Un informe de COVITE y el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo advierte de que los grupos yihadistas han dejado de ser simples organizaciones insurgentes para convertirse en administradores de territorios, rutas comerciales y mercados ilícitos. La cocaína destinada a Europa, el oro ilegal, el tráfico de armas, la inmigración clandestina, los secuestros y la extorsión sostienen unas economías de guerra cada vez más autosuficientes.

El Sahel Central se ha convertido en el principal epicentro mundial del terrorismo yihadista y en el escenario de una transformación de enorme alcance: las organizaciones extremistas que operan en la región ya no se limitan a perpetrar atentados, hostigar a los ejércitos nacionales o disputar territorios a los gobiernos, sino que administran rutas comerciales, explotan minas, recaudan impuestos, protegen redes de narcotráfico y controlan parcialmente el movimiento de armas, mercancías y personas. En 2025, Mali, Níger y Burkina Faso concentraron el 72% de todas las muertes provocadas por el terrorismo en el mundo, mientras cuatro de los cinco países más castigados por esta violencia se encontraban en el Sahel y África Occidental.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Terrorismo, crimen organizado e inestabilidad regional en el Sahel y África Occidental. Desafíos para España y la Unión Europea, publicado en junio de 2026 por COVITE y el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. La investigación ha sido dirigida por Ana Aguilera y coordinada por Carlos Igualada.

El documento sostiene que la relación entre el terrorismo y las economías ilícitas ha dejado de responder a una mera alianza táctica o circunstancial. El crimen organizado se ha convertido en el motor principal de la reproducción, la financiación y la expansión territorial de las organizaciones extremistas. Grupos como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin —JNIM, la principal filial de Al Qaeda en la región—, Estado Islámico en el Sahel e ISWAP han desarrollado auténticas economías de guerra capaces de sobrevivir a la presión militar, sustituir parcialmente al Estado y proporcionar ingresos, protección o mecanismos de arbitraje a las poblaciones locales.

La consecuencia es que la frontera tradicional entre terrorismo y delincuencia organizada resulta cada vez menos útil para interpretar lo que ocurre sobre el terreno. Los mismos grupos que cobran peajes a los traficantes de cocaína gravan el traslado de migrantes, supervisan explotaciones mineras, protegen convoyes de contrabando, extorsionan a comerciantes y ganaderos e imponen tributos sobre la actividad económica cotidiana. La violencia política y el beneficio criminal se alimentan mutuamente dentro de un sistema que el informe define como estructural y territorialmente asentado.

JNIM representa el ejemplo más acabado de esta evolución. La organización nació en marzo de 2017 mediante la integración de varias facciones vinculadas a Al Qaeda, entre ellas Ansar Dine, el Frente de Liberación de Macina, Al Mourabitoun y elementos de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Su estructura funciona como una confederación: mantiene una dirección estratégica centralizada, pero concede autonomía operativa a sus unidades locales, lo que le permite adaptarse a las realidades étnicas, económicas y sociales de cada territorio. Naciones Unidas y otras fuentes citadas por la investigación calculan que dispone de entre 5.000 y 6.000 combatientes y que es el grupo armado no estatal con mayor capacidad de la región.

Su presencia se extiende por el norte y el centro de Mali, amplias zonas de Burkina Faso, el oeste de Níger y las fronteras septentrionales de Benín, Togo, Guinea y Costa de Marfil. La organización combina atentados, emboscadas y ofensivas de gran escala con una estrategia de penetración social. Allí donde el Estado no garantiza seguridad, JNIM se presenta como mediador en disputas, proveedor de protección y defensor de determinadas actividades económicas. Una vez asentado, impone tributos, controla accesos a minas y rutas y desarrolla campañas de reclutamiento. En algunos lugares, la resistencia de la población disminuye cuando el grupo es percibido como menos abusivo o más previsible que las fuerzas estatales y las milicias progubernamentales.

Estado Islámico en el Sahel también ha experimentado una expansión considerable. De unos 425 miembros calculados en 2018 habría pasado a disponer de entre 2.000 y 3.000 combatientes en 2025, con Níger como principal eje de crecimiento. Su rivalidad con JNIM no es únicamente ideológica o territorial: ambos grupos compiten por yacimientos mineros, rutas de tráfico y comunidades situadas en la zona fronteriza entre Mali, Níger y Burkina Faso. El Estado Islámico combina una violencia especialmente letal con la extorsión, el robo de ganado y el cobro de peajes a convoyes de contrabandistas.

