Un demoledor informe del Departamento de Estado presenta a La Habana como “la capital del comunismo del siglo XXI” y sostiene que el régimen cubano ha penetrado durante décadas en el Pentágono, la Casa Blanca y la diplomacia estadounidense, mientras construía una red internacional de guerrillas, activistas, organizaciones pantalla y aliados estratégicos al servicio de una revolución marxista continental.

El Gobierno de Estados Unidos ha formulado una de las acusaciones más graves lanzadas contra el régimen cubano desde el final de la Guerra Fría. En un extenso informe de 107 páginas titulado Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, el Departamento de Estado sostiene que La Habana lleva casi siete décadas desarrollando una guerra irregular contra Estados Unidos basada no en la confrontación militar abierta, sino en el espionaje, la infiltración institucional, el sabotaje, la propaganda, la formación de movimientos revolucionarios y la utilización de organizaciones aparentemente civiles.

La tesis central del documento es contundente: Cuba habría perfeccionado un modelo de guerra de desgaste destinado a provocar que Estados Unidos se enfrentase contra sí mismo. Según Washington, el régimen castrista entrenó y armó a decenas de miles de guerrilleros, respaldó insurgencias violentas en varios continentes, ofreció refugio a fugitivos acusados de atentados y asesinatos y permitió que agentes cubanos operasen durante décadas en los niveles más sensibles del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono.

El informe afirma que la principal victoria de La Habana no se produjo, sin embargo, en el terreno militar, sino en el ideológico. Desde los años sesenta, Cuba habría sustituido el viejo marxismo centrado exclusivamente en la lucha de clases por una nueva doctrina revolucionaria construida alrededor del anticolonialismo, las identidades raciales, el tercermundismo y el rechazo de la civilización occidental. Esa transformación habría convertido al castrismo, y no al comunismo soviético, en una de las influencias fundamentales de la nueva izquierda internacional.

Para el Departamento de Estado, la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en 1966 fue uno de los momentos decisivos de ese proyecto. Más de 500 representantes de movimientos revolucionarios de 82 países se reunieron en Cuba para articular una causa común contra Estados Unidos y las potencias occidentales. El documento reproduce incluso, en las páginas 11 y 12, una extensa relación de organizaciones participantes procedentes de América Latina, África, Asia y Oriente Medio.

Washington atribuye al régimen cubano un papel directo en la ola de violencia política que sacudió Estados Unidos durante los años sesenta y setenta. El informe recuerda que el FBI contabilizó alrededor de 2.500 atentados con explosivos en apenas 18 meses, entre 1971 y 1972, y asegura que dirigentes del grupo terrorista Weather Underground mantuvieron contactos con funcionarios cubanos, recibieron apoyo operativo y viajaron a la isla para conocer técnicas de guerrilla urbana. También sostiene que La Habana colaboró con organizaciones armadas puertorriqueñas y ofreció refugio a militantes de las Panteras Negras perseguidos por la Justicia estadounidense.

La acusación más delicada se refiere a la penetración de los servicios de inteligencia cubanos dentro de la propia Administración norteamericana. El informe describe una estrategia basada en captar a jóvenes ideológicamente comprometidos, especialmente en universidades de élite, y acompañar durante años su ascenso profesional hasta que alcanzasen puestos con acceso a información clasificada. La inteligencia cubana, sostiene el texto, habría privilegiado a los “verdaderos creyentes”, agentes movidos por convicciones políticas y no por dinero, mucho más difíciles de detectar porque no dejaban transferencias económicas ni signos externos de enriquecimiento.

Uno de los ejemplos destacados es el de Víctor Manuel Rocha, antiguo embajador de Estados Unidos en Bolivia y exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Bill Clinton. Rocha, que también asesoró al Comando Sur estadounidense, fue condenado en 2024 a 15 años de prisión tras declararse culpable de actuar clandestinamente durante décadas como agente del Gobierno cubano. El entonces fiscal general Merrick Garland describió el caso como una de las infiltraciones más prolongadas y profundas sufridas por la Administración estadounidense.

Todavía más grave es el caso de Ana Belén Montes, conocida en la Agencia de Inteligencia de Defensa como la “Reina de Cuba”. Reclutada cuando estudiaba un posgrado en la Universidad Johns Hopkins, Montes llegó a convertirse en la principal analista del Pentágono sobre Cuba y participó en informes dirigidos al Estado Mayor y al Consejo de Seguridad Nacional. Posteriormente reconoció haber revelado la identidad de al menos cuatro agentes estadounidenses y haber transmitido información sobre una base secreta en El Salvador y sobre un programa satelital destinado a recopilar inteligencia acerca de Rusia, China e Irán. El informe considera probable que sus revelaciones contribuyeran a la muerte o al daño sufrido por personal estadounidense en América Latina.

