En Sudáfrica, un ultimátum sin ley y una sola consigna en zulú —"Abahambe", "deben irse"— han puesto a huir a decenas de miles de africanos. Detrás de las marchas laten el paro, la desigualdad y el fantasma de 2008.

Peter Madsoan tenía cuarenta y cinco años, una llana de albañil y una familia en Malaui que dependía de lo que él ganara levantando muros ajenos en Durban. La última semana de junio de 2026 dejó la llana, hizo el equipaje y se sentó a esperar un autobús que lo devolviera a un país donde no había trabajo, pero tampoco turbas. Lo explicó con la aritmética helada de quien ya no discute: es preferible marcharse que morir en Sudáfrica. No fue una metáfora. Delante de él, en las semanas previas, al menos un ciudadano ugandés y cinco mozambiqueños habían muerto en episodios ligados a la ola de hostilidad, según recopilaron las agencias EFE y AFP.

Madsoan es uno de los más de veinticinco mil extranjeros —malauíes, zimbabuenses, mozambiqueños, nigerianos, ghaneses— que abandonaron Sudáfrica en apenas unas semanas, muchos en autobuses fletados por sus propios gobiernos. Otros esperaban en campamentos informales a las afueras de las ciudades, o cruzaban a pie el puesto fronterizo de Beitbridge, por donde en los días previos al ultimátum regresaron más de nueve mil malauíes y cerca de tres mil zimbabuenses. Un éxodo preventivo: huir antes de que llegara la fecha.

La fecha era el martes 30 de junio.

No la había fijado ningún tribunal ni ningún ministerio. La habían decretado, sin base legal alguna, una coalición de más de una veintena de organizaciones civiles antiinmigración, con el movimiento March and March a la cabeza. Su mensaje era tan simple como una amenaza: todos los extranjeros en situación irregular debían haber abandonado el país antes de esa medianoche. El gobierno rechazó de plano el plazo, recordando lo obvio —que solo las autoridades pueden aplicar las leyes migratorias— y declaró que el 30 de junio sería una jornada laboral normal, con escuelas y comercios abiertos. Pero el ultimátum ya había hecho su trabajo mucho antes de que expirara: sembrar el miedo.

Aquel martes, miles de personas salieron a las calles de una punta a otra del país. Desde Pretoria, la capital, hasta Durban y Pietermaritzburg, en la provincia oriental de KwaZulu-Natal; pasando por Soweto, el antiguo gueto negro de Johannesburgo. Marcharon con banderas, con ropas tradicionales, algunos empuñando los bastones y escudos de la cultura zulú. Y marcharon con una palabra en la boca, repetida como un martillo: "Abahambe". "Deben irse".

La cifra oficial dibuja la escala del fenómeno: unas ciento veinte marchas repartidas por las principales provincias —Gauteng, KwaZulu-Natal, el Cabo Occidental—. La vicecomisionada nacional de policía, Tebello Mosikili, precisó que ciento ocho transcurrieron de forma pacífica y doce requirieron la intervención de los agentes. La Policía Nacional (SAPS) confirmó más de novecientas detenciones, numerosos heridos y un hombre muerto por disparo en Johannesburgo. Fueron, según coincidieron Al Jazeera y la agencia AP, las mayores movilizaciones vinculadas a la migración desde la matanza xenófoba de 2008.

Las autoridades insistieron en el adjetivo pacíficas. La ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, elogió el tono general de las protestas mientras advertía de que cualquiera que se sirviera de ellas para delinquir respondería ante la ley. Pero bajo esa cobertura de normalidad se abrían los boquetes de siempre: comercios de extranjeros saqueados, persianas bajadas por miedo, el ejército patrullando frente a tiendas reventadas en localidades como Kwadabeka. Un manifestante en Pretoria lo resumió con una lógica circular escalofriante: como la mayoría de las tiendas de extranjeros habían cerrado, dedujo que probablemente no tenían los permisos en regla. La ausencia como prueba de culpa.

Para entender el 30 de junio hay que retroceder en el tiempo, porque aquella jornada no brotó de la nada. Fue la culminación de meses de agitación coordinada por tres colectivos: March and March, Operation Dudula y Progressive Forces.

