El 19 de junio pasado fue un día feliz para la presidenta del Gobierno navarro María Chivite. Ese día, María Chivite asistió al momento emocionante en el que las bocas sur y norte del Túnel de Velate se unieron. La presidenta se sumó a la foto de familia de ingenieros y trabajadores y, por vez primera en muchos días, se le vio sonreír. Luego habló a la prensa: “A pesar del ruido que ha rodeado a esta obra, las complejidades técnicas y las duras condiciones del terreno” el túnel “es ya una realidad”. Sin duda, le hubiera gustado la presencia de Santos Cerdán, cuyo empuje y eficacia fue determinante para el buen fin de las conversaciones con el Estado para lograr 40 millones de euros para la financiación de las obras de Velate.

El problema es que Santos Cerdán, al tiempo que defendía los intereses de Navarra en su condición de diputado y de secretario general de Organización del PSOE nacional, tenía un interés espurio: conseguir que el ganador de la adjudicación de las obras (licitadas por 76 millones de euros, fuera una Unión Temporal de Empresas (UTE) creada por Acciona Construcciones, Excavaciones José Luis Oses y Servinabar, la empresa propiedad de Antxon Alonso, con 3.000 euros de capital, sin ninguna experiencia en la construcción de obras públicas de envergadura.

Cerdán sabía que, para conseguir sus objetivos, necesariamente conocidos por la presidenta y sus principales colaboradores, nesitaban controlar la Mesa de Contratación. Y la única forma de hacerlo era nombrar presidente de la Mesa de Contratación a alguien de su absoluta confianza. ¿Dónde encontrar esa persona? El consejero de Coordinación Territorial, Bernardo Aresti, resolvió el dilema.  Tengo la impresión de que tuvo que ser él quien puso sobre la mesa a Jesús Polo, ingeniero de Carreteras, Canales y Puertos, de la Dirección General de Obras Públicas, y que dependía de la citada consejería.

Pero había un impedimento imposible de solventar, pues la Ley Orgánica de la Función Pública de Navarra disponía que todo funcionario debía jubilarse forzosamente al cumplir 70 años, de modo que por esta razón no podía contarse con Polo para presidir la Mesa de Contratación. Fue entonces cuando bajó del cielo la solución. Modificar la Ley de la Función Pública era inviable, pero en cambio podía insertarse una disposición adicional en la Ley de Presupuestos para 2022 que en 2021 se hallaba en tramitación parlamentaria. Para ello había que presentar una enmienda “in voce” en la Comisión de Economía y Hacienda que, en aquellos momentos dictaminaba los presupuestos generales de Navarra para el año 2022.  Para ello la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, mano derecha de Chivite en el Gobierno, dio el visto bueno a la presentación de esa peculiar enmienda, camuflada entre las numerosas disposiciones adicionales que se unen a los presupuestos para su ejecución. Para que el lector juzgue por sí miso reproduzco el texto íntegro de una disposición que aparece de matute en la Ley de Presupuestos: «Disposición adicional vigésima segunda. Excepción permanencia en servicio activo. De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupen la Dirección de Servicio, durante el año 2022 por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas.» El autor de la enmienda derrochó imaginación, pues Director de Servicio solo había uno que podía beneficiarse de esa gracia: Jesús Polo

Todo estaba preparado para abordar al Parlamento. De eso se ocupó Ramón Alzórriz, mano derecha de María Chivite en la Cámara foral. Convenció a Uxue Barcos, de Geroa Bai, que casualmente tenía amistad con Antxon Alonso, y a Mikel Buil de Podemos. No hubo debate de la enmienda ni en la Comisión ni en el Pleno. Nadie se percató de lo insólito de la enmienda.  Tal como estaba previsto, Polo solicitó y obtuvo una prórroga de un año en su servicio activo. Tan pronto se aprobó la Ley de Presupuestos, Ramón Alzórriz se apresuró a Alonso para que colocara a su esposa en Servinabar.

Hubo necesidad de dos prórrogas más, pues hasta que todo estuviera preparado para publicar la licitación de las obras, no podía nombrarse la Mesa de Contratación.  En la segunda prórroga no fue necesaria enmienda “in voce”. Elma Saiz incorporó la disposición adicional al proyecto de Ley de Presupuestos de 2023. A nadie le extrañó. Pero aún haría falta una tercera prórroga. El nuevo consejero de Hacienda, sustituto de Elma Saiz, era José Luis Arasti. Tomo una decisión muy peligrosa. Porque quizás tuviera que dar explicaciones de por qué un proyecto legislativo de modificación de impuestos y de otras medidas tributarias, nada tiene que ver una la concesión de una tercera prórroga a un ingeniero llamado Polo. Así se expresa la jurisprudencia que interpreta el artículo 14 (principio de igualdad) y 9,3 (interdicción de la arbitrariedad) de nuestra Constitución.

Pero nadie puso ninguna objeción. El 6 de febrero de 2023 se nombró la Mesa de Contratación, cuyo presidente era Polo. Lo demás es bien conocido. La adjudicación estuvo plagada de irregularidades y al final el voto de calidad del presidente inclinó la balanza a la UTE Acciona, Osés y Servinabar. Misión cumplida. Ocurre que quizás sobre todo el clan socialista revoletea algún presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública, capaz de helar la sonrisa de Chivite en Velate. Y hay otra cosa indiscutible: sin Polo no habría caso Cerdán.