El fenómeno no se limita al Sahel Central. En la cuenca del lago Chad, la filial regional de Estado Islámico, ISWAP, ha establecido un sistema fiscal paralelo sobre la pesca, la agricultura, la ganadería y el comercio. Algunas estimaciones recogidas por el informe sitúan en cerca de 191 millones de dólares anuales lo recaudado mediante impuestos en esta zona, una cantidad superior al presupuesto de algunos gobiernos regionales. Junto con Boko Haram, el grupo controla islas, puertos informales y rutas de contrabando que funcionan como santuarios, centros de extorsión y nodos logísticos.

La expansión hacia el Golfo de Guinea es otro de los movimientos que más preocupa a los investigadores. Benín y Togo sufren una penetración continuada de JNIM, mientras Costa de Marfil y Ghana son utilizados como espacios logísticos, zonas de repliegue y centros de abastecimiento. El complejo natural W-Arly-Pendjari, situado entre Benín, Burkina Faso y Níger, se ha convertido en el principal corredor de penetración hacia el sur. La propaganda de JNIM ha expresado abiertamente su intención de establecer bases y santuarios en los países costeros, donde puede acceder con mayor facilidad a combustible, motocicletas, medicamentos y materiales utilizados para fabricar explosivos.

El norte de Ghana ilustra hasta qué punto esta expansión puede desarrollarse sin una presencia armada visible. Entre el 60% y el 70% del oro artesanal extraído en esa zona circula por redes informales dominadas por intermediarios que trasladan el mineral hacia Burkina Faso. Esas redes proporcionan financiación, recursos y cobertura logística a actores vinculados al extremismo, al tiempo que dificultan enormemente la intervención de las autoridades nacionales.

El narcotráfico constituye una de las arterias más importantes de esta economía criminal. Al menos el 30% de la cocaína destinada a los mercados europeos transita actualmente por África Occidental. Las incautaciones en los cinco países del Sahel pasaron de una media anual de apenas 13 kilogramos entre 2015 y 2020 a 1.466 kilogramos en 2022. Solo durante el primer semestre de 2023, Mauritania interceptó 2.300 kilogramos. Entre enero de 2019 y junio de 2024 fueron confiscadas al menos 126 toneladas de cocaína en la región o procedentes de ella, aunque el informe advierte de que los datos reales probablemente sean muy superiores.

La cocaína llega principalmente por los puertos del Golfo de Guinea —especialmente Dakar, Conakri y Lagos— y después es trasladada por tierra hacia el interior del continente y el norte de África. Esas rutas terminan conectando con los corredores transaharianos que durante siglos sirvieron al comercio caravanero. El cannabis marroquí circula en sentido inverso o complementario, atravesando Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, y algunas redes han implantado incluso sistemas de trueque de resina de cannabis por cocaína sudamericana para evitar el uso de efectivo y reducir el riesgo de incautaciones.

Los investigadores puntualizan que la participación directa de JNIM o Estado Islámico en la organización del narcotráfico sigue siendo difícil de demostrar. Su principal negocio consiste en permitir el tránsito y cobrar por él. JNIM aplica un impuesto de protección o de paso a los traficantes que cruzan los territorios bajo su influencia, obteniendo ingresos regulares sin asumir los riesgos del transporte y la distribución. Este modelo podría representar más de una cuarta parte de los ingresos anuales de algunos grupos terroristas. Lo esencial no es qué mercancía atraviesa el corredor, sino quién controla el territorio y quién puede exigir el pago.

La minería artesanal de oro ha superado, sin embargo, al narcotráfico como fuente de financiación estable en numerosos territorios. JNIM controla o influye sobre yacimientos situados en Burkina Faso, Mali y Níger, y ha extendido su explotación indirecta hacia el norte de Ghana. Las minas sometidas a su dominio podrían generar más de 34 millones de dólares anuales, sin contar los impuestos cobrados a intermediarios, transportistas y comerciantes.

