Eran las 18:04 del miércoles cuando el norte de Venezuela, demolido por décadas de abandono chavista, dejó de estar quieto. El primer sismo, de magnitud 7,2, nació a unos veinte kilómetros de profundidad cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy. La tierra apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento: treinta y nueve segundos después llegó el segundo, de magnitud 7,5, con epicentro cerca de Yumare y a solo diez kilómetros de profundidad. Los sismólogos lo llaman doblete: dos grandes terremotos tan próximos en el tiempo y en el espacio que se confunden casi en un único golpe. Para quien lo vivió, fue sencillamente el horror, el suelo convertido en mar.

Era feriado. El país conmemoraba la batalla de Carabobo, de modo que muchos comercios estaban cerrados y la gente se encontraba en sus casas —una circunstancia que, en otro contexto, habría salvado vidas, pero que aquí significó que las viviendas se llenaran justo antes de caer. En Naiguatá, en la costa de La Guaira, se celebraban los tradicionales tambores de San Juan cuando el temblor sorprendió a los vecinos.

La geología venezolana es vieja conocida de la catástrofe. El territorio se asienta sobre el límite entre las placas del Caribe y de Sudamérica, un encaje de fallas entre las que destaca el sistema de Boconó. El movimiento principal se produjo por una falla de desgarre superficial, en una zona donde la placa caribeña se desplaza hacia el este unos veinte milímetros al año. Lo extraordinario no es que Venezuela tiemble, sino la fuerza con que lo hizo: estos sismos figuran entre los más potentes que han golpeado al país en más de un siglo, comparables al terremoto de San Narciso de 1900 y al de Sucre de 2018. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico llegó a emitir un aviso para Aruba, Curazao, Bonaire y Puerto Rico, que canceló hora y media después.

El recuento de víctimas, todavía abierto

Las cifras de víctimas han subido a lo largo del día como sube la marea. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habló primero de 32 muertos; luego de 164; el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, elevó después el balance a 188 fallecidos y 1.520 heridos, con al menos 346 edificaciones afectadas —viviendas, hospitales, centros comerciales—. El último parte del Ministerio de Salud sitúa la tragedia en al menos 235 muertos, más de 4.300 heridos y 157 desaparecidos, y las autoridades advierten que seguirá creciendo.

Conviene leer con cuidado un número que ha circulado con titulares alarmantes. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que el doble sismo podría dejar entre 10.000 y 100.000 fallecidos; pero esa horquilla no es un recuento, sino una proyección estadística que el USGS calcula a partir de la sacudida y de la vulnerabilidad de las construcciones expuestas. Es una advertencia sobre lo que podría hallarse bajo los escombros, no una contabilidad de lo confirmado. La distancia entre las 235 muertes verificadas y ese techo de seis cifras mide, exactamente, todo lo que aún se ignora.

El epicentro del dolor tiene nombre propio. La Guaira, el estado costero donde se levanta el aeropuerto internacional de Maiquetía, fue la zona más castigada y quedó declarada zona de desastre. En el distrito caraqueño de Los Palos Grandes se derrumbaron varios edificios, entre ellos las torres Petunia. La televisión estatal mostró a tres niños, cubiertos de polvo pero vivos, rescatados de entre los escombros. En Caraballeda, una vecina que viajó a buscar a su padre describió un paisaje que no esperaba: dijo que todo parecía sacado de una guerra y que vio varios cadáveres mientras buscaba.

Un terremoto sobre otro terremoto

Lo que distingue a esta catástrofe de otras es el suelo político sobre el que cayó, igual de inestable que el geológico. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos capturó al presidente narcocomunista Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas, y el presidente Trump anunció que su país «iba a gobernar» Venezuela hasta una transición. Dos días después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró el cargo de presidenta interina ante una Asamblea Nacional afín, denunciando lo que llamó el secuestro de Maduro. El terremoto, por tanto, golpea a un país gobernado por un Ejecutivo interino y con una economía paralizada por años de hiperinflación.

La emergencia se libra, además, a oscuras. Según la organización NetBlocks, la conectividad a internet cayó en picado en todo el país cuando los sismos dañaron las redes eléctricas y de telecomunicaciones. La Misión Internacional Independiente de la ONU calificó el desastre de «golpe devastador» y reclamó que el regulador, CONATEL, desbloquee por completo el acceso a las redes sociales y a los medios —porque en una catástrofe la información es también un instrumento de rescate. En La Guaira, mientras los equipos buscaban supervivientes, comenzaron los saqueos: grupos de personas entraron en comercios derruidos a llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos.

La ayuda que llega de quien se llevó al presidente

La paradoja diplomática es difícil de exagerar. Estados Unidos —cuyas fuerzas capturaron a Maduro hace cinco meses— despliega ahora equipos de rescate de élite, recursos médicos y 150 millones de dólares en ayuda, con el buque anfibio USS Fort Lauderdale dirigiéndose a la región. Junto a Washington se ha formado una coalición de ayuda insólita: Chile envió un primer contingente de 37 rescatistas; Colombia, más de sesenta y cuatro perros de búsqueda; México, República Dominicana, El Salvador, Qatar, China y Brasil ofrecieron asistencia, y la oficina humanitaria de la ONU se declaró «completamente movilizada». 

Mientras tanto, el país se detiene para poder buscar. El Gobierno declaró el estado de emergencia, cerró temporalmente el aeropuerto de Caracas, suspendió los servicios ferroviarios y las clases durante una semana. Quedan los escombros, las cifras que aún no cuadran y la pregunta que se repite en cada calle rota de La Guaira: cuántos seres humanos siguen enterrados. Treinta y nueve segundos bastaron para abrir esa pregunta. Responderla llevará mucho más tiempo.