El Tribunal de Cuentas confirma que los avales ICO Covid ya cuestan dinero al contribuyente: el fondo acumula un agujero de casi 200 millones y el organismo detecta deficiencias en los controles del programa de 140.000 millones de euros
El organismo fiscalizador concluye que el fondo destinado a cubrir los impagos de los préstamos avalados por el Estado ya acumula un saldo negativo cercano a los 200 millones de euros y cuestiona los mecanismos de supervisión utilizados por el Instituto de Crédito Oficial
![[Img #30694]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2026/1846_screenshot-2026-06-15-at-15-47-17-elementos-noticiables-informe-ico.png)
El gigantesco programa de avales públicos puesto en marcha durante la pandemia para evitar el colapso de empresas y autónomos ha entrado en una nueva fase: la de las pérdidas. Seis años después del estallido de la crisis sanitaria, el Tribunal de Cuentas ha constatado que las líneas de financiación respaldadas por el Estado comienzan ya a generar un coste directo para las arcas públicas y que los sistemas de control aplicados durante su gestión presentaron importantes deficiencias.
La conclusión aparece recogida en el informe de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 28 de mayo, donde se analiza la evolución de los avales ICO Covid concedidos desde marzo de 2020 para sostener la liquidez de empresas y autónomos durante la paralización económica provocada por la pandemia.
La magnitud de la operación fue extraordinaria. Según recuerda el propio organismo fiscalizador, se formalizaron cerca de 1,2 millones de operaciones de crédito, beneficiando a más de 675.000 empresas y trabajadores autónomos, con una financiación total superior a los 140.000 millones de euros.
Ahora, cuando una parte importante de esos préstamos se encuentra ya en su fase final de amortización, empiezan a aflorar las consecuencias económicas de los impagos.
Un agujero de casi 200 millones
Los datos recopilados por el Tribunal muestran que, a 30 de junio de 2025, el Instituto de Crédito Oficial había abonado ya 2.774 millones de euros por ejecuciones de avales derivadas de préstamos impagados. Frente a esa cifra, las comisiones cobradas a las entidades financieras y las recuperaciones obtenidas apenas permitían compensar parcialmente las pérdidas.
El resultado es que el fondo creado específicamente para absorber estos quebrantos registraba un saldo negativo de 198,8 millones de euros.
La importancia de esta cifra va más allá de su cuantía. El propio Tribunal de Cuentas destaca expresamente que, con los datos disponibles a mediados de 2025, "la medida ya había comenzado a tener un coste para los fondos públicos".
Se trata de un punto de inflexión relevante porque durante los primeros años del programa los ingresos procedentes de las comisiones pagadas por las entidades financieras permitieron compensar los impagos. Sin embargo, conforme avanzan los vencimientos y aumentan las insolvencias empresariales, el volumen de avales ejecutados está creciendo a mayor velocidad que los recursos disponibles para cubrirlos.
Miles de millones refinanciados
El informe también refleja las dificultades que encontraron muchas empresas para devolver los préstamos recibidos durante la pandemia.
Casi medio millón de operaciones —489.928 en total— tuvieron que acogerse a distintas ampliaciones de plazo o medidas de flexibilización aprobadas por el Gobierno en los años posteriores. Estas operaciones representaban más de 71.700 millones de euros de financiación y más de 54.500 millones de euros avalados por el Estado.
La primera gran oleada de refinanciaciones se produjo al amparo del Real Decreto-ley 34/2020. Gracias a esta norma se modificaron más de 386.000 operaciones, equivalentes a casi un tercio de todos los préstamos concedidos.
La cifra ofrece una fotografía muy significativa de la realidad económica posterior a la pandemia. Aunque el programa consiguió evitar una oleada inmediata de quiebras empresariales, una parte sustancial de los beneficiarios necesitó ampliar plazos y renegociar condiciones para poder seguir afrontando sus obligaciones financieras.
El Tribunal cuestiona los controles del ICO
Más delicadas resultan las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas respecto a los mecanismos de supervisión utilizados por el Instituto de Crédito Oficial.
Los auditores concluyen que, en numerosos casos, el ICO se limitó a realizar comprobaciones automáticas a través de la aplicación informática Banc@ico, sin revisar de manera efectiva el contenido de la documentación que debía acreditar el cumplimiento de determinados requisitos legales.
