Sentencia histórica
El Tribunal Supremo de EE.UU. avala que los Estados reserven el deporte femenino a las mujeres biológicas
La mayoría del tribunal concluye que el Título IX permite excluir a los varones biológicos de las competiciones femeninas y considera constitucionales las leyes que establecen esa separación por sexo biológico.
![[Img #30787]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2026/6484_screenshot-2026-07-01-at-14-04-20-tribunal-supremo-eeuu-buscar-con-google.png)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado una de las resoluciones más importantes de los últimos años sobre identidad de género y deporte al determinar que los Estados pueden reservar las competiciones deportivas femeninas exclusivamente a las mujeres biológicas sin vulnerar ni el Título IX de la legislación educativa estadounidense ni la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. La sentencia resuelve conjuntamente los recursos contra las leyes aprobadas en Virginia Occidental e Idaho y revoca las decisiones de los tribunales inferiores que habían bloqueado parcialmente ambas normas.
La opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh y respaldada por el presidente del Tribunal, John Roberts, así como por Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, sostiene que el concepto de "sexo" utilizado por el Congreso cuando aprobó el Título IX en 1972 hace referencia al sexo biológico y no a la identidad de género. Según la Corte, esa interpretación era la única posible en el momento de aprobarse la ley y continúa siendo coherente con la finalidad para la que fue creada: garantizar la igualdad de oportunidades deportivas entre hombres y mujeres.
El deporte femenino, protegido por el Título IX
La sentencia recuerda que el Título IX revolucionó el deporte femenino estadounidense al corregir décadas de discriminación contra las mujeres y facilitar el crecimiento extraordinario de su participación en competiciones escolares y universitarias. Precisamente por ello, explica el Supremo, la normativa permitió desde el principio la existencia de equipos separados para hombres y mujeres cuando existieran diferencias físicas relevantes para la competición.
En palabras del Tribunal, esas diferencias físicas siguen siendo "duraderas" y afectan a aspectos como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la capacidad de salto o la potencia muscular. Por ello, afirma que permitir la participación de varones biológicos en categorías femeninas puede comprometer tanto la seguridad física de las deportistas como la igualdad competitiva que precisamente pretende proteger el Título IX.
"El sexo significa sexo biológico"
Uno de los aspectos centrales de la resolución consiste en la interpretación jurídica del término "sexo". El Supremo rechaza que pueda identificarse con la identidad de género y concluye que el legislador utilizó ese concepto para referirse exclusivamente al sexo biológico.
La Corte añade que las regulaciones federales aprobadas en 1975 permitieron expresamente que las escuelas organizaran equipos deportivos separados para cada sexo precisamente por las diferencias físicas existentes entre hombres y mujeres. Desde esa perspectiva, limitar las competiciones femeninas a mujeres biológicas constituye, según el Tribunal, una medida "razonable" plenamente compatible con el espíritu de la legislación federal.
Seguridad y equidad competitiva
La sentencia dedica buena parte de su argumentación a justificar que las leyes estatales persiguen objetivos constitucionalmente legítimos.
Para la mayoría del Supremo, los Estados tienen un interés "importante" en preservar tanto la seguridad física como la equidad competitiva en el deporte femenino. La resolución afirma que permitir la participación de varones biológicos puede desplazar a mujeres de equipos, reducir sus oportunidades deportivas, privarlas de becas o medallas e incluso incrementar el riesgo de lesiones en deportes de contacto.
Los magistrados añaden que esas consideraciones permiten superar el examen de constitucionalidad exigido por la Decimocuarta Enmienda, ya que la clasificación basada en el sexo biológico mantiene una relación "sustancial" con esos objetivos públicos.
Rechaza excepciones individuales
Uno de los argumentos de los demandantes sostenía que los deportistas trans sometidos a tratamientos hormonales o bloqueadores de la pubertad no conservan necesariamente ventajas físicas frente a las mujeres biológicas.
El Tribunal responde que, incluso si esa afirmación pudiera ser cierta en algunos casos, la Constitución no obliga a los jueces a realizar valoraciones individualizadas sobre la capacidad física de cada deportista. Según la mayoría, esa tarea sería prácticamente imposible desde un punto de vista científico y jurídico, por lo que corresponde a los legisladores establecer reglas generales aplicables a todos los casos.
Distancia respecto al precedente Bostock
Otro de los argumentos rechazados por la Corte hace referencia a la sentencia Bostock v. Clayton County, mediante la cual el propio Tribunal Supremo consideró en 2020 que despedir a una persona por ser homosexual o transgénero constituye discriminación laboral por razón de sexo.
Kavanaugh explica que aquel precedente se refería exclusivamente al ámbito laboral regulado por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y no resulta trasladable al deporte escolar regulado por el Título IX, donde el propio legislador autorizó expresamente la existencia de categorías deportivas separadas para hombres y mujeres.
Un precedente de enorme impacto político
La decisión consolida jurídicamente las leyes aprobadas por 27 Estados estadounidenses que han restringido la participación de varones biológicos en competiciones deportivas femeninas. Además, la sentencia destaca que organismos como la NCAA, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y el propio Comité Olímpico Internacional han adoptado recientemente políticas similares basadas en el sexo biológico para preservar la seguridad y la igualdad competitiva.
Aunque el fallo resuelve únicamente los casos de Virginia Occidental e Idaho, su alcance práctico trasciende ambos litigios y establece una doctrina constitucional que previsiblemente condicionará el resto de procesos abiertos en los tribunales federales sobre esta misma materia.
No obstante, el Supremo introduce una precisión importante: la sentencia no decide si los Estados están obligados a permitir la participación de deportistas transgénero en determinadas circunstancias concretas distintas de las analizadas en estos procedimientos, cuestión que continúa siendo objeto de litigios en otros tribunales.
En la resolución discreparon las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, quienes suscribieron votos particulares de discrepancia parcial frente a una decisión que previsiblemente marcará durante años el debate jurídico y político sobre identidad de género, deporte femenino e interpretación de los derechos civiles en Estados Unidos.
La mayoría del tribunal concluye que el Título IX permite excluir a los varones biológicos de las competiciones femeninas y considera constitucionales las leyes que establecen esa separación por sexo biológico.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado una de las resoluciones más importantes de los últimos años sobre identidad de género y deporte al determinar que los Estados pueden reservar las competiciones deportivas femeninas exclusivamente a las mujeres biológicas sin vulnerar ni el Título IX de la legislación educativa estadounidense ni la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. La sentencia resuelve conjuntamente los recursos contra las leyes aprobadas en Virginia Occidental e Idaho y revoca las decisiones de los tribunales inferiores que habían bloqueado parcialmente ambas normas.
La opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh y respaldada por el presidente del Tribunal, John Roberts, así como por Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, sostiene que el concepto de "sexo" utilizado por el Congreso cuando aprobó el Título IX en 1972 hace referencia al sexo biológico y no a la identidad de género. Según la Corte, esa interpretación era la única posible en el momento de aprobarse la ley y continúa siendo coherente con la finalidad para la que fue creada: garantizar la igualdad de oportunidades deportivas entre hombres y mujeres.
El deporte femenino, protegido por el Título IX
La sentencia recuerda que el Título IX revolucionó el deporte femenino estadounidense al corregir décadas de discriminación contra las mujeres y facilitar el crecimiento extraordinario de su participación en competiciones escolares y universitarias. Precisamente por ello, explica el Supremo, la normativa permitió desde el principio la existencia de equipos separados para hombres y mujeres cuando existieran diferencias físicas relevantes para la competición.
En palabras del Tribunal, esas diferencias físicas siguen siendo "duraderas" y afectan a aspectos como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la capacidad de salto o la potencia muscular. Por ello, afirma que permitir la participación de varones biológicos en categorías femeninas puede comprometer tanto la seguridad física de las deportistas como la igualdad competitiva que precisamente pretende proteger el Título IX.
"El sexo significa sexo biológico"
Uno de los aspectos centrales de la resolución consiste en la interpretación jurídica del término "sexo". El Supremo rechaza que pueda identificarse con la identidad de género y concluye que el legislador utilizó ese concepto para referirse exclusivamente al sexo biológico.
La Corte añade que las regulaciones federales aprobadas en 1975 permitieron expresamente que las escuelas organizaran equipos deportivos separados para cada sexo precisamente por las diferencias físicas existentes entre hombres y mujeres. Desde esa perspectiva, limitar las competiciones femeninas a mujeres biológicas constituye, según el Tribunal, una medida "razonable" plenamente compatible con el espíritu de la legislación federal.
Seguridad y equidad competitiva
La sentencia dedica buena parte de su argumentación a justificar que las leyes estatales persiguen objetivos constitucionalmente legítimos.
Para la mayoría del Supremo, los Estados tienen un interés "importante" en preservar tanto la seguridad física como la equidad competitiva en el deporte femenino. La resolución afirma que permitir la participación de varones biológicos puede desplazar a mujeres de equipos, reducir sus oportunidades deportivas, privarlas de becas o medallas e incluso incrementar el riesgo de lesiones en deportes de contacto.
Los magistrados añaden que esas consideraciones permiten superar el examen de constitucionalidad exigido por la Decimocuarta Enmienda, ya que la clasificación basada en el sexo biológico mantiene una relación "sustancial" con esos objetivos públicos.
Rechaza excepciones individuales
Uno de los argumentos de los demandantes sostenía que los deportistas trans sometidos a tratamientos hormonales o bloqueadores de la pubertad no conservan necesariamente ventajas físicas frente a las mujeres biológicas.
El Tribunal responde que, incluso si esa afirmación pudiera ser cierta en algunos casos, la Constitución no obliga a los jueces a realizar valoraciones individualizadas sobre la capacidad física de cada deportista. Según la mayoría, esa tarea sería prácticamente imposible desde un punto de vista científico y jurídico, por lo que corresponde a los legisladores establecer reglas generales aplicables a todos los casos.
Distancia respecto al precedente Bostock
Otro de los argumentos rechazados por la Corte hace referencia a la sentencia Bostock v. Clayton County, mediante la cual el propio Tribunal Supremo consideró en 2020 que despedir a una persona por ser homosexual o transgénero constituye discriminación laboral por razón de sexo.
Kavanaugh explica que aquel precedente se refería exclusivamente al ámbito laboral regulado por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y no resulta trasladable al deporte escolar regulado por el Título IX, donde el propio legislador autorizó expresamente la existencia de categorías deportivas separadas para hombres y mujeres.
Un precedente de enorme impacto político
La decisión consolida jurídicamente las leyes aprobadas por 27 Estados estadounidenses que han restringido la participación de varones biológicos en competiciones deportivas femeninas. Además, la sentencia destaca que organismos como la NCAA, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y el propio Comité Olímpico Internacional han adoptado recientemente políticas similares basadas en el sexo biológico para preservar la seguridad y la igualdad competitiva.
Aunque el fallo resuelve únicamente los casos de Virginia Occidental e Idaho, su alcance práctico trasciende ambos litigios y establece una doctrina constitucional que previsiblemente condicionará el resto de procesos abiertos en los tribunales federales sobre esta misma materia.
No obstante, el Supremo introduce una precisión importante: la sentencia no decide si los Estados están obligados a permitir la participación de deportistas transgénero en determinadas circunstancias concretas distintas de las analizadas en estos procedimientos, cuestión que continúa siendo objeto de litigios en otros tribunales.
En la resolución discreparon las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, quienes suscribieron votos particulares de discrepancia parcial frente a una decisión que previsiblemente marcará durante años el debate jurídico y político sobre identidad de género, deporte femenino e interpretación de los derechos civiles en Estados Unidos.
