La Policía Nacional ha detenido en Vizcaya a dos jóvenes proetarras de 29 años por su presunta participación en las agresiones y graves altercados registrados en Bilbao antes de la final del Mundial de fútbol, disputada el pasado 19 de julio y en la que España se proclamó campeona frente a Argentina. A los arrestados se les atribuyen delitos de lesiones y desórdenes públicos, además de la agravante de delito de odio.

Las detenciones se practicaron después de que uno de los aficionados agredidos presentara una denuncia ante la Policía Nacional. Los hechos se produjeron durante las horas previas al encuentro. Una manifestación convocada por la organización filoetarra Iñigo Cabacas Herri Harmaila para reivindicar la oficialidad internacional de una presunta selección vasca recorrió las calles de Bilbao mientras numerosos aficionados de la selección española se congregaban para seguir la final. Durante la marcha, varios nazis proetarras insultaron, amenazaron y agredieron a personas que vestían camisetas o portaban banderas de España.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar en la plaza Campuzano, donde un aficionado de La Roja fue golpeado con puñetazos y patadas después de caer al suelo. Es precisamente esta agresión la que habría motivado las detenciones practicadas por la Policía Nacional. En la