Entre los aspectos que, según el informe, no fueron objeto de una comprobación documental suficiente figuraban circunstancias tan relevantes como la situación de morosidad de los beneficiarios, la existencia de procedimientos concursales o el cumplimiento de determinadas condiciones exigidas por la normativa que regulaba las ampliaciones de plazo.
El Tribunal considera que las validaciones automáticas utilizadas por el sistema informático no eran suficientes para garantizar el cumplimiento íntegro de todos los requisitos exigidos por la legislación.
Operaciones irregulares y datos incoherentes
La fiscalización también ha permitido identificar diversas anomalías.
Aunque el Tribunal precisa que muchas de ellas tienen una relevancia económica limitada, considera que ponen de manifiesto debilidades en los mecanismos de control.
Entre los casos detectados figuran operaciones cuya ampliación fue aprobada pese a haber sido formalizadas fuera de los plazos previstos por la normativa, préstamos cuyo vencimiento superaba los límites legales establecidos y expedientes en los que la fecha de ampliación aparecía registrada incluso antes de la fecha original del préstamo.
Los auditores también localizaron operaciones ampliadas cuando el capital pendiente era tan reducido que la modificación carecía prácticamente de sentido económico. En algunos casos, el saldo vivo del préstamo era inferior a diez euros.
Además, en determinadas operaciones correspondientes a grandes beneficiarios que acumulaban más de 50 millones de euros en financiación avalada, el procedimiento de autorización previa exigido por la normativa no llegó a cumplirse correctamente.
Un riesgo que todavía no ha terminado
El informe deja entrever que el verdadero coste final de los avales Covid aún está lejos de conocerse.
Una parte importante de los préstamos sigue viva y continuará venciendo durante los próximos años. De hecho, el propio Tribunal advierte de que la evolución observada hasta junio de 2025 apunta a que las pérdidas para los fondos públicos podrían seguir aumentando a medida que se acumulen nuevos impagos y ejecuciones de avales.
La medida fue concebida en plena emergencia sanitaria como un instrumento extraordinario para impedir el colapso de cientos de miles de negocios. Desde esa perspectiva, el programa cumplió un papel decisivo en los momentos más críticos de la pandemia. Sin embargo, seis años después, el Tribunal de Cuentas abre una nueva etapa en el análisis de aquella intervención pública: la de evaluar cuánto costará finalmente al contribuyente uno de los mayores programas de apoyo financiero de la historia reciente de España.
El organismo fiscalizador concluye que el fondo destinado a cubrir los impagos de los préstamos avalados por el Estado ya acumula un saldo negativo cercano a los 200 millones de euros y cuestiona los mecanismos de supervisión utilizados por el Instituto de Crédito Oficial
El gigantesco programa de avales públicos puesto en marcha durante la pandemia para evitar el colapso de empresas y autónomos ha entrado en una nueva fase: la de las pérdidas. Seis años después del estallido de la crisis sanitaria, el Tribunal de Cuentas ha constatado que las líneas de financiación respaldadas por el Estado comienzan ya a generar un coste directo para las arcas públicas y que los sistemas de control aplicados durante su gestión presentaron importantes deficiencias.
La conclusión aparece recogida en el informe de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 28 de mayo, donde se analiza la evolución de los avales ICO Covid concedidos desde marzo de 2020 para sostener la liquidez de empresas y autónomos durante la paralización económica provocada por la pandemia.
La magnitud de la operación fue extraordinaria. Según recuerda el propio organismo fiscalizador, se formalizaron cerca de 1,2 millones de operaciones de crédito, beneficiando a más de 675.000 empresas y trabajadores autónomos, con una financiación total superior a los 140.000 millones de euros.
Ahora, cuando una parte importante de esos préstamos se encuentra ya en su fase final de amortización, empiezan a aflorar las consecuencias económicas de los impagos.
Un agujero de casi 200 millones
Los datos recopilados por el Tribunal muestran que, a 30 de junio de 2025, el Instituto de Crédito Oficial había abonado ya 2.774 millones de euros por ejecuciones de avales derivadas de préstamos impagados. Frente a esa cifra, las comisiones cobradas a las entidades financieras y las recuperaciones obtenidas apenas permitían compensar parcialmente las pérdidas.
El resultado es que el fondo creado específicamente para absorber estos quebrantos registraba un saldo negativo de 198,8 millones de euros.
