Fundación Disenso
El 41,7% de los detenidos por agresión sexual con penetración son extranjeros
El estudio de la Fundación Disenso cruza estadísticas del INE, Interior, el Poder Judicial, las policías y las instituciones penitenciarias, y reclama que el Gobierno publique regularmente los datos delictivos desglosados por nacionalidad
![[Img #30854]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2026/2401_captura-de-pantalla-2026-07-17-164757.jpg)
Los ciudadanos extranjeros representaban el 13,4% de la población española en 2024, pero protagonizaron el 37,7% de las detenciones e investigaciones policiales registradas durante ese mismo año. Su presencia fue especialmente elevada en los delitos contra la libertad sexual: constituyeron el 39,2% de los detenidos o investigados por el conjunto de estas infracciones y el 41,7% en los casos de agresión sexual con penetración. Son algunas de las principales conclusiones de Inmigración, delincuencia y seguridad de las mujeres, un extenso informe de la Fundación Disenso elaborado a partir de estadísticas oficiales nacionales y autonómicas.
El estudio analiza datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y las administraciones penitenciarias. Sus autores sostienen que la población extranjera aparece sobrerrepresentada en las tres fases examinadas del sistema penal: las actuaciones policiales, las condenas firmes y el ingreso en prisión.
En 2024 se contabilizaron en España 577.107 detenciones e investigaciones, de las que 217.377 correspondieron a ciudadanos extranjeros, el 37,7% del total. La proporción aumentó hasta el 43,4% en los delitos contra el patrimonio, el 47,6% en los hurtos, el 53,8% en los robos con violencia o intimidación y el 60,6% cuando estos últimos se cometieron en espacios públicos. En las agresiones sexuales, los extranjeros supusieron el 40,7% de las personas detenidas o investigadas, porcentaje que alcanzó el citado 41,7% en las agresiones con penetración.
La investigación advierte, no obstante, de que una detención no equivale a una declaración de culpabilidad. Además, una misma persona puede aparecer varias veces en las estadísticas si ha sido detenida en distintas ocasiones. El informe también admite que determinados colectivos extranjeros pueden estar más expuestos al control policial por encontrarse en situación irregular, carecer de domicilio estable o desarrollar buena parte de su actividad en espacios públicos. Por ese motivo, los autores contrastan las cifras policiales con los datos penitenciarios y las sentencias firmes.
El peso de los extranjeros se mantiene en prisiones y condenas
Los establecimientos dependientes de la Administración General del Estado albergaban al finalizar 2024 a 48.947 presos, de los cuales 14.336 —el 29,3%— tenían nacionalidad extranjera. Al añadir los datos de Cataluña, que gestiona su propio sistema penitenciario, el porcentaje se elevaba al 32,6%: 18.773 extranjeros sobre un total de 57.541 reclusos. Esta suma no incorpora las cárceles del País Vasco, cuyas competencias también están transferidas.
La proporción era aún mayor entre los presos preventivos. De las 8.426 personas que permanecían en prisión provisional al terminar 2024, 4.035 eran extranjeras, el 47,9%. El propio documento señala que esta cifra debe interpretarse teniendo en cuenta que los tribunales pueden apreciar un mayor riesgo de fuga cuando el acusado carece de arraigo, domicilio o vínculos estables en España. Entre quienes ya cumplían condena, el porcentaje extranjero descendía al 25%.
Los datos de sentencias firmes apuntan en la misma dirección, aunque con una diferencia menor. En 2024 fueron condenadas 306.807 personas, de las cuales 87.817 —el 28,6%— eran extranjeras. Desde 2020, el número de extranjeros condenados aumentó un 58%, al pasar de 55.509 a 87.817, un crecimiento superior al experimentado por la población extranjera durante ese periodo.