Cuando los gobiernos cierran las explotaciones artesanales para impedir que los grupos extremistas se financien, el resultado puede ser el contrario al buscado. Miles de mineros privados de su sustento recurren a JNIM para continuar trabajando, lo que refuerza la imagen de la organización como proveedor de empleo y seguridad. El oro se utiliza, además, como moneda de cambio para adquirir armas, combustible, munición e información. En 2021, la resistencia al control yihadista de una mina situada cerca de Solhan, en Burkina Faso, terminó con el asesinato de al menos 140 personas, la mayoría civiles.

La opacidad de este negocio queda reflejada en las estadísticas comerciales. En 2019, Mali declaró haber exportado a Emiratos Árabes Unidos alrededor de media tonelada de oro, mientras las autoridades emiratíes registraron la entrada de casi 81 toneladas procedentes de Mali. En 2023, Mali declaró cerca de una tonelada y Emiratos contabilizó 77. La diferencia constituye, según la investigación, la huella de una red masiva de contrabando y blanqueo que permite incorporar al mercado internacional oro extraído en zonas de conflicto o controladas por organizaciones armadas.

El tráfico de armas utiliza prácticamente las mismas vías. Entre 250.000 y 700.000 armas habrían salido de los arsenales libios tras la caída de Muamar Gadafi en 2011. Entre 10.000 y 20.000 han sido localizadas en Mali, Níger, Chad y Sudán, aunque las cifras reales podrían multiplicar varias veces esos registros. A estas armas se suman las capturadas en ataques contra cuarteles, las desviadas de arsenales nacionales mediante redes corruptas y las adquiridas en mercados negros.

JNIM transporta armas, municiones y componentes para artefactos explosivos por los corredores que conectan el sur de Libia con el Sahel. Estado Islámico e ISWAP dependen también de capturas realizadas a ejércitos y policías locales. Un mismo convoy puede transportar oro o combustible hacia el norte y regresar cargado de armas. Al mismo tiempo, los grupos están incorporando drones comerciales modificados y explosivos cada vez más sofisticados, reduciendo la ventaja tecnológica de los ejércitos nacionales.

La explotación humana constituye otra fuente permanente de ingresos y control social. Las antiguas rutas caravaneras se han transformado en corredores por los que circulan simultáneamente migrantes, mercancías, combatientes y armas. Los grupos cobran peajes, ofrecen protección a los traficantes y obtienen beneficios mediante secuestros, trabajo forzado y rescates. La ruta principal parte de Mali y Níger, pasa por Agadez, atraviesa el sur de Argelia y la región libia de Fezán y termina en las costas mediterráneas.

En Mali, los traficantes cobran entre 1.000 y 2.500 euros por trasladar a una persona hasta la frontera argelina. JNIM aplica una tasa de protección cercana a los 300 euros por migrante en los trayectos bajo su control. El cerco de Tombuctú, mantenido desde agosto de 2023, demuestra cómo la organización utiliza los bloqueos territoriales para interrumpir las rutas legales y obligar a comerciantes, viajeros y transportistas a pagar los peajes establecidos por el grupo.

La explotación alcanza dimensiones especialmente graves en Libia. El 76% de los hombres, el 67% de las mujeres y el 77% de los menores que atraviesan el país presentan indicadores de explotación y abuso equiparables a la trata de seres humanos. En ciudades como Bani Walid, las bandas secuestran y torturan a migrantes y envían las grabaciones a sus familias para exigir rescates. JNIM, por su parte, fue responsable de 845 de los 1.100 secuestros documentados en Mali, Burkina Faso y Níger entre 2017 y 2023.

La retirada de Francia, Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea ha abierto, además, un vacío geopolítico ocupado parcialmente por Rusia. Africa Corps, organización sucesora del Grupo Wagner y subordinada al Ministerio de Defensa ruso, presta apoyo militar a las juntas a cambio de concesiones mineras y acceso estratégico. En Mali, algunas investigaciones citadas por el informe atribuyen a las fuerzas nacionales y a sus aliados rusos más del 77% de las víctimas civiles registradas durante los ocho primeros meses de 2025. Esta violencia indiscriminada facilita a los grupos yihadistas argumentos para reclutar combatientes y presentarse como defensores de las comunidades perseguidas.