La cara más visible del primero es Jacinta Ngobese-Zuma, activista zulú de treinta y nueve años, fundadora y líder de March and March. Sobre ella pesa un caso judicial abierto por incitación a la violencia pública, cargo que niega. Su pliego de exigencias tiene la apariencia de un programa de gobierno: controles migratorios más estrictos, visados más rigurosos, una revisión de las políticas de asilo, medidas contra las empresas que contratan a irregulares. Y una promesa que convierte el 30 de junio en apenas un comienzo: marchas semanales hasta que el Estado ejecute deportaciones masivas y blinde las fronteras. En Johannesburgo, otra figura recurrente de estas concentraciones es el locutor de radio Ngizwe Mchunu, que lleva años repitiendo un estribillo —"la inmigración ilegal está fuera de control"— y una consigna: "Sudáfrica primero".

Pero la organización con más recorrido, y más sombra, es Operation Dudula. La palabra dudula significa en zulú "empujar", "sacar por la fuerza", y describe con exactitud su propósito. Nació en 2021 en Soweto, en el clima enrarecido que dejaron los disturbios de julio de aquel año —los que estallaron cuando el expresidente Jacob Zuma fue encarcelado por desacato— y la resaca económica de la pandemia. Su primer líder público, Nhlanhla "Lux" Dlamini, se hizo un nombre defendiendo un centro comercial de los saqueadores durante aquellos días de caos, y encabezó la primera marcha del grupo el 16 de junio de 2021, en el 45.º aniversario del Levantamiento de Soweto, señalando a supuestos narcotraficantes extranjeros y a negocios que empleaban a migrantes.

Desde entonces, Dudula ha mutado. De patrullas vecinales pasó a manifestaciones coordinadas; de Soweto se extendió a Hillbrow, Alexandra, Diepsloot, luego a Durban y a Ciudad del Cabo, generando franquicias con nombres propios. En 2023 se registró como partido político bajo el lema Put South Africans First —"los sudafricanos primero"—, con la deportación masiva y la reforma constitucional en su ideario. Sus métodos, documentados en vídeos virales, incluyen irrumpir en edificios para exigir documentos, forzar el cierre de comercios extranjeros y —lo más grave— apostarse desde mediados de 2025 en las puertas de clínicas y escuelas públicas para impedir el paso a quienes identifican como foráneos. Human Rights Watch y la Comisión para los Refugiados en Sudáfrica (CoRMSA) llevan meses alertando de esta táctica de bloqueo sanitario.

El movimiento arrastra además una crisis interna que revela sus costuras. Su líder de los últimos años, Zandile Dabula, dimitió el 14 de mayo de 2026 con efecto inmediato, alegando divisiones persistentes y desacuerdos sobre el rumbo político. Muchos dentro de la organización, dijo, creían que Dudula ejercía más influencia como movimiento cívico que como partido. La paradoja es elocuente: la herramienta que da más poder no es la papeleta, sino la calle.

El fantasma que nadie nombra sin bajar la voz

Los sudafricanos tienen una forma de medir el miedo actual: comparándolo con las fechas del pasado.

La peor de todas es 2008. Aquel año, más de sesenta personas murieron en la mayor ola de violencia xenófoba de la Sudáfrica democrática. La imagen que quedó grabada en la retina del mundo fue la de Ernesto Alfabeto Nhamuave, un mozambiqueño golpeado por una turba, rociado de gasolina y quemado vivo ante la mirada de los espectadores en un asentamiento informal del East Rand. Su cuerpo en llamas se convirtió en una de las fotografías que definieron la era posterior al apartheid.

Después vinieron otras fechas. En 2015, siete personas murieron en ataques a comercios de extranjeros en Johannesburgo y Durban. En 2019, al menos dieciocho, en episodios que provocaron repatriaciones masivas y duras críticas internacionales. En abril de 2022, el asesinato de Elvis Nyathi, un zimbabuense linchado por una multitud en Diepsloot, volvió a mostrar la velocidad con que el resentimiento se transforma en muerte. Sobre todo ello planea, más antiguo, un insulto: makwerekwere, la palabra despectiva con que se designa al africano de otro país, una xenofobia que los estudiosos rastrean hasta los sistemas de trabajo migrante que sostuvieron la economía sudafricana mucho antes de 1994.

