Informes de la CIA, el Consejo Nacional de Inteligencia y la agencia federal CISA describen campañas de influencia de Rusia, China e Irán, capacidades venezolanas para alterar sistemas electrónicos y fallos de seguridad que durante años dejaron expuesta parte de la infraestructura electoral estadounidense. Los documentos, sin embargo, no demuestran por sí mismos que el resultado de las presidenciales de 2020 fuera modificado mediante una manipulación masiva del recuento.

La imagen de las elecciones estadounidenses como una maquinaria inexpugnable, aislada de Internet, protegida por controles técnicos infalibles y sometida a una vigilancia homogénea en todos los estados no resiste la lectura de los documentos que ahora han sido desclasificados por la Administración norteamericana. Los informes muestran un escenario mucho más inquietante: sistemas electorales con vulnerabilidades conocidas y en ocasiones sin corregir, redes locales deficientemente protegidas, proveedores poco transparentes, bases de datos conectadas a Internet, mecanismos de certificación que dificultan la instalación urgente de parches y servicios de inteligencia extranjeros que, con diferentes objetivos y grados de agresividad, trataron de influir en el comportamiento de los votantes, desacreditar a candidatos o erosionar la confianza pública en el proceso democrático.

El conjunto documental permite distinguir, no obstante, entre fenómenos que con frecuencia aparecen mezclados en el debate político. Una cosa es la influencia electoral, entendida como el uso de propaganda, filtraciones, desinformación, presión económica, operaciones encubiertas o campañas digitales para modificar las preferencias de los ciudadanos. Otra distinta es la interferencia electoral técnica, que implica actuar directamente sobre el registro de votantes, la emisión del voto, el recuento, la transmisión de los resultados o las máquinas electorales. Los propios analistas norteamericanos utilizaron esa distinción en agosto de 2020 y advirtieron de que Rusia, China, Irán y otros actores poseían capacidades para comprometer elementos de la infraestructura electoral, aunque consideraban difícil alterar el resultado nacional a gran escala sin ser detectados.

Una infraestructura vulnerable

El documento más contundente desde el punto de vista técnico es el informe electoral de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, CISA, fechado el 13 de julio de 2026. El organismo reconoce que, entre 2019 y 2024, examinó programas electorales, realizó pruebas de penetración en redes estatales y locales y participó en respuestas a incidentes relacionados con sistemas electorales. La conclusión general es inequívoca: el software electoral estadounidense contenía vulnerabilidades y, en numerosos casos, las redes en las que operaba carecían de las medidas de seguridad que los propios fabricantes presuponían.

El problema no se limitaba a errores aislados. CISA detectó fallos de validación de datos, mecanismos criptográficos inseguros, deficiencias de registro de actividad, posibilidades de escalada de privilegios y condiciones capaces de producir resultados imprevisibles. Aunque muchos problemas fueron corregidos antes de que los productos llegaran al mercado, la agencia admite que no verificó de manera independiente si todas las versiones instaladas posteriormente por las administraciones estatales y locales incorporaban efectivamente las soluciones.

El sistema de certificación aparecía, paradójicamente, como una de las causas del riesgo. En determinados estados, una actualización de seguridad puede obligar a repetir procesos de homologación, mientras que otras normas impiden realizar cambios durante los meses o semanas anteriores a una votación. El resultado es que algunos equipos permanecen bloqueados con versiones antiguas, componentes obsoletos y vulnerabilidades documentadas durante meses o incluso años. CISA señala que los proveedores no siempre comunicaban públicamente esos defectos, lo que reducía la capacidad de los responsables electorales para evaluar el peligro y aplicar medidas compensatorias.

Más preocupante todavía es la descripción de las redes gestionadas por organismos estatales, locales, tribales y territoriales. En varias pruebas, los expertos federales encontraron redes prácticamente planas, escasa separación entre los sistemas electorales y los ordenadores administrativos ordinarios, contraseñas compartidas, deficiente implantación de la autenticación multifactor, sistemas operativos desactualizados, herramientas de acceso remoto heredadas y una supervisión insuficiente del tráfico. En algunos casos, los evaluadores lograron controlar por completo la red en cuestión de horas o días.