La reducción progresiva desde el 37,7% de las detenciones hasta el 28,6% de las condenas puede reflejar el funcionamiento del filtro judicial, el archivo de procedimientos, las dificultades probatorias o diferencias entre los distintos tipos de delito. Sin embargo, para la Fundación Disenso, el mantenimiento de la sobrerrepresentación en las condenas firmes y en la población penitenciaria indica que el fenómeno no puede explicarse exclusivamente por un hipotético sesgo policial.
Marruecos encabeza con amplia diferencia las entradas de extranjeros en las cárceles españolas. En 2024 se registraron 2.425 ingresos de ciudadanos marroquíes, más del doble que los 1.007 de colombianos. A continuación aparecen los rumanos, con 804 ingresos; los argelinos, con 697; los ecuatorianos, con 309; los peruanos, con 266, y los albaneses, con 260. Los ingresos de marroquíes aumentaron un 64% desde 2020, cuando se contabilizaron 1.480.
El País Vasco, Cataluña y Navarra
La investigación presta especial atención a las comunidades cuyos cuerpos policiales han facilitado alguna clase de desglose por nacionalidad, origen o lugar de nacimiento. Las diferencias metodológicas son importantes: las estadísticas estatales emplean la nacionalidad administrativa; la Ertzaintza clasifica por lugar de nacimiento, por lo que incluye como personas de origen extranjero a quienes hayan adquirido la nacionalidad española; y los datos navarros utilizan el concepto de “origen”, sin que la información disponible permita precisar siempre si se refiere a nacionalidad o país de nacimiento.
Según las cifras de la Ertzaintza correspondientes a 2025, 19.528 de las 41.811 detenciones e investigaciones practicadas en el País Vasco afectaron a personas nacidas fuera de España, el 46,7%. Si se consideran únicamente las detenciones, que implican privación de libertad, el porcentaje alcanzó el 61,3%: 5.654 de las 9.222 realizadas durante el año. La población con nacionalidad extranjera representaba alrededor del 10,2% de los residentes en la comunidad.
En los delitos sexuales, 440 de las 785 personas detenidas o investigadas por la Ertzaintza habían nacido en el extranjero, el 56,1%. La proporción ascendió al 57,6% en las agresiones sexuales y al 67,6% en las agresiones con penetración: 48 de los 71 arrestados por esta última modalidad habían nacido fuera de España. En robos con violencia o intimidación, la proporción de personas de origen extranjero fue del 75,4%, mientras que alcanzó el 69,6% en los robos con fuerza en viviendas y el 53,6% en los hurtos.
En Cataluña, los extranjeros protagonizaron el 60,3% de las detenciones efectuadas por los Mossos d’Esquadra por agresión sexual durante 2025, frente a un peso demográfico del 18,7%. Los datos facilitados anteriormente sobre Barcelona mostraban porcentajes todavía más elevados en los delitos patrimoniales: el 91% de los detenidos por hurto y el 83,5% de los arrestados por robo con violencia eran extranjeros.
En Navarra, la información proporcionada en respuesta a una pregunta parlamentaria situó en personas de origen extranjero al 62,96% de los presuntos autores de delitos sexuales registrados en 2025, al 73,3% de los relacionados con homicidios y al 71,77% de los robos. El informe destaca la presencia de ciudadanos marroquíes y argelinos dentro de estas estadísticas, aunque recuerda que se trata de una comunicación puntual y no de una serie oficial publicada regularmente.
Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 67% desde 2019
El informe sitúa esta sobrerrepresentación en un contexto de crecimiento sostenido de los delitos sexuales. Las infracciones contra la libertad sexual pasaron de 15.338 en 2019 a aproximadamente 20.500 en 2025, mientras que las agresiones con penetración aumentaron de 2.290 a 3.816, un 67% en seis años.
Los autores subrayan que el aumento no coincide con una subida generalizada de todas las formas de delincuencia. Durante 2025 descendieron los homicidios consumados, los robos con violencia, los robos con fuerza en viviendas, los hurtos y la sustracción de vehículos. La delincuencia convencional permaneció prácticamente estable, mientras que la cibercriminalidad y determinados delitos violentos o sexuales continuaron creciendo.
