Una operación conjunta de la Policía Nacional, en colaboración con las policías de Francia y Bélgica, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y bajo la coordinación de EUROPOL y EUROJUST, ha desmantelado una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España. La investigación atribuye a la red la introducción irregular de más de 400 inmigrantes y la responsabilidad en una travesía en la que murieron 12 personas tras el naufragio de una embarcación en el Mediterráneo.

La operación ha culminado con la detención de 20 personas, 16 de ellas en España —en las provincias de Alicante, Madrid, Vitoria y Murcia— y otras cuatro en Bélgica. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión provisional. Además, los agentes han intervenido embarcaciones de alta velocidad, armas, drogas, dinero en efectivo y abundante material utilizado por la organización para desarrollar su actividad.

La investigación comenzó en octubre de 2022, después del hundimiento de una embarcación que cubría la ruta entre Argelia y España y en la que desaparecieron doce personas. Las pesquisas permitieron identificar una compleja organización asentada en varios países y dirigida por un clan familiar establecido en Bélgica, que utilizaba España como plataforma logística para coordinar tanto la inmigración ilegal como el tráfico internacional de estupefacientes.

Según los investigadores, la organización captaba a los migrantes en Argelia mediante intermediarios que les ofrecían el viaje hacia Europa a cambio de entre 8.000 y 10.000 euros por persona. Tras efectuar el pago, los inmigrantes permanecían ocultos en viviendas de seguridad hasta que las condiciones meteorológicas permitían iniciar la travesía.

Mientras tanto, la rama española preparaba toda la infraestructura necesaria para el transporte. Disponía de embarcaciones de gran potencia, pilotos especializados y combustible suficiente para cubrir la ruta marítima. Cuando recibían la orden, las embarcaciones partían desde distintos puntos de la costa española, realizaban escalas para repostar combustible mediante el conocido sistema de "petaqueo" y cargaban drogas sintéticas y cocaína procedentes del norte de Europa con destino a Argelia.

La organización estaba estructurada en dos grandes ramas perfectamente coordinadas. La establecida en Bélgica dirigía el tráfico de cocaína y drogas sintéticas, que eran transportadas por carretera en vehículos modificados con compartimentos ocultos. Desde España se coordinaban las travesías marítimas, el mantenimiento de las embarcaciones, el almacenamiento de la droga y las medidas de vigilancia destinadas a evitar la actuación policial.

La investigación también ha permitido identificar colaboradores en Argelia encargados de captar clientes, recaudar el dinero y organizar las salidas, así como pilotos marroquíes especializados en la conducción de lanchas rápidas y captadores asentados en Francia, país que figuraba entre los principales destinos finales de muchos de los inmigrantes transportados por la red.

Los investigadores estiman que durante el periodo analizado la organización logró introducir al menos 400 personas en España, obteniendo cerca de cuatro millones de euros únicamente por el tráfico de migrantes. Sumando los beneficios derivados del transporte de drogas hacia Argelia, el volumen económico generado por la organización podría alcanzar los ocho millones de euros.

La Policía sostiene además que la red recurría a la violencia para proteger su actividad criminal y resolver conflictos internos o enfrentamientos con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, utilizando incluso armas de fuego para evitar robos de cargamentos y ajustar cuentas.

La fase final de la operación se desarrolló de forma simultánea en España, Bélgica y Francia bajo la dirección judicial del Tribunal de Instancia de Denia. Durante los registros se intervinieron dos lanchas rápidas utilizadas para el transporte de personas y droga, una de ellas equipada con un motor de 300 caballos y otra con dos motores de 250 caballos. También fueron incautados un vehículo empleado para botar las embarcaciones al agua, un motor fueraborda, 27 depósitos de combustible, más de un kilogramo de MDMA en polvo, varias armas de fuego, un arma simulada, un arma larga, cinco básculas de precisión, 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en efectivo, además de abundante documentación relacionada con la infraestructura logística de la organización.