Cada nueva ola, cuentan los analistas, reactiva ese fantasma. Y las marchas semanales que ha prometido March and March son, para muchos observadores, exactamente el tipo de combustible que en otras ocasiones prendió.

El argumento de los movimientos antiinmigración es un relato de causa y efecto: la inmigración irregular satura el mercado laboral, dispara la delincuencia y colapsa los servicios públicos. Es un relato poderoso porque cae sobre un terreno abrasado. Sudáfrica es uno de los países más desiguales del planeta —un informe del Banco Mundial cifró en el 10% de la población la posesión de más del 80% de la riqueza— y arrastra una tasa de desempleo del 32,7%, una de las mayores del mundo, según la oficina nacional de estadística. En un país así, la promesa de un culpable sencillo se vende sola.

El problema es que las cifras no sostienen el relato. Según el último censo, Sudáfrica alberga a unos 2,4 millones de extranjeros —documentados e indocumentados—, apenas el 3,9 % de la población. Difícilmente la "invasión inasumible" que airean los sectores más radicales. En cuanto a la delincuencia, el país registró 5.181 homicidios solo en el primer trimestre de 2026, una de las tasas más altas del mundo; pero la propia policía no desglosa la nacionalidad de los autores en sus informes, de modo que la ecuación migrante-igual-a-criminal se afirma sin una sola estadística que la respalde. Estudios previos del Instituto de Estudios de Seguridad de Pretoria concluyeron que los inmigrantes no delinquen a mayor ritmo que, en este caso, los nacidos en el país.

Las voces expertas apuntan en la dirección contraria. Amnistía Internacional Sudáfrica sostiene que el desempleo, la desigualdad y los servicios deficientes hunden sus raíces en el legado del apartheid, en la desigualdad persistente y en el fracaso del sistema de asilo, no en la presencia de migrantes; y advierte de que convertir al extranjero en chivo expiatorio distrae al gobierno de sus propias responsabilidades. Human Rights Watch ha documentado agresiones de grupos parapoliciales contra africanos y asiáticos con una respuesta insuficiente de las autoridades, e incluso un caso especialmente atroz recogido de fuente creíble: un malauí que, tras no poder mostrar sus papeles, fue golpeado por agentes, introducido en el maletero de un coche y murió a causa de las heridas, días antes de las últimas marchas. Investigadores citados por la prensa alemana hablan de una "institucionalización de la xenofobia": aunque el número de ataques físicos sea menor que en 2022, el relato que señala al migrante crece y se normaliza.

Cyril Ramaphosa camina sobre el filo de una navaja, y lo hace a la vista de todos.

El lunes por la noche, en la víspera del ultimátum, el presidente recibió a algunos dirigentes de las protestas. Les reconoció el derecho a manifestarse y les pidió que lo hicieran en paz. Después publicó una carta a la ciudadanía en la que advertía contra el vandalismo y la violencia mientras concedía que las preocupaciones de la gente son reales y merecen ser escuchadas. En declaraciones posteriores admitió deficiencias en el control de las fronteras del país —una concesión nada menor— pero subrayó lo esencial: la inmigración ilegal no es la causa de los problemas sociales y económicos de Sudáfrica. "No permitiremos ningún intento de desestabilizar nuestro país", zanjó, dirigiéndose por igual a manifestantes y agitadores.

Esa es la posición imposible del Ejecutivo: rechazar la violencia sin desautorizar el malestar. El ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia, lo formuló apelando a la necesidad de construir un consenso nacional sobre las leyes migratorias por vías institucionales, lejos de la intimidación y la división. Es una apelación razonable y, a la vez, una confesión de debilidad: el Estado admite que ha perdido el monopolio del relato, y quizá del orden, en la calle. No es un asunto nuevo para Ramaphosa. Ya en 2022 calificó a Operation Dudula de vigilantismo ilegal. Cuatro años después, aquel grupo de barrio se ha convertido en partido y en coalición, y el gobierno negocia con sus líderes en el palacio presidencial.

El eco del 30 de junio no se quedó dentro de Sudáfrica. La reacción diplomática ha sido de las más intensas que se recuerdan.

Zimbabue facilitó el retorno de más de 3.600 de sus ciudadanos; Malaui repatrió a cerca de un millar; Ghana y Nigeria organizaron vuelos financiados por sus gobiernos que devolvieron a casi dos mil personas, con nuevas evacuaciones anunciadas; Mozambique trajo de vuelta a otros tantos. Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus nacionales residentes en el país. Nigeria, Ghana y Guinea-Bisáu llamaron a consultas a los embajadores sudafricanos. Y Ghana fue más lejos: pidió a la Unión Africana que abordara los ataques y enviara una misión de investigación.

Los organismos internacionales tomaron nota. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por el acoso y las agresiones. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reclamó al gobierno que investigue la violencia, rinda cuentas y garantice protección y acceso a la justicia a los migrantes afectados, recordando que la Constitución sudafricana —una de las más progresistas del mundo— ampara la dignidad y la igualdad de todas las personas dentro de sus fronteras, no solo de sus ciudadanos.

Ahí reside una de las contradicciones más agudas del país: su ley fundamental es un modelo de garantías, pero sobre el terreno los migrantes se topan con hostigamiento policial, corrupción en las oficinas de Interior y redadas periódicas. Los tribunales confirman una y otra vez las protecciones constitucionales; su aplicación real es desigual y frágil.

¿Por qué ahora, y por qué con esta fuerza? La respuesta no está en la frontera, sino en la historia y en la economía.

La xenofobia sudafricana tiene una genealogía larga. Se alimenta del sistema de trabajo migrante que el apartheid convirtió en columna vertebral de la economía; de una desigualdad que dividió no solo a blancos y negros, sino a la propia mayoría negra, dejando al inmigrante africano en el escalón más bajo; y de una transición democrática que trajo derechos pero no repartió prosperidad. Sobre ese sedimento, la política reciente ha echado gasolina. Dirigentes como Gayton McKenzie y Kenny Kunene, de la Alianza Patriótica, han hecho de la mano dura contra la inmigración ilegal un argumento electoral, sosteniendo que el Estado perdió el control de sus límites. No todas las voces han seguido ese camino —Julius Malema, líder de los Combatientes por la Libertad Económica, se ha desmarcado con rotundidad del discurso xenófobo—, pero la corriente dominante empuja en sentido contrario.

Y luego está el acelerante del siglo: las redes sociales. Vídeos virales, bulos, hashtags inflamatorios, redadas emitidas en directo. La percepción pública se forma hoy más rápido que los hechos oficiales, y los emprendedores del resentimiento han descubierto que la indignación migratoria moviliza votantes frustrados a un coste ridículo. Es la misma mecánica populista que recorre Europa y Estados Unidos, trasplantada a un país donde uno de cada tres adultos no encuentra trabajo.

Lo que viene

El 30 de junio no cerró nada. Lo dejó todo abierto.

March and March ha prometido movilizaciones semanales hasta que el gobierno ceda a sus exigencias de deportación masiva. El Ejecutivo, atrapado entre el rechazo a la violencia y el reconocimiento del malestar, ensaya un equilibrio que puede sostenerse un tiempo, pero no indefinidamente. Y en los campamentos improvisados, en las estaciones de autobús, en la larga cola de Beitbridge, decenas de miles de personas ya han votado con los pies: se van, o se han ido, sin esperar a ver quién tiene razón en el debate.

Peter Madsoan, el albañil malauí, es uno de ellos. Su cálculo —marcharse antes que morir— resume el precio humano de una campaña que sus promotores insisten en llamar legítima defensa del ciudadano y que sus víctimas viven como una cacería. Entre esos dos relatos, incompatibles y simultáneos, se juega Sudáfrica algo más que una política de fronteras. Se juega si la palabra que vació las calles a finales de junio —Abahambe, deben irse— seguirá siendo un grito, o volverá a ser, como en 2008, una sentencia.