El I Congreso de Derecho de Consumo, organizado por FAMILEX y celebrado en el AC Hotel Atocha de Madrid, ha reunido a algunas de las figuras más destacadas del panorama jurídico español en materia de consumo, vivienda, justicia, contratación, protección del ciudadano, fraude bancario, inteligencia artificial y empresa. Un foro de referencia nacional que ha congregado a magistrados, decanos, catedráticos, abogados especialistas, representantes institucionales y expertos de primer nivel para abordar los grandes desafíos jurídicos y sociales que afectan hoy a los consumidores y a la ciudadanía.

En este marco, la intervención de Mercedes Blanco, abogada experta en derecho inmobiliario, vocal del Colegio de APIs de Cataluña y CEO de Vecinos Felices, centró parte del debate de la mesa dedicada a la protección del consumidor en el ámbito de la vivienda, en la que se abordaron la compraventa, el alquiler y, especialmente, la protección del propietario en situaciones de okupación.

Blanco puso sobre la mesa una realidad que, según los expertos, exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno: muchas comunidades de propietarios se encuentran en una situación de auténtica indefensión cuando se enfrentan a casos de ocupación en sus edificios.

"Las comunidades de propietarios no pueden seguir solas ante la okupación. Hay edificios enteros que viven con miedo, vecinos que sienten que nadie les protege y comunidades que no tienen herramientas jurídicas suficientes para reaccionar con rapidez", afirma la miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Durante su intervención, Blanco relató que en demasiadas ocasiones las comunidades se enfrentan a escenarios dramáticos sin instrumentos legales eficaces. Según expuso, hay vecinos que llegan a organizar guardias para evitar intentos de entrada en inmuebles, una imagen que refleja el grado de tensión, incertidumbre y abandono que viven muchas comunidades.

"Cuando los vecinos tienen que hacer guardias para proteger su propio edificio, el sistema ha fallado. No hablamos solo de propiedad privada, hablamos de seguridad, descanso, convivencia y confianza en las instituciones", señala Mercedes Blanco.

Desde Vecinos Felices, su consejera delegada defiende que la "okupación" no puede analizarse únicamente como un conflicto entre propietario y ocupante. En numerosos casos, sus efectos alcanzan a todo el edificio, "alterando la convivencia, generando inseguridad, deteriorando la salud emocional de los residentes y colocando a las comunidades de propietarios ante una situación de vulnerabilidad que el ordenamiento jurídico debe atender con mayor contundencia" según Blanco.

"No se puede pedir paciencia infinita a quienes viven cada día las consecuencias de un problema que no han creado. Las comunidades necesitan protección, seguridad jurídica y una Administración que actúe a tiempo", ha añadido.

En la misma mesa, los expertos también abordaron la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda desde distintas perspectivas. Alberto Torres López, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal del ICAM, puso el foco en los problemas derivados de la contratación, el auge de los contratos digitales, la falta de información jurídica suficiente para muchos ciudadanos y el uso del arrendamiento de temporada para eludir la normativa de la LAU.

Por su parte, José Alberto Marín Sánchez, decano del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, defendió la importancia de mejorar la prevención, dotar de mayor rigor documental a los contratos de arrendamiento y agilizar los procesos, recordando que el ordenamiento debe proteger la titularidad de la vivienda sin perder de vista el acceso constitucional a la misma.

La CEO de Vecinos Felices reclamó que el Gobierno adopte medidas concretas para proteger a las comunidades de propietarios, agilizar los procedimientos, reforzar la prevención y dotar a vecinos y administradores de herramientas eficaces frente a ocupaciones que comprometen la vida diaria de los residentes.

"España necesita una respuesta seria, rápida y eficaz. Las comunidades de propietarios no pueden quedar atrapadas entre la lentitud administrativa, la falta de herramientas legales y el miedo cotidiano a que la convivencia salte por los aires", subraya Blanco.

Un problema que afecta a todo el edificio

Para Vecinos Felices, la "okupación" en comunidades de propietarios debe ser tratada como una cuestión de interés colectivo. La entidad considera que el impacto sobre los vecinos es directo: ruidos, enfrentamientos, miedo, pérdida de tranquilidad, deterioro de zonas comunes y sensación de abandono institucional.

La intervención se produjo en una mesa en la que también se abordó la situación de tensión del mercado de la vivienda, especialmente en Cataluña, donde Blanco puso de manifiesto la falta de oferta de alquiler y la enorme presión existente sobre los pocos inmuebles disponibles, con casos en los que una sola vivienda puede recibir centenares de solicitudes.