La trascendencia de este hallazgo es evidente. Incluso cuando una máquina electoral no está conectada directamente a Internet, puede existir una ruta indirecta hasta ella a través de un correo electrónico comprometido, una estación de trabajo administrativa, un servidor compartido, una conexión de mantenimiento del proveedor o una configuración temporal que terminó convirtiéndose en permanente. CISA sostiene que la separación física o lógica que muchos responsables daban por supuesta no siempre existía en la práctica.

El informe también recuerda que la sustitución de las máquinas completamente electrónicas por sistemas que generan papeletas de papel no eliminó todos los riesgos. En determinados dispositivos ImageCast X utilizados en 2020, las selecciones de los electores se imprimían sobre papel, pero también se codificaban en un código de barras que el votante no podía comprobar directamente. Según el documento, un investigador demostró que era técnicamente posible modificar los votos codificados sin disponer de acceso físico a la máquina. CISA menciona, además, un análisis forense encargado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre equipos de Dominion utilizados en Puerto Rico en 2024, aunque precisa que no pudo examinar directamente esos dispositivos.

Estas revelaciones no equivalen a afirmar que el recuento de 2020 fue alterado. Sí desmienten, en cambio, cualquier presentación de la infraestructura como un sistema sin vulnerabilidades relevantes. La conclusión técnica de CISA es que la seguridad electoral dependía de tres factores problemáticos: una gestión de actualizaciones condicionada por normas anticuadas, una transparencia insuficiente por parte de algunos fabricantes y la inmadurez cibernética de numerosos organismos locales.

Rusia: amplificar la división

Los documentos del Consejo Nacional de Inteligencia describen a Rusia como el actor que desarrollaba en 2020 la operación de influencia más claramente orientada a favorecer a un candidato concreto. El informe de agosto de aquel año sostenía que el Kremlin estaba utilizando intermediarios, medios estatales, redes sociales y plataformas digitales para desacreditar a Joe Biden, presentar al Partido Demócrata como corrupto, alimentar las sospechas sobre Ucrania y amplificar los conflictos internos de Estados Unidos.

Según los analistas, figuras vinculadas al Gobierno ruso trabajaban para introducir en el debate norteamericano acusaciones sobre Biden, Burisma y determinadas autoridades ucranianas. La operación no se limitaba a la difusión directa desde Rusia. Parte de su eficacia dependía de que esas narrativas fueran recogidas por ciudadanos estadounidenses, comentaristas, medios digitales o dirigentes políticos, lo que permitía que una historia de origen extranjero adquiriera apariencia de debate nacional.

El documento señalaba igualmente que organismos rusos, entre ellos estructuras vinculadas a los servicios de inteligencia y a las llamadas granjas de troles, habían recurrido a autores estadounidenses y de otros países para producir contenidos en inglés. El objetivo era insertar las narrativas rusas en páginas que pudieran ser percibidas como medios occidentales independientes. Los analistas consideraban que aquella actividad favorecía mayoritariamente a Donald Trump, aunque reconocían que Moscú también criticaba determinadas políticas de su Administración cuando chocaban con los intereses rusos.

Rusia también difundió mensajes que presentaban el voto por correo y determinadas primarias como procesos amañados. Este punto resultaba especialmente sensible porque no requería alterar una sola papeleta para producir efectos políticos: bastaba con sembrar la convicción de que el sistema era fraudulento, de modo que cualquier resultado adverso pudiera interpretarse como ilegítimo.

China: la gran discrepancia dentro de los servicios de inteligencia

El tratamiento de China constituye probablemente la revelación políticamente más delicada de los documentos. La valoración principal de la comunidad de inteligencia mantuvo que Pekín prefería la derrota de Trump, pero que no había desplegado una campaña integral destinada a cambiar el resultado de las elecciones. Según esta interpretación, los dirigentes chinos consideraban que una intervención demasiado abierta podía ser descubierta, provocar una reacción contraproducente y deteriorar aún más las relaciones con Washington.

