La Agencia Tributaria ha abierto investigaciones fiscales contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, las hijas de ambos y el empresario Julio 'Julito' Martínez, al que la investigación judicial sitúa como presunto testaferro del exjefe del Ejecutivo. Las actuaciones tributarias, iniciadas entre los meses de junio y finales de ese mismo mes, abarcan distintos impuestos correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2024, aunque podrían quedar suspendidas al existir una causa penal abierta en la Audiencia Nacional.

Según una providencia dictada por el juez José Luis Calama, la Agencia Tributaria ha comunicado al juzgado que las pesquisas administrativas podrían paralizarse para evitar interferencias con la investigación penal, que tiene prioridad. En esa causa, Zapatero está investigado por presuntos delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y organización criminal en relación con el rescate público de la aerolínea venezolana Plus Ultra Líneas Aéreas. También figuran como investigadas sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, así como Julio Martínez. Sonsoles Espinosa, aunque no está imputada en el procedimiento penal, sí figura entre las personas sometidas a comprobaciones por parte de Hacienda.

Según informa El Mundo, Las investigaciones fiscales comenzaron el 15 de junio en el caso de Zapatero y de su esposa. Sobre el expresidente se analizan las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024, así como el IVA y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas entre 2022 y 2024. En el caso de Espinosa, las comprobaciones afectan a los mismos tributos y ejercicios. Las investigaciones sobre sus hijas se iniciaron el 22 de junio y se centran en sus declaraciones del IRPF entre 2021 y 2024. Cuatro días después, Hacienda abrió igualmente actuaciones sobre Whathefav SL, la sociedad mercantil de ambas.

La investigación judicial sostiene que Zapatero y sus hijas habrían obtenido, a través de Julio Martínez, hasta dos millones de euros en comisiones por su presunta intermediación para facilitar que Plus Ultra recibiera un préstamo público de 53 millones de euros. Es precisamente la existencia de esta investigación penal la que ha llevado a la Agencia Tributaria a comunicar al juez que sus actuaciones administrativas quedarían en suspenso mientras se esclarecen los hechos en sede judicial.

En paralelo, la Abogacía del Estado se ha personado, en representación de la Agencia Tributaria, en la pieza separada que investiga el hallazgo de cerca de ochenta joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de la oficina de Zapatero durante un registro practicado por la Policía Nacional. La decisión responde al criterio favorable de Hacienda tras el ofrecimiento realizado por el magistrado instructor, que considera que la Agencia Tributaria podría ser perjudicada por los hechos investigados, al apreciarse indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.

En el auto mediante el que ofreció acciones a la Agencia Tributaria, el juez Calama sostiene que los hechos investigados podrían haber causado un perjuicio patrimonial directamente relacionado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la Administración tributaria, lo que justificaría su intervención en el procedimiento para ejercer las acciones penales y civiles que considere oportunas.

Respecto al origen de las joyas, Zapatero evitó dar explicaciones durante su declaración judicial del pasado 17 de junio y anunció que respondería más adelante, aunque hasta el momento no se ha producido ningún pronunciamiento. Su defensa había solicitado aplazar esa parte del interrogatorio alegando que había dispuesto de escaso tiempo para preparar la respuesta tras conocerse la tasación realizada por la histórica joyería Ansorena, que fijó el valor de las piezas en 1,3 millones de euros. El juez rechazó esa petición al considerar que el hallazgo de las joyas se había producido semanas antes y que existía tiempo suficiente para preparar la defensa. Tras recibir el informe pericial, amplió la investigación incorporando los presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con un patrimonio cuyo origen continúa sin justificarse.

Durante el registro, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, también investigada en la causa principal del caso Plus Ultra, manifestó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que las joyas procedían, en parte, de una herencia de Sonsoles Espinosa y, en parte, de regalos recibidos durante viajes oficiales. Esa explicación forma parte ahora del material que analizan los investigadores dentro de una causa que continúa ampliándose tanto en el ámbito penal como en el tributario.