El documento dedica también un amplio apartado a la exportación de la revolución por América Latina. Según el Departamento de Estado, prácticamente todos los movimientos guerrilleros marxistas relevantes del continente desde 1959 recibieron algún tipo de apoyo cubano. El informe menciona a los Tupamaros uruguayos, los Montoneros argentinos, el ELN y el M-19 colombianos, los sandinistas nicaragüenses y organizaciones armadas de Venezuela, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y el Caribe. Cuba habría proporcionado armas, campos de entrenamiento, financiación, refugios y asistencia logística a estos movimientos.

En el caso nicaragüense, Washington califica la victoria sandinista de 1979 como una de las mayores conquistas estratégicas de La Habana. Un memorando del Consejo de Seguridad Nacional citado en el informe aseguraba que Cuba había suministrado una “cantidad increíble de armas” al Frente Sandinista de Liberación Nacional y había puesto a disposición de sus dirigentes instalaciones de entrenamiento, emisoras de propaganda y contactos con otras organizaciones revolucionarias.

El informe asegura que esta infraestructura no desapareció con la caída de la Unión Soviética, sino que se adaptó a las nuevas circunstancias. La Habana habría sustituido parte de su antigua estrategia guerrillera por una red más flexible de ONGs, grupos de solidaridad, asociaciones universitarias, sindicatos, programas de intercambio, campañas políticas y movimientos activistas. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos —ICAP— aparece señalado como uno de los principales centros de esta maquinaria de influencia. El Departamento de Estado afirma que agentes de inteligencia cubanos participan en la selección y evaluación de integrantes de la Brigada Venceremos y de otras delegaciones de extranjeros que viajan a Cuba.

La Habana habría utilizado asimismo acuerdos entre “ciudades hermanas” para acceder a ayuntamientos, universidades, iglesias, hospitales, delegaciones comerciales y autoridades locales estadounidenses. Desertores de los servicios cubanos citados por el documento aseguran que visitantes relevantes eran vigilados mediante micrófonos y cámaras ocultas instaladas en habitaciones de hotel y que las personalidades estadounidenses constituían objetivos prioritarios para los servicios de inteligencia.

El Departamento de Estado señala también a la Red Nacional sobre Cuba, una coalición de más de 60 organizaciones estadounidenses en la que figuran los Socialistas Democráticos de América, CodePink, el Gremio Nacional de Abogados y el Partido Comunista de Estados Unidos. Según el informe, esta red coordina viajes, campañas de presión política y encuentros entre activistas estadounidenses y funcionarios cubanos. El propio ICAP la habría definido como “la voz de Cuba en Estados Unidos”.

Washington sostiene que esta influencia puede rastrearse hasta movimientos contemporáneos como Antifa, colectivos anti-ICE y organizaciones marxistas militantes. En su conclusión, el informe llega a relacionar con la influencia cubana algunas de las convulsiones políticas más importantes de los últimos años en Estados Unidos, desde los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd hasta la radicalización de sectores universitarios. Se trata de una de las afirmaciones más amplias y controvertidas del documento, que no limita la acción cubana al espionaje tradicional, sino que la presenta como una operación destinada a moldear movimientos sociales, discursos políticos y conflictos internos.

El peligro habría aumentado, además, por la cooperación de La Habana con los principales adversarios estratégicos de Washington. Según el informe, la inteligencia recopilada por Cuba es compartida actualmente con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. La isla actuaría como una plataforma avanzada desde la que estos países podrían obtener información, establecer contactos con movimientos estadounidenses y proyectar influencia en todo el hemisferio occidental.

El Departamento de Estado concluye que, pese a la ruina económica del país, el aparato cubano continúa siendo una amenaza de primer orden porque integra en un único proyecto el espionaje, la propaganda, el terrorismo, la diplomacia, los intercambios culturales y las organizaciones civiles. Para Washington, Cuba se habría convertido en algo distinto de un Estado convencional: una estructura internacional de inteligencia, influencia y subversión construida alrededor de una revolución permanente contra Estados Unidos.

El texto representa la posición oficial y extraordinariamente acusatoria de la Administración estadounidense. Sus afirmaciones deben presentarse como denuncias del Departamento de Estado y no como conclusiones judiciales aplicables al conjunto de las organizaciones mencionadas. Pero, aun teniendo en cuenta esa imprescindible cautela, el informe supone una reformulación radical de la amenaza cubana: La Habana ya no aparece como un régimen envejecido y económicamente exhausto, sino como el centro operativo de una guerra política e ideológica que, según Washington, nunca terminó.