Sin embargo, otros analistas defendieron una posición distinta. Un memorándum de octubre de 2020, presentado expresamente como “análisis alternativo”, sostenía que China había dado al menos algunos pasos exploratorios y de bajo nivel para perjudicar la reelección de Trump, moldear la percepción de los votantes y favorecer indirectamente un resultado más conveniente para Pekín. Entre las herramientas mencionadas figuraban mensajes públicos y encubiertos, capacidades de influencia en Internet, medidas diplomáticas, presión económica y recopilación de información comprometedora.

El documento no afirmaba que China hubiese desplegado sus medios más agresivos ni que hubiese intervenido en el recuento. Sí discutía la conclusión de que Pekín no había intentado influir en absoluto. En su página inicial, los autores sostenían que determinadas acciones chinas encajaban en la propia definición de “influencia electoral” utilizada por la comunidad de inteligencia, aunque reconocían un nivel de confianza bajo o medio debido a las contradicciones existentes en las fuentes.

Otro informe de agosto de 2020 ya había señalado que China prefería que Trump no fuera reelegido, había intensificado sus críticas públicas contra su Gobierno y utilizaba la desinformación sobre la pandemia, Hong Kong, el cierre del consulado de Houston, el mar de China Meridional y la tecnología 5G. La evaluación consideraba que Pekín todavía evitaba una operación frontal, pero contemplaba la posibilidad de recurrir a filtraciones o redes de influencia si llegaba a la conclusión de que la continuidad de Trump amenazaba gravemente sus intereses estratégicos.

Los correos electrónicos internos revelan que la discusión continuó después de las elecciones. En un mensaje de diciembre de 2021, un funcionario del Consejo Nacional de Inteligencia observaba que determinadas actividades de una unidad china habían sido consideradas en 2020 como espionaje o recopilación de información, mientras que un informe posterior las describía como influencia electoral. El autor cuestionaba la consistencia del criterio: las mismas personas y actividades parecían recibir una calificación diferente dependiendo del contexto o de la elección analizada.

Otro intercambio interno, fechado el 30 de diciembre de 2020, muestra el desacuerdo del FBI con la forma en que se estaba incorporando la visión minoritaria sobre China al informe final de inteligencia. Los representantes del organismo consideraban que aquella tesis no cumplía los mismos estándares analíticos que el resto del documento y rechazaban que recibiera una relevancia equivalente sin un contexto suficiente sobre las fuentes. El correo revela, por tanto, una disputa real dentro de la comunidad de inteligencia, pero no demuestra por sí solo que una conclusión concreta fuese deliberadamente falsificada.

A ello se suma un informe de la CIA sobre actividades cibernéticas chinas durante el verano de 2020. El documento afirmaba que actores patrocinados por Pekín estaban examinando la campaña presidencial y buscando oportunidades para recopilar información sobre las posiciones políticas estadounidenses respecto de China. Los servicios norteamericanos detectaron ataques de spear phishing contra cuentas vinculadas a campañas, altos cargos, organizaciones políticas, empresas de sondeos y entidades relacionadas con donantes. La valoración de entonces era que China estaba reuniendo inteligencia que podría permitir operaciones posteriores, aunque no se consideraba probado que hubiese decidido manipular encubiertamente el resultado electoral.

Irán: propaganda, agitación social y hostilidad contra Trump

Irán aparece en los documentos como un actor interesado en impedir la reelección de Trump, cuya política de máxima presión era percibida en Teherán como una amenaza directa al régimen. El Consejo Nacional de Inteligencia describió una campaña orientada a debilitar al presidente, desacreditar las instituciones estadounidenses y profundizar la división social.

Las operaciones iraníes se concentraban principalmente en Internet: difusión de contenidos contra Trump, reutilización de noticias hostiles, memes, etiquetas y mensajes relacionados con las protestas raciales, el voto por correo, los disturbios internos y la gestión de la pandemia. El documento atribuía al líder supremo, Alí Jamenei, la probable autorización de la campaña.

Como en el caso ruso, el objetivo podía alcanzarse sin tocar técnicamente los sistemas de votación. Una operación de influencia eficaz busca alterar el contexto emocional e informativo en el que el elector adopta su decisión, intensificar la polarización y reducir la confianza en las instituciones. Ese tipo de manipulación es más difícil de medir que una alteración informática de las papeletas, pero forma parte central de la amenaza descrita por los servicios de inteligencia.