Los primeros datos de 2026 prolongan esa tendencia. Entre enero y marzo se contabilizaron 4.806 delitos sexuales, un 1,1% más que durante el mismo periodo de 2025. Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 3,8%, desde 1.243 hasta 1.290 casos. En ese trimestre, la delincuencia total creció un 1%, mientras que los hurtos descendieron un 3,2% y los robos con fuerza bajaron un 4,2%.
Una correlación que no demuestra causalidad
La Fundación Disenso también compara territorialmente el porcentaje de población extranjera con las tasas de criminalidad. El resultado es una correlación positiva en los tres niveles estudiados: 0,80 entre comunidades autónomas, 0,62 entre provincias y 0,54 entre municipios. En el caso de los delitos sexuales, la correlación provincial asciende a 0,66.
El propio informe insiste en que estas cifras no demuestran una relación causal. Las regiones con mayor presencia extranjera suelen ser también las más urbanizadas, turísticas, desiguales y densamente pobladas, factores que pueden elevar por sí solos la delincuencia. Las correlaciones territoriales tampoco permiten concluir que un delito concreto haya sido cometido por una persona extranjera. Para aproximarse a esa dimensión individual, el estudio recurre separadamente a las detenciones, las condenas y la población penitenciaria.
La investigación explora, además, una posible relación entre las pautas delictivas y el grado de desigualdad entre hombres y mujeres en los países de procedencia. Para ello cruza los datos españoles con los índices de desigualdad de género de Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y el Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad. Marruecos ocupa los puestos 113 de 191, 137 de 148 y 102 de 181, respectivamente; Argelia figura en los puestos 114, 141 y 123. El estudio plantea que la socialización en sociedades con menor igualdad podría ser uno de los factores explicativos, pero reconoce expresamente que esas clasificaciones internacionales no prueban que la cultura del país de origen cause posteriormente conductas delictivas en España.
Una reclamación de transparencia
La principal reivindicación del documento se dirige al Ministerio del Interior. La Fundación Disenso considera que los balances trimestrales informan sobre el número y la localización de los delitos, pero no publican de manera sistemática la nacionalidad, el país de nacimiento, la edad o el sexo de los presuntos autores. Esta carencia obliga a combinar fuentes que no siempre utilizan los mismos criterios y dificulta elaborar comparaciones homogéneas entre territorios y años.
El informe reclama una publicación periódica, accesible y desagregada de estas estadísticas, acompañada de las cautelas necesarias para diferenciar entre detenidos, investigados, procesados y condenados. Sus autores sostienen que disponer de información completa permitiría conocer qué grupos presentan mayores problemas de integración, diseñar políticas preventivas específicas y abordar la seguridad de las mujeres sin convertir el debate en un enfrentamiento puramente ideológico.
En la presentación de este informe, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que sus conclusiones “desmontan el falso mantra que durante tantos años han repetido unos y otros de que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones”.
Según Garriga, el estudio demuestra que “las políticas migratorias impulsadas durante décadas por el Partido Socialista y el Partido Popular no solo no garantizan las pensiones, sino que las comprometen todavía más, ponen en riesgo el Estado del bienestar y saturan absolutamente todos los servicios públicos”.
El líder de Vox ha recordado que su formación lleva años denunciando esta situación y ha defendido que ya está aplicando medidas allí donde tiene capacidad de influencia. En este sentido, ha destacado que Vox “está impulsando la prioridad nacional desde los gobiernos regionales” y que ya ha logrado que “las personas en situación irregular dejen de percibir determinadas rentas mínimas garantizadas en algunas comunidades autónomas”.
“Son los primeros pasos con la fuerza que hoy tenemos, pero también un anticipo de lo que hará Vox cuando llegue al Gobierno de la nación”, ha asegurado Garriga, quien ha reiterado que la prioridad de su formación será “proteger el Estado del bienestar para los españoles”.
El estudio de la Fundación Disenso cruza estadísticas del INE, Interior, el Poder Judicial, las policías y las instituciones penitenciarias, y reclama que el Gobierno publique regularmente los datos delictivos desglosados por nacionalidad
Los ciudadanos extranjeros representaban el 13,4% de la población española en 2024, pero protagonizaron el 37,7% de las detenciones e investigaciones policiales registradas durante ese mismo año. Su presencia fue especialmente elevada en los delitos contra la libertad sexual: constituyeron el 39,2% de los detenidos o investigados por el conjunto de estas infracciones y el 41,7% en los casos de agresión sexual con penetración. Son algunas de las principales conclusiones de Inmigración, delincuencia y seguridad de las mujeres, un extenso informe de la Fundación Disenso elaborado a partir de estadísticas oficiales nacionales y autonómicas.
El estudio analiza datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y las administraciones penitenciarias. Sus autores sostienen que la población extranjera aparece sobrerrepresentada en las tres fases examinadas del sistema penal: las actuaciones policiales, las condenas firmes y el ingreso en prisión.
En 2024 se contabilizaron en España 577.107 detenciones e investigaciones, de las que 217.377 correspondieron a ciudadanos extranjeros, el 37,7% del total. La proporción aumentó hasta el 43,4% en los delitos contra el patrimonio, el 47,6% en los hurtos, el 53,8% en los robos con violencia o intimidación y el 60,6% cuando estos últimos se cometieron en espacios públicos. En las agresiones sexuales, los extranjeros supusieron el 40,7% de las personas detenidas o investigadas, porcentaje que alcanzó el citado 41,7% en las agresiones con penetración.
La investigación advierte, no obstante, de que una detención no equivale a una declaración de culpabilidad. Además, una misma persona puede aparecer varias veces en las estadísticas si ha sido detenida en distintas ocasiones. El informe también admite que determinados colectivos extranjeros pueden estar más expuestos al control policial por encontrarse en situación irregular, carecer de domicilio estable o desarrollar buena parte de su actividad en espacios públicos. Por ese motivo, los autores contrastan las cifras policiales con los datos penitenciarios y las sentencias firmes.
El peso de los extranjeros se mantiene en prisiones y condenas
Los establecimientos dependientes de la Administración General del Estado albergaban al finalizar 2024 a 48.947 presos, de los cuales 14.336 —el 29,3%— tenían nacionalidad extranjera. Al añadir los datos de Cataluña, que gestiona su propio sistema penitenciario, el porcentaje se elevaba al 32,6%: 18.773 extranjeros sobre un total de 57.541 reclusos. Esta suma no incorpora las cárceles del País Vasco, cuyas competencias también están transferidas.
La proporción era aún mayor entre los presos preventivos. De las 8.426 personas que permanecían en prisión provisional al terminar 2024, 4.035 eran extranjeras, el 47,9%. El propio documento señala que esta cifra debe interpretarse teniendo en cuenta que los tribunales pueden apreciar un mayor riesgo de fuga cuando el acusado carece de arraigo, domicilio o vínculos estables en España. Entre quienes ya cumplían condena, el porcentaje extranjero descendía al 25%.
Los datos de sentencias firmes apuntan en la misma dirección, aunque con una diferencia menor. En 2024 fueron condenadas 306.807 personas, de las cuales 87.817 —el 28,6%— eran extranjeras. Desde 2020, el número de extranjeros condenados aumentó un 58%, al pasar de 55.509 a 87.817, un crecimiento superior al experimentado por la población extranjera durante ese periodo.
La reducción progresiva desde el 37,7% de las detenciones hasta el 28,6% de las condenas puede reflejar el funcionamiento del filtro judicial, el archivo de procedimientos, las dificultades probatorias o diferencias entre los distintos tipos de delito. Sin embargo, para la Fundación Disenso, el mantenimiento de la sobrerrepresentación en las condenas firmes y en la población penitenciaria indica que el fenómeno no puede explicarse exclusivamente por un hipotético sesgo policial.
Marruecos encabeza con amplia diferencia las entradas de extranjeros en las cárceles españolas. En 2024 se registraron 2.425 ingresos de ciudadanos marroquíes, más del doble que los 1.007 de colombianos. A continuación aparecen los rumanos, con 804 ingresos; los argelinos, con 697; los ecuatorianos, con 309; los peruanos, con 266, y los albaneses, con 260. Los ingresos de marroquíes aumentaron un 64% desde 2020, cuando se contabilizaron 1.480.
El País Vasco, Cataluña y Navarra
La investigación presta especial atención a las comunidades cuyos cuerpos policiales han facilitado alguna clase de desglose por nacionalidad, origen o lugar de nacimiento. Las diferencias metodológicas son importantes: las estadísticas estatales emplean la nacionalidad administrativa; la Ertzaintza clasifica por lugar de nacimiento, por lo que incluye como personas de origen extranjero a quienes hayan adquirido la nacionalidad española; y los datos navarros utilizan el concepto de “origen”, sin que la información disponible permita precisar siempre si se refiere a nacionalidad o país de nacimiento.
Según las cifras de la Ertzaintza correspondientes a 2025, 19.528 de las 41.811 detenciones e investigaciones practicadas en el País Vasco afectaron a personas nacidas fuera de España, el 46,7%. Si se consideran únicamente las detenciones, que implican privación de libertad, el porcentaje alcanzó el 61,3%: 5.654 de las 9.222 realizadas durante el año. La población con nacionalidad extranjera representaba alrededor del 10,2% de los residentes en la comunidad.
En los delitos sexuales, 440 de las 785 personas detenidas o investigadas por la Ertzaintza habían nacido en el extranjero, el 56,1%. La proporción ascendió al 57,6% en las agresiones sexuales y al 67,6% en las agresiones con penetración: 48 de los 71 arrestados por esta última modalidad habían nacido fuera de España. En robos con violencia o intimidación, la proporción de personas de origen extranjero fue del 75,4%, mientras que alcanzó el 69,6% en los robos con fuerza en viviendas y el 53,6% en los hurtos.
En Cataluña, los extranjeros protagonizaron el 60,3% de las detenciones efectuadas por los Mossos d’Esquadra por agresión sexual durante 2025, frente a un peso demográfico del 18,7%. Los datos facilitados anteriormente sobre Barcelona mostraban porcentajes todavía más elevados en los delitos patrimoniales: el 91% de los detenidos por hurto y el 83,5% de los arrestados por robo con violencia eran extranjeros.
En Navarra, la información proporcionada en respuesta a una pregunta parlamentaria situó en personas de origen extranjero al 62,96% de los presuntos autores de delitos sexuales registrados en 2025, al 73,3% de los relacionados con homicidios y al 71,77% de los robos. El informe destaca la presencia de ciudadanos marroquíes y argelinos dentro de estas estadísticas, aunque recuerda que se trata de una comunicación puntual y no de una serie oficial publicada regularmente.
Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 67% desde 2019
El informe sitúa esta sobrerrepresentación en un contexto de crecimiento sostenido de los delitos sexuales. Las infracciones contra la libertad sexual pasaron de 15.338 en 2019 a aproximadamente 20.500 en 2025, mientras que las agresiones con penetración aumentaron de 2.290 a 3.816, un 67% en seis años.
Los autores subrayan que el aumento no coincide con una subida generalizada de todas las formas de delincuencia. Durante 2025 descendieron los homicidios consumados, los robos con violencia, los robos con fuerza en viviendas, los hurtos y la sustracción de vehículos. La delincuencia convencional permaneció prácticamente estable, mientras que la cibercriminalidad y determinados delitos violentos o sexuales continuaron creciendo.
Los primeros datos de 2026 prolongan esa tendencia. Entre enero y marzo se contabilizaron 4.806 delitos sexuales, un 1,1% más que durante el mismo periodo de 2025. Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 3,8%, desde 1.243 hasta 1.290 casos. En ese trimestre, la delincuencia total creció un 1%, mientras que los hurtos descendieron un 3,2% y los robos con fuerza bajaron un 4,2%.
Una correlación que no demuestra causalidad
La Fundación Disenso también compara territorialmente el porcentaje de población extranjera con las tasas de criminalidad. El resultado es una correlación positiva en los tres niveles estudiados: 0,80 entre comunidades autónomas, 0,62 entre provincias y 0,54 entre municipios. En el caso de los delitos sexuales, la correlación provincial asciende a 0,66.
El propio informe insiste en que estas cifras no demuestran una relación causal. Las regiones con mayor presencia extranjera suelen ser también las más urbanizadas, turísticas, desiguales y densamente pobladas, factores que pueden elevar por sí solos la delincuencia. Las correlaciones territoriales tampoco permiten concluir que un delito concreto haya sido cometido por una persona extranjera. Para aproximarse a esa dimensión individual, el estudio recurre separadamente a las detenciones, las condenas y la población penitenciaria.
La investigación explora, además, una posible relación entre las pautas delictivas y el grado de desigualdad entre hombres y mujeres en los países de procedencia. Para ello cruza los datos españoles con los índices de desigualdad de género de Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y el Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad. Marruecos ocupa los puestos 113 de 191, 137 de 148 y 102 de 181, respectivamente; Argelia figura en los puestos 114, 141 y 123. El estudio plantea que la socialización en sociedades con menor igualdad podría ser uno de los factores explicativos, pero reconoce expresamente que esas clasificaciones internacionales no prueban que la cultura del país de origen cause posteriormente conductas delictivas en España.
Una reclamación de transparencia
La principal reivindicación del documento se dirige al Ministerio del Interior. La Fundación Disenso considera que los balances trimestrales informan sobre el número y la localización de los delitos, pero no publican de manera sistemática la nacionalidad, el país de nacimiento, la edad o el sexo de los presuntos autores. Esta carencia obliga a combinar fuentes que no siempre utilizan los mismos criterios y dificulta elaborar comparaciones homogéneas entre territorios y años.
El informe reclama una publicación periódica, accesible y desagregada de estas estadísticas, acompañada de las cautelas necesarias para diferenciar entre detenidos, investigados, procesados y condenados. Sus autores sostienen que disponer de información completa permitiría conocer qué grupos presentan mayores problemas de integración, diseñar políticas preventivas específicas y abordar la seguridad de las mujeres sin convertir el debate en un enfrentamiento puramente ideológico.
En la presentación de este informe, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que sus conclusiones “desmontan el falso mantra que durante tantos años han repetido unos y otros de que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones”.
Según Garriga, el estudio demuestra que “las políticas migratorias impulsadas durante décadas por el Partido Socialista y el Partido Popular no solo no garantizan las pensiones, sino que las comprometen todavía más, ponen en riesgo el Estado del bienestar y saturan absolutamente todos los servicios públicos”.
El líder de Vox ha recordado que su formación lleva años denunciando esta situación y ha defendido que ya está aplicando medidas allí donde tiene capacidad de influencia. En este sentido, ha destacado que Vox “está impulsando la prioridad nacional desde los gobiernos regionales” y que ya ha logrado que “las personas en situación irregular dejen de percibir determinadas rentas mínimas garantizadas en algunas comunidades autónomas”.
“Son los primeros pasos con la fuerza que hoy tenemos, pero también un anticipo de lo que hará Vox cuando llegue al Gobierno de la nación”, ha asegurado Garriga, quien ha reiterado que la prioridad de su formación será “proteger el Estado del bienestar para los españoles”.
