La asociación Hablamos Español cuestiona que los programas impulsen el uso del euskera y el gallego también en las relaciones familiares y sociales de niños y adolescentes

La asociación Hablamos Español ha denunciado la utilización de centros educativos del País Vasco y Galicia para desarrollar campañas que, según sostiene, no se limitan a fomentar el aprendizaje de las lenguas cooficiales, sino que pretenden modificar los hábitos lingüísticos habituales de niños y adolescentes tanto dentro como fuera de las aulas.

La organización se refiere concretamente al denominado Mintzatratua, una de las actividades vinculadas a Euskaraldia, y al programa gallego 21 días co galego e máis. Ambas iniciativas cuentan con respaldo institucional y buscan incrementar el uso cotidiano del euskera y del gallego, aunque presentan planteamientos y características diferentes.

En el caso vasco, el Mintzatratua propone que los alumnos alcancen compromisos para utilizar el euskera con sus compañeros, profesores y otros trabajadores del centro educativo. Esos compromisos pueden extenderse, además, a situaciones situadas fuera del ámbito estrictamente escolar. Euskaraldia se define como un ejercicio social destinado a transformar los hábitos lingüísticos de la población y a ampliar los espacios en los que se emplea el euskera.

Por su parte, el programa 21 días co galego e máis, promovido por la Xunta de Galicia y desarrollado en distintos centros educativos, anima al alumnado a comunicarse en gallego durante las veinticuatro horas del día a lo largo de 21 jornadas consecutivas. La propuesta incluye las conversaciones mantenidas en el colegio, pero también las relaciones familiares y sociales. Uno de sus objetivos es favorecer la aparición de nuevos hablantes habituales de gallego, los denominados neofalantes.

Hablamos Español considera que existe una diferencia sustancial entre garantizar el conocimiento de las lenguas oficiales e impulsar desde las administraciones un cambio en la lengua utilizada por los menores en su vida privada. A juicio de la asociación, los poderes públicos pueden promover legítimamente el aprendizaje del euskera o del gallego, pero no deberían utilizar la escuela para orientar la lengua en la que los alumnos se relacionan con sus familias y amigos.

La entidad sostiene que la lengua constituye una parte relevante de la identidad cultural y defiende que los menores y sus familias deben poder decidir libremente sus hábitos lingüísticos fuera del ámbito académico. Por este motivo, considera que estas campañas podrían vulnerar derechos culturales y personales al extender la intervención institucional al entorno familiar y privado.

La asociación ha anunciado que elaborará un informe sobre ambas iniciativas y que solicitará la intervención del Defensor del Pueblo, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales, la UNESCO, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Plataforma de Infancia y UNICEF España. Su propósito es que estas instituciones analicen si los programas son compatibles con el derecho de los menores y sus familias a elegir libremente la lengua que utilizan en su vida cotidiana.