Para España, toda esta estructura tiene consecuencias especialmente inmediatas. El país aparece en el informe como uno de los principales extremos receptores de las rutas atlánticas de la cocaína y de la inmigración irregular. En 2024 llegaron irregularmente a Canarias 46.843 personas, el máximo registrado desde que Frontex comenzó a recopilar estos datos en 2009. La ruta atlántica creció un 19%, mientras el resto de las rutas hacia Europa descendía un 40%. Mali, Senegal y Marruecos figuraban entre las principales nacionalidades de origen.

Los autores señalan que aproximadamente un tercio de la cocaína consumida en Europa pasa ya por África Occidental y que esa proporción podría alcanzar el 50% en 2030. Los puertos y ciudades europeos se encuentran al final de unas cadenas logísticas que comienzan o se consolidan en territorios situados fuera de la jurisdicción europea. Esas mismas infraestructuras sirven para transportar drogas, armas y personas, por lo que actuar únicamente sobre el último tramo de la cadena resulta insuficiente.

Europa también ha perdido capacidad de observación e inteligencia. La retirada de las misiones entre 2022 y 2024 ha reducido el conocimiento directo de las dinámicas locales y ha dificultado la anticipación de los movimientos de los grupos armados y de los flujos que conectan el Sahel, el Magreb y Europa. El informe advierte de que la vigilancia tecnológica no puede reemplazar completamente la información obtenida mediante una presencia humana continuada sobre el terreno.

El balance de las misiones occidentales es severo. La Operación Barkhane logró eliminar dirigentes terroristas e interrumpir temporalmente algunas rutas, pero no desmanteló las estructuras económicas que financiaban a las organizaciones. Por el contrario, la presión militar empujó a los grupos a diversificar sus ingresos y a integrarse más profundamente en las economías locales. La EUTM Mali terminó en 2024 después de once años sin haber producido, según la investigación, una mejora significativa de la seguridad.

El informe reclama por ello una revisión profunda de la política española y europea. La primera prioridad debería ser consolidar la cooperación con Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil y Senegal para impedir que la expansión yihadista alcance de forma estable las costas del Golfo de Guinea. En marzo de 2026, la UE firmó con Ghana su primer Acuerdo de Seguridad y Defensa con un país africano, mientras Senegal recibió diez millones de euros de la Facilidad Europea para la Paz destinados a vigilancia y protección de la población civil.

La segunda línea de actuación pasa por convertir Mauritania y el Magreb en un cinturón de seguridad del flanco sur europeo. Mauritania mantiene relaciones funcionales con la UE, ha evitado incorporarse a la Alianza de Estados del Sahel y ha contenido la expansión del extremismo mediante políticas de reconciliación y reintegración de antiguos combatientes. Europa ha destinado 47 millones de euros al fortalecimiento de sus fuerzas armadas.

El documento propone igualmente restablecer un diálogo pragmático con las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Níger. España, Portugal, Bélgica y Países Bajos estarían impulsando dentro de la UE una estrategia que sustituya el aislamiento por una negociación basada en intereses concretos: control de las rutas ilegales, lucha contra las redes criminales y acceso a recursos estratégicos. Las exigencias sobre derechos humanos no deberían desaparecer, pero sí convertirse en instrumentos de largo plazo vinculados a incentivos, y no en condiciones previas que imposibiliten cualquier conversación.

La última recomendación consiste en crear una cooperación multilateral para rastrear conjuntamente el narcotráfico, el oro, las transferencias financieras, las armas y la actividad terrorista. Analizar cada mercado ilícito por separado produce una imagen incompleta, porque todos comparten corredores, intermediarios y sistemas de protección. La respuesta debería cruzar los datos sobre incautaciones, compraventa de oro, movimientos de divisas, registros mercantiles y actividad yihadista.

La conclusión del informe es que ninguna operación militar, por poderosa que sea, puede desmantelar por sí sola un sistema en el que la violencia, el comercio ilegal y las necesidades económicas de la población forman parte de una misma estructura. Para España y la Unión Europea, la estabilidad del Sahel no constituye ya una cuestión exterior distante, sino un interés estratégico de primer orden conectado con la seguridad interior, la inmigración, el narcotráfico, el suministro de minerales y la capacidad europea para conservar influencia en su vecindad meridional. La respuesta, sostienen los investigadores, deberá combinar seguridad, inteligencia, gobernanza, desarrollo y diplomacia, o correrá el riesgo de volver a combatir a los grupos armados mientras deja intacta la economía que los mantiene vivos.