El expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que excluya de la investigación el último informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que los investigadores analizan su supuesta participación en operaciones empresariales desarrolladas en Bolivia. La defensa sostiene que dicho informe se apoya en una investigación "prospectiva", carece de cobertura judicial suficiente y aborda hechos completamente ajenos al objeto del procedimiento.

El escrito supone un nuevo capítulo en una investigación que ha ido ampliando su alcance durante los últimos meses. Las diligencias comenzaron centradas en las ayudas concedidas a la aerolínea Plus Ultra, pero posteriormente los investigadores incorporaron nueva documentación relativa a la actividad internacional del expresidente, especialmente en América Latina, a raíz del análisis de la información intervenida durante los registros autorizados por la Audiencia Nacional.

En el informe ahora impugnado, la UDEF sostiene que Zapatero habría percibido 200.000 euros por realizar gestiones de influencia en favor de una empresa española inmersa en un conflicto judicial en Bolivia. Los investigadores fundamentan buena parte de sus conclusiones en conversaciones, anotaciones y documentación obtenida durante el registro practicado el pasado mes de mayo en el despacho del expresidente, así como en el contenido extraído del teléfono móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

La defensa rechaza frontalmente esas conclusiones y sostiene que la Policía ha ido mucho más allá de lo autorizado por el juez. Según el abogado Víctor Moreno Catena, los investigadores habrían desarrollado una investigación de carácter prospectivo, explorando hechos sin conexión con la causa inicial y sin la necesaria autorización judicial específica. A su juicio, el informe constituye una actuación incompatible con las garantías procesales que rigen cualquier investigación penal.

El recurso de Zapatero también centra buena parte de sus críticas en el tratamiento de la documentación personal intervenida durante los registros. Según expone la defensa, los agentes incorporaron íntegramente al procedimiento miles de archivos, mensajes y documentos privados, muchos de ellos sin relación con la investigación. Posteriormente, añade el escrito, ese material fue distribuido entre las partes personadas y parte de su contenido terminó siendo difundido por distintos medios de comunicación.

Por ello, Zapatero solicita al magistrado que adopte medidas para impedir que continúe la divulgación de información privada ajena al procedimiento judicial. El abogado califica lo sucedido como un "auténtico atropello" al derecho fundamental a la intimidad y reclama que se depure qué documentación resulta realmente pertinente para la investigación y cuál debe quedar definitivamente excluida.

La decisión del juez Calama será relevante para determinar el alcance que finalmente tendrán las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional. Si el magistrado acepta los argumentos de la defensa, el informe de la UDEF podría quedar fuera del procedimiento o ver notablemente reducido su contenido. Si, por el contrario, rechaza el recurso, los investigadores mantendrán incorporadas unas actuaciones que, en las últimas semanas, han situado por primera vez bajo escrutinio judicial distintas actividades internacionales desarrolladas por el expresidente tras abandonar La Moncloa.

Con este nuevo escrito, la estrategia procesal de la defensa pasa a cuestionar no solo las conclusiones alcanzadas por la Policía, sino también la propia forma en que se obtuvieron las pruebas y el uso posterior de la documentación intervenida, un debate jurídico que previsiblemente marcará los próximos pasos de una de las investigaciones más sensibles que actualmente tramita la Audiencia Nacional.