Sendas encuestas de opinión acaban de poner en cuestión la imparcialidad de los jueces. En una de ellas, el 58% de los encuestados cree directamente que los “magistrados están haciendo política”.

En el otro sondeo, más pormenorizado, el 65% de las respuestas afirman que existe guerra judicial, y el 34% de los opinantes concluyen que este lawfare –sentencias injustas para perjudicar al adversario-- tiende a favorecer a la derecha.

Más allá de la posible neutralidad o no de las encuestas, la independencia judicial se ha puesto en entredicho, y eso cuando hay ciento y pico de imputados en la esfera del PSOE. No parece que sea casualidad. La opinión pública está influida por la prédica constante del Gobierno y sus allegados de que no se está haciendo justicia y que se intenta lisa y llanamente perjudicarlos.

Esto se pone de manifiesto, sobre todo, en lo que atañe a la familia del Presidente. Un 36% de los encuestados opina que  el juicio a Begoña Gómez se debe a “razones políticas y partidistas” y un 34% del personal afirma lo mismo de David Sánchez.

Como se ve por el sesgo de las respuestas, poco han influido en la calle las condenas de Ábalos y Koldo y el rastro de corrupción que han dejado las andanzas de la fontanera Leire Díez. La machacona insistencia gubernamental ha conseguido hacer creer en la parcialidad de los tribunales y en la inclinación de su actuación hacia la derecha.  No basta, pues, con la abundancia de pruebas en las reacciones de la Justicia, sino que ésta es puesta en entredicho por una cuestión de principio.

El perjuicio que se aporta a la institución es terrible y, tras el desprestigio de los otros órganos del Estado de derecho, con estos resultados de la opinión pública se dificulta la convivencia y el respeto a unas reglas de juego comunes para todos.