"El mayor daño de estas conductas no es exclusivamente económico, sino el deterioro de la confianza en el sistema democrático y la conversión del poder público en un instrumento al servicio de intereses particulares." (Tribunal Supremo - Sentencia caso "Mascarillas")

Pocas veces una sentencia judicial trasciende el ámbito estrictamente penal para convertirse en una reflexión sobre la naturaleza misma del Estado. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede en la resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la denominada causa Ábalos-Koldo-Aldama. Más allá de las condenas concretas y de la responsabilidad individual de los acusados, los magistrados aprovechan el caso para formular una advertencia que va mucho más allá de un episodio de corrupción: el verdadero peligro no reside únicamente en el dinero desviado, sino en la erosión silenciosa de la arquitectura democrática.

Durante décadas, la opinión pública ha tendido a medir la corrupción en millones de euros. Se calculan las comisiones, los contratos amañados, los sobrecostes o el patrimonio ilícitamente acumulado. Esa perspectiva, siendo necesaria, resulta insuficiente. El Tribunal Supremo recuerda que el dinero constituye únicamente la manifestación visible de un daño mucho más profundo.

Cuando un cargo público acepta que las decisiones de la Administración pueden ponerse al servicio de intereses privados, deja de actuar como representante del conjunto de los ciudadanos para convertirse en administrador de un patrimonio político propio. En ese instante, el Estado deja de ser un espacio regido por normas impersonales y comienza a funcionar mediante relaciones personales, favores, lealtades y contraprestaciones.

Ése es el verdadero significado de la corrupción. No consiste únicamente en apropiarse de recursos públicos. Consiste, sobre todo, en privatizar el ejercicio del poder.

La Constitución española descansa sobre una idea esencial: quienes ejercen funciones públicas lo hacen sometidos exclusivamente al interés general y al principio de legalidad. No gobiernan en nombre propio. No administran un patrimonio particular. No reparten beneficios entre allegados. Son depositarios temporales de una autoridad que pertenece exclusivamente a los ciudadanos. Por eso la corrupción política resulta especialmente destructiva.

Cuando un funcionario acepta un soborno, el daño es grave. Pero cuando quien ocupa las más altas responsabilidades del Estado utiliza la autoridad institucional para favorecer intereses particulares, la lesión alcanza una dimensión completamente distinta. No se compromete únicamente un procedimiento administrativo. Se pone en cuestión la propia legitimidad del sistema democrático.

La sentencia del Tribunal Supremo insiste precisamente en esta idea. Los magistrados recuerdan que el problema adquiere una gravedad extraordinaria cuando quien transgrede sus deberes institucionales ocupa uno de los máximos niveles de responsabilidad política. En ese supuesto, la corrupción deja de ser un fenómeno patrimonial para convertirse en un ataque directo contra la confianza que sostiene todo régimen democrático. Y la confianza es un recurso extraordinariamente frágil.

Los ciudadanos aceptan cumplir las leyes, pagar impuestos, respetar las instituciones y acatar las decisiones de los poderes públicos porque presuponen que quienes las dirigen actúan conforme a reglas objetivas y persiguen el interés general. Esa presunción constituye uno de los pilares invisibles de cualquier democracia moderna. Cuando desaparece esa confianza, como ocurre con los comportamientos sinvergüenzas del Gobierno de Pedro Sánchez, el deterioro institucional comienza mucho antes de que aparezca la crisis política.

El ciudadano empieza a sospechar que los contratos públicos no se adjudican al mejor proyecto sino al mejor relacionado; que determinados empleos no responden al mérito sino a la proximidad política; que algunas decisiones administrativas obedecen más a la influencia que al Derecho. En ese momento nace el verdadero coste de la corrupción.

No aparece reflejado en los presupuestos del Estado.

No figura en los balances económicos.

No puede calcularse mediante auditorías.

Se instala lentamente en la conciencia colectiva.

Cada escándalo no solo deteriora la imagen de un Gobierno concreto. Va erosionando la convicción de que las instituciones funcionan con imparcialidad. Y una democracia cuya ciudadanía deja de confiar en la imparcialidad de sus instituciones comienza a perder uno de sus principales activos: la legitimidad.

Por eso resulta especialmente significativa otra idea desarrollada por el Tribunal Supremo.

Los magistrados recuerdan que estas conductas alteran principios esenciales como la igualdad de oportunidades, la transparencia administrativa y la objetividad en el ejercicio de la función pública. No son conceptos retóricos.

La igualdad desaparece cuando unos ciudadanos acceden mediante procedimientos abiertos mientras otros lo hacen gracias a relaciones privilegiadas.

La transparencia desaparece cuando las decisiones dejan de explicarse por criterios objetivos y comienzan a responder a intereses ocultos.

La objetividad desaparece cuando el poder administrativo deja de servir al interés general para convertirse en una herramienta al servicio de determinadas personas o grupos.

Sin igualdad, transparencia y objetividad, la democracia sigue conservando sus formas, pero empieza a vaciarse lentamente de contenido.

Quizá la mayor aportación intelectual de esta sentencia sea precisamente esa: recordar que la corrupción constituye un fenómeno esencialmente político antes que económico.

El dinero representa la recompensa. El verdadero delito consiste en convertir el poder público en mercancía. Por ello, la resolución conecta su razonamiento con la normativa internacional y con la evolución del Derecho comparado, subrayando que la corrupción organizada no puede entenderse únicamente como una suma de delitos individuales. Es una amenaza sistémica que debilita los mecanismos de control institucional, distorsiona la competencia económica y degrada el funcionamiento del Estado de Derecho.

En otras palabras, la corrupción no destruye una democracia mediante un golpe de Estado. Lo hace lentamente, decisión tras decisión, contrato tras contrato, favor tras favor, hasta que la ciudadanía deja de creer que las reglas son iguales para todos.

La democracia no muere únicamente cuando desaparecen las elecciones o cuando un gobernante despótico y tiránico como Pedro Sánchez moldea las instituciones a su capricho. Comienza a morir, sobre todo, cuando quienes administran el poder dejan de distinguir entre el interés público y el interés propio. Ésa es, probablemente, la enseñanza más profunda de esta sentencia del Tribunal Supremo.

No importa únicamente cuánto dinero pueda perder el Estado. Importa, sobre todo, cuánto pierde una sociedad cuando deja de confiar en que sus instituciones pertenecen a todos y no a quienes circunstancialmente las ocupan.

Porque el patrimonio más valioso de una democracia nunca ha sido su presupuesto. Siempre ha sido la confianza de sus ciudadanos en la misma.