Llevamos semanas discutiendo sobre la ley de nietos, es decir, sobre la ley de memoria democrática que permite nacionalizarse a los descendientes de españoles.

En principio, la norma se refería a los hijos y nietos de españoles que hubieron de exiliarse tras la guerra civil. Posteriormente. La ley se extendió  a todos los expatriados durante el siglo veinte, con lo que el número de afectados alcanza la fabulosa cifra de dos millones y medio, frente al medio millón inicial.

La polémica está servida sobre la regularización masiva de inmigrantes, por un lado, y la nacionalización in extenso por otro. Los mayores críticos aluden a que el país será irreconocible por esa trashumancia de ciudadanos, mientras que sus defensores arguyen que vamos hacia un país más grande y más justo.

Lo cierto es que es una revolución el que puedan votar en nuestras elecciones ciudadanos que no conocen España y que nunca la conocerán y cuyo interés por nuestros problemas es mínimo. No se trata de un argumento menor, dada la magnitud de las cifras, y puede acabar desnaturalizando los resultados electorales. La oposición va más allá y habla de pucherazo de Pedro Sánchez por la inercia natural de los nuevos votantes a dar su sufragio al partido que se lo concedió.

Nos encontramos, pues, ante una polémica de envergadura que aún tiene un largo camino por recorrer y que demuestra que en política no hay nada que resulte inocuo y que hasta el detalle aparentemente más intrascendente tiene repercusiones que trascienden de su pretendida formulación.