Venezuela y las capacidades de manipulación electrónica

Uno de los documentos más llamativos es una nota de la CIA, fechada el 29 de junio de 2026, que resume informes de inteligencia acumulados entre 2004 y 2020 sobre las capacidades venezolanas para manipular sistemas electrónicos de votación. La nota no presenta una investigación específica sobre el recuento estadounidense de 2020, sino una revisión histórica de información relativa a Venezuela, Smartmatic y otros componentes tecnológicos.

La CIA sostiene que durante años existieron preocupaciones persistentes sobre el interés del Gobierno venezolano en alterar resultados electorales mediante sistemas electrónicos. Según el documento, funcionarios del régimen de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro manifestaron interés en esas capacidades, y determinados servicios venezolanos habrían trabajado con el Consejo Nacional Electoral para diseñar métodos de manipulación basados en máquinas previamente programadas, duplicación virtual de equipos o sustitución de datos.

Una de las informaciones recogidas describía un supuesto plan para modificar aproximadamente 300 centros de votación en zonas tradicionalmente chavistas, con el fin de garantizar una ventaja cercana a 1,5 millones de votos. Otra referencia, correspondiente a 2020, hablaba de la creación de un segundo conjunto de máquinas virtuales que reproduciría los resultados legítimos, pero permitiría sustituir después los datos por otros manipulados mientras las cifras parecían proceder de equipos auténticos.

La nota también menciona posibles vulnerabilidades teóricas: componentes de inteligencia artificial capaces de modificar totales, sistemas que podían registrar o transmitir votos de forma no auditada, acceso privilegiado de técnicos y una arquitectura centralizada susceptible de intervención interna. No obstante, la propia CIA subraya los límites de la información. Los analistas consideraban técnicamente posibles algunas capacidades, pero no confirmaban que todas hubieran sido utilizadas ni que se hubiese ejecutado un fraude electrónico a gran escala en cada una de las elecciones examinadas.

Este matiz resulta esencial. El informe acredita que los servicios de inteligencia estadounidenses investigaron seriamente la posibilidad de manipulación electrónica en Venezuela y que consideraron plausibles determinados mecanismos. No establece, en cambio, que esas técnicas fueran trasladadas automáticamente a las elecciones de Estados Unidos ni que las máquinas utilizadas en 2020 hubieran sido controladas desde Caracas.

Las bases de datos y los registros, el eslabón más expuesto

El memorándum sobre vulnerabilidades de la infraestructura electoral estadounidense, fechado en enero de 2020, identificaba como objetivos especialmente frágiles las bases de datos de registro de votantes, los libros electorales electrónicos y las páginas de las autoridades locales. Muchos de estos sistemas estaban conectados a Internet porque debían actualizarse continuamente y prestar servicios públicos.

Un atacante que accediera a una base de datos no necesitaba necesariamente fabricar votos falsos. Podía modificar registros, eliminar temporalmente nombres, alterar colegios electorales, provocar que determinados ciudadanos tuvieran que utilizar papeletas provisionales o generar retrasos suficientes para desacreditar el proceso. Los analistas consideraban que las máquinas de recuento y tabulación también podían ser manipuladas a escala local, aunque juzgaban mucho más difícil coordinar una alteración amplia capaz de cambiar el resultado nacional.

El documento señalaba que las auditorías posteriores y la existencia de registros en papel probablemente permitirían descubrir una operación extensa. También advertía de que los ataques contra las páginas que publican resultados preliminares podían crear la apariencia de un recuento manipulado aunque las cifras certificadas permanecieran intactas en sistemas separados.

Esta diferencia entre el resultado real y su representación pública ofrece un terreno especialmente fértil para la desinformación. Un ataque de denegación de servicio, una página caída, un retraso en la publicación de datos o una cifra preliminar alterada durante unas horas pueden ser utilizados como “prueba” de fraude, aunque los votos almacenados y certificados no hayan cambiado.

Manipular la percepción puede ser tan eficaz como alterar votos

Los servicios de inteligencia advirtieron expresamente de que un adversario podía causar un enorme daño sin penetrar en una sola máquina electoral. Bastaba con afirmar que lo había hecho. Una potencia extranjera podía anunciar falsamente que controlaba miles de equipos, combinar esa declaración con un ataque menor contra una página oficial y dejar que la sospecha se propagara durante las semanas o meses necesarios para que las autoridades investigasen lo ocurrido.

El memorándum de enero de 2020 reconocía que algunas afirmaciones serían extremadamente difíciles de refutar, especialmente si el Gobierno desconocía qué sistemas habían sido examinados por el adversario. Una intrusión real en una base de datos secundaria podía servir para dar credibilidad a una mentira mucho mayor sobre la alteración del recuento. Incluso un incidente sin efecto sobre las papeletas podía erosionar la confianza pública si se presentaba como evidencia de una penetración generalizada.

Esta estrategia convierte la confianza en el verdadero campo de batalla. En un país profundamente polarizado, cada interrupción técnica, demora administrativa o decisión controvertida puede ser integrada en una narrativa de fraude. El éxito de la operación no se mide únicamente por el número de votos modificados, sino por el número de ciudadanos convencidos de que el sistema carece de legitimidad.

Lo que prueban y lo que no prueban los documentos

La documentación desclasificada permite establecer varias conclusiones sólidas. La primera es que diferentes potencias extranjeras intentaron influir en el clima político estadounidense de 2020. Rusia trabajó principalmente contra Biden y a favor de un escenario favorable a Trump; Irán operó contra Trump; y China prefería su derrota, aunque dentro de la comunidad de inteligencia existió una controversia sobre si Pekín había pasado de la mera recopilación de información a una verdadera campaña de influencia.

La segunda conclusión es que los sistemas electorales estadounidenses presentaban vulnerabilidades técnicas reales. Algunas podían permitir accesos no autorizados, alteraciones locales, interrupciones, robo de datos o movimientos laterales desde redes administrativas hacia componentes electorales. La fragmentación del sistema, gestionado por miles de administraciones diferentes, dificultaba una protección uniforme.

La tercera es que los servicios de inteligencia conocían antes de las elecciones buena parte de esos riesgos. Ya en enero y agosto de 2020 se advertía de la posibilidad de comprometer registros, páginas oficiales, libros electrónicos, sistemas de tabulación y determinados equipos de votación.

La cuarta es que hubo discrepancias internas sobre la valoración de China y sobre el modo en que debían clasificarse determinadas operaciones. Esos desacuerdos cuestionan la idea de una comunidad de inteligencia completamente unánime, pero no permiten concluir, sin pruebas adicionales, que sus informes finales fueran fabricados para beneficiar a uno de los candidatos.

Finalmente, los documentos no presentan una demostración concluyente de que la victoria de Joe Biden en 2020 fuera consecuencia de una alteración informática masiva de votos. Tampoco autorizan a afirmar que la infraestructura era segura en todos sus niveles. Lo que revelan es un panorama situado entre esos dos extremos: no aparece acreditado un fraude nacional coordinado que cambiara el ganador, pero sí un ecosistema vulnerable, sometido a operaciones extranjeras, a fallos técnicos, a intereses partidistas y a una profunda batalla por controlar la percepción pública.

La gran revelación de los documentos no es, por tanto, la existencia de una única conspiración capaz de explicar todo lo ocurrido en 2020. Es algo más complejo y posiblemente más preocupante: el sistema electoral de la primera potencia mundial se encontraba expuesto simultáneamente a la propaganda extranjera, el espionaje, la desinformación, las deficiencias de los proveedores, las redes locales mal protegidas y las discrepancias internas de sus propios organismos de inteligencia. En ese escenario, la manipulación electoral no necesitaba adoptar la forma espectacular de millones de votos cambiados a distancia. Podía consistir también en moldear el debate, introducir narrativas, explotar vulnerabilidades menores, sembrar dudas y conseguir que una parte creciente de la sociedad dejara de creer en la legitimidad de cualquier resultado.