La importancia de esta cifra va más allá de su cuantía. El propio Tribunal de Cuentas destaca expresamente que, con los datos disponibles a mediados de 2025, "la medida ya había comenzado a tener un coste para los fondos públicos".
Se trata de un punto de inflexión relevante porque durante los primeros años del programa los ingresos procedentes de las comisiones pagadas por las entidades financieras permitieron compensar los impagos. Sin embargo, conforme avanzan los vencimientos y aumentan las insolvencias empresariales, el volumen de avales ejecutados está creciendo a mayor velocidad que los recursos disponibles para cubrirlos.
Miles de millones refinanciados
El informe también refleja las dificultades que encontraron muchas empresas para devolver los préstamos recibidos durante la pandemia.
Casi medio millón de operaciones —489.928 en total— tuvieron que acogerse a distintas ampliaciones de plazo o medidas de flexibilización aprobadas por el Gobierno en los años posteriores. Estas operaciones representaban más de 71.700 millones de euros de financiación y más de 54.500 millones de euros avalados por el Estado.
La primera gran oleada de refinanciaciones se produjo al amparo del Real Decreto-ley 34/2020. Gracias a esta norma se modificaron más de 386.000 operaciones, equivalentes a casi un tercio de todos los préstamos concedidos.
La cifra ofrece una fotografía muy significativa de la realidad económica posterior a la pandemia. Aunque el programa consiguió evitar una oleada inmediata de quiebras empresariales, una parte sustancial de los beneficiarios necesitó ampliar plazos y renegociar condiciones para poder seguir afrontando sus obligaciones financieras.
El Tribunal cuestiona los controles del ICO
Más delicadas resultan las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas respecto a los mecanismos de supervisión utilizados por el Instituto de Crédito Oficial.
Los auditores concluyen que, en numerosos casos, el ICO se limitó a realizar comprobaciones automáticas a través de la aplicación informática Banc@ico, sin revisar de manera efectiva el contenido de la documentación que debía acreditar el cumplimiento de determinados requisitos legales.
Entre los aspectos que, según el informe, no fueron objeto de una comprobación documental suficiente figuraban circunstancias tan relevantes como la situación de morosidad de los beneficiarios, la existencia de procedimientos concursales o el cumplimiento de determinadas condiciones exigidas por la normativa que regulaba las ampliaciones de plazo.
El Tribunal considera que las validaciones automáticas utilizadas por el sistema informático no eran suficientes para garantizar el cumplimiento íntegro de todos los requisitos exigidos por la legislación.
Operaciones irregulares y datos incoherentes
La fiscalización también ha permitido identificar diversas anomalías.
Aunque el Tribunal precisa que muchas de ellas tienen una relevancia económica limitada, considera que ponen de manifiesto debilidades en los mecanismos de control.
Entre los casos detectados figuran operaciones cuya ampliación fue aprobada pese a haber sido formalizadas fuera de los plazos previstos por la normativa, préstamos cuyo vencimiento superaba los límites legales establecidos y expedientes en los que la fecha de ampliación aparecía registrada incluso antes de la fecha original del préstamo.
Los auditores también localizaron operaciones ampliadas cuando el capital pendiente era tan reducido que la modificación carecía prácticamente de sentido económico. En algunos casos, el saldo vivo del préstamo era inferior a diez euros.
Además, en determinadas operaciones correspondientes a grandes beneficiarios que acumulaban más de 50 millones de euros en financiación avalada, el procedimiento de autorización previa exigido por la normativa no llegó a cumplirse correctamente.
Un riesgo que todavía no ha terminado
El informe deja entrever que el verdadero coste final de los avales Covid aún está lejos de conocerse.
Una parte importante de los préstamos sigue viva y continuará venciendo durante los próximos años. De hecho, el propio Tribunal advierte de que la evolución observada hasta junio de 2025 apunta a que las pérdidas para los fondos públicos podrían seguir aumentando a medida que se acumulen nuevos impagos y ejecuciones de avales.
La medida fue concebida en plena emergencia sanitaria como un instrumento extraordinario para impedir el colapso de cientos de miles de negocios. Desde esa perspectiva, el programa cumplió un papel decisivo en los momentos más críticos de la pandemia. Sin embargo, seis años después, el Tribunal de Cuentas abre una nueva etapa en el análisis de aquella intervención pública: la de evaluar cuánto costará finalmente al contribuyente uno de los mayores programas de apoyo financiero de la historia reciente de España.
