos vinculados al Gobierno y al PSOE.

Según la resolución, la organización habría estado dirigida políticamente por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y ejecutada sobre el terreno por la "fontanera" socialista Leire Díez. El auto sostiene que ambos habrían coordinado actuaciones encaminadas a "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial" que pudiera afectar directa o indirectamente a los intereses del partido o del Gobierno.

No es una afirmación menor.

La Justicia española está acostumbrada a investigar redes de corrupción, tramas de financiación irregular, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. Pero en este caso el magistrado introduce una dimensión distinta. No se limita a describir la obtención de beneficios económicos o favores administrativos. Lo que aparece reflejado en la resolución es la presunta existencia de una estrategia destinada a influir sobre quienes investigaban determinadas causas judiciales.

El auto recoge referencias a supuestos intentos de obtener información reservada, influir en fiscales, recabar datos sobre miembros de la UCO, contactar con jueces y testigos, modificar declaraciones y obstaculizar investigaciones que afectaban a miembros del Ejecutivo o del partido.

Más aún. El juez llega a sostener que Santos Cerdán habría puesto a disposición de la estructura investigada recursos del propio PSOE, incluyendo personal administrativo, dependencias de la sede de Ferraz, medios logísticos y financiación.

La gravedad institucional de estas afirmaciones es evidente.

La democracia liberal descansa sobre un conjunto de pilares cuya existencia suele darse por sentada: la independencia judicial, la actuación imparcial de fiscales y policías, la separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin esos elementos no existe auténtico Estado de Derecho. Puede haber elecciones, parlamentos o partidos políticos, pero desaparece la garantía fundamental que distingue a una democracia de un sistema arbitrario: que quienes ejercen el poder también están sometidos a la ley.

Precisamente por ello, la lectura del auto conduce inevitablemente a una reflexión que trasciende la responsabilidad individual de los investigados. Si los hechos descritos terminaran siendo acreditados en sede judicial, ¿estaríamos simplemente ante un caso de corrupción política o ante algo más profundo? ¿Puede considerarse un ataque a las instituciones del Estado una actuación coordinada destinada a neutralizar a jueces, fiscales o investigadores?

La pregunta adquiere especial relevancia si se examina el contenido del artículo 573 del Código Penal, que define determinadas conductas terroristas cuando persiguen, entre otras finalidades, subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Nadie sostiene actualmente que esa sea la calificación jurídica de los hechos investigados. Ni el juez la plantea ni la Fiscalía la ha formulado. Pero el mero hecho de que el debate pueda aparecer demuestra hasta qué punto las conclusiones preliminares del auto son excepcionales.

En realidad, la cuestión de fondo es otra.

Durante mucho tiempo, las democracias occidentales concentraron sus esfuerzos en protegerse frente a amenazas externas. Terroristas, organizaciones violentas, espionaje extranjero o movimientos revolucionarios constituían los principales riesgos para la estabilidad institucional. Sin embargo, las últimas décadas han mostrado que las instituciones también pueden deteriorarse desde dentro. No necesariamente mediante la violencia física, sino a través de la captura de organismos públicos, la presión sobre los sistemas judiciales, la utilización partidista de estructuras administrativas o la erosión progresiva de los mecanismos de control.

En numerosos países del mundo se han producido crisis institucionales precisamente por ese motivo. La preocupación no surge cuando un Gobierno pierde unas elecciones. Surge cuando determinados actores intentan convertir los órganos de control en instrumentos al servicio de intereses políticos concretos.

Por eso las acusaciones contenidas en el auto de Pedraz resultan tan sensibles. Porque afectan precisamente al núcleo de las garantías democráticas. Lo que está en juego no es únicamente la conducta de unas personas determinadas. Lo que aparece cuestionado es la posibilidad misma de que los órganos encargados de perseguir delitos puedan actuar con independencia cuando las investigaciones afectan al poder político.

En este contexto, la resolución judicial deja una imagen especialmente inquietante. No habla de una actuación improvisada o aislada. Habla de una actividad continuada, estructurada y coordinada. Habla de reuniones repetidas durante meses. Habla de una estrategia definida. Habla de objetivos concretos. Habla de una dirección unificada.

Naturalmente, todos los investigados mantienen intacta la presunción de inocencia y corresponderá a los tribunales determinar qué hechos pueden acreditarse y cuáles no. Esa es precisamente la esencia del Estado de Derecho. Las acusaciones policiales o judiciales deben ser sometidas a contradicción, prueba y defensa antes de convertirse en hechos probados.

Pero precisamente porque el Estado de Derecho es tan importante, resulta imposible ignorar la magnitud de las afirmaciones contenidas en el auto.

El verdadero alcance de esta causa no dependerá únicamente de las responsabilidades penales que puedan derivarse de ella. Su importancia radica también en las preguntas que obliga a formular. Preguntas sobre la salud de las instituciones, sobre la independencia de los órganos de control y sobre los límites que nunca deberían cruzarse en una democracia.

La historia enseña que las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Lo habitual es que se deterioren gradualmente cuando quienes deben ser controlados logran influir sobre quienes tienen la obligación de controlarlos. Esa es precisamente la razón por la que la independencia judicial, la autonomía de las fuerzas de seguridad y la libertad de actuación de fiscales y jueces constituyen elementos irrenunciables de cualquier sistema democrático.

El auto del juez Santiago Pedraz no acusa a nadie de terrorismo. Pero sí plantea una cuestión que probablemente acompañará durante mucho tiempo a este procedimiento judicial. Cuando una organización intenta influir sobre quienes investigan, juzgan y persiguen los delitos, ¿estamos simplemente ante un episodio de corrupción política o ante una amenaza que afecta al corazón mismo del sistema constitucional?

La respuesta definitiva no la darán los comentaristas ni los partidos políticos. La darán los tribunales. Pero la pregunta ya está sobre la mesa. Y es una de las más importantes que puede plantearse una democracia.