El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de dos nuevos terceros grados a los terroristas de ETA Asier Arzalluz Goñi y Óscar Celarain Ortiz, así como la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la etarra Arantza Zulueta Amuchastegui, por parte del Gobierno nacionalsocialista vasco. Para el Colectivo, estas tres nuevas decisiones constituyen «un nuevo episodio de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico está aplicando con los presos de ETA.

COVITE denuncia que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco sigue utilizando los terceros grados y los artículos 100.2 como instrumentos para acelerar la semilibertad de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación del entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA. «El Gobierno vasco continúa vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles una ruptura sincera con el mundo político que justificó sus crímenes. No estamos ante una política de reinserción, sino ante una política de excarcelación progresiva que sigue la hoja de ruta histórica de la izquierda abertzale en este final de ETA negociado que vivimos desde 2011», ha denunciado, una vez más, la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

El caso de Asier Arzalluz Goñi resulta especialmente grave para COVITE. El Colectivo recuerda que el Gobierno vasco ya le concedió un tercer grado en febrero de este mismo año, que fue recurrido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y revocado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Apenas unos meses después, el Ejecutivo autonómico vuelve a concederle la misma progresión, demostrando, a juicio de COVITE, «una voluntad deliberada de seguir forzando la legalidad penitenciaria incluso después de haber sido corregido por los tribunales».

Arzalluz cumple una pena de 30 años de prisión por delitos terroristas de extrema gravedad, entre ellos delitos de terrorismo con resultado de muerte, intentos de asesinato terrorista, estragos, lesiones, detenciones ilegales con fines terroristas, tenencia de armas y depósito de armas de guerra. COVITE recuerda, además, que sigue siendo uno de los presos de ETA más exhibidos públicamente por el entorno de SORTU y de la izquierda abertzale en San Sebastián. En el último año ha sido homenajeado en actos públicos, entre ellos concentraciones y exhibiciones de deporte rural celebradas para reclamar su excarcelación, en las que ha sido presentado como un referente político y no como un terrorista condenado por crímenes gravísimos. «¿Dónde está la desvinculación pública de la izquierda abertzale si el preso sigue siendo exhibido como un héroe por ese mismo entorno y no consta que haya rechazado públicamente esos actos ni pedido que cesen?», ha señalado Ordóñez.

COVITE denuncia también la concesión del tercer grado a Óscar Celarain Ortiz, condenado, entre otros delitos, por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en 2002, en el que fueron asesinados la niña Silvia Martínez Santiago y Cecilio Gallego Alaminos. Celarain cumple una pena de 30 años de prisión por delitos de asesinato, estragos, tenencia de explosivos, pertenencia a organización terrorista, robo y hurto de vehículos a motor e incendio.

Para el Colectivo, resulta «injustificable» que se conceda el tercer grado a un preso de ETA que continúa siendo reivindicado públicamente por SARE, Etxerat y el entorno de la izquierda abertzale en Villabona, donde su imagen ha sido exhibida en numerosas ocasiones y donde sigue siendo presentado como un “preso político”. COVITE recuerda que Celarain ha sido protagonista de actos de apoyo a los presos de ETA, incluidos actos durante las fiestas de la localidad, movilizaciones de SARE y exhibiciones públicas en las que se reclama su excarcelación.

El Colectivo considera igualmente escandalosa la aplicación del artículo 100.2 a Arantza Zulueta. COVITE recuerda que Zulueta no es una presa más, sino una de las figuras más simbólicas del denominado frente de cárceles de ETA y una referencia política para el entorno de la izquierda abertzale. Fue una de las personas clave en la estrategia diseñada para mantener la disciplina interna de los presos de ETA y evitar su arrepentimiento individual, precisamente lo contrario de lo que ahora el Gobierno vasco pretende presentar como reinserción. COVITE recuerda, además, que Arantza Zulueta sigue siendo reivindicada públicamente por el entorno de la izquierda abertzale y aparece en los listados de Etxerat. Hace menos de tres meses, SORTU exhibió su imagen durante la ‘Korrika’ en Bilbao junto a la de otros presos de ETA, en un acto de exaltación pública que demuestra que continúa siendo presentada como un referente político por el mismo entorno que nunca ha condenado de forma inequívoca los crímenes de la banda terrorista. «Que el Gobierno vasco conceda un 100.2 a Arantza Zulueta es especialmente obsceno. Estamos hablando de una persona que fue clave en el entramado que impedía el arrepentimiento de los presos de ETA. Convertir ahora su caso en un ejemplo de reinserción es un insulto a las víctimas y a la verdad», ha denunciado Ordóñez. Además, COVITE recuerda que entró en febrero de este mismo año en la cárcel, lo cual convierte en un hecho «anómalo» que ya esté en semilibertad.

COVITE enmarca estas tres nuevas decisiones en un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco. El Colectivo recuerda que en los últimos meses el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, en unos autos que confirmaron exactamente lo que COVITE viene denunciando desde hace años: que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir con los requisitos legales.

Para COVITE, estas resoluciones judiciales deberían haber obligado al Gobierno vasco a extremar el rigor y a rectificar su política penitenciaria. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha hecho exactamente lo contrario: seguir concediendo terceros grados y 100.2 a presos de ETA que no han acreditado un arrepentimiento real, público y verificable, y que continúan insertos en una red social y política que los reivindica como “presos políticos”. COVITE recuerda que la propia Audiencia Nacional ya dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no tienen valor real mientras no vayan acompañadas de «signos inequívocos de desvinculación», tal y como afirmó la propia Audiencia Nacional en su auto.

COVITE considera que estas nuevas concesiones vulneran el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia y consolidan una política penitenciaria que privilegia a los presos de ETA. «Se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados y 100.2 fraudulentos. Porque no hay una verdadera política de reinserción, sino una política de excarcelación de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, que es lo que establece la Ley para poder acceder al tercer grado y al Artículo 100.2», ha afirmado la presidenta del Colectivo. «Es muy grave que no se estén cumpliendo las condenas con arreglo a derecho», ha añadido.

Por todo ello, COVITE vuelve a exigir la dimisión inmediata de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José. Para el Colectivo, la máxima responsable de esta política penitenciaria no puede seguir al frente de un departamento que, lejos de velar por el derecho a la justicia de las víctimas, continúa concediendo privilegios penitenciarios a presos de ETA siguiendo las exigencias históricas de la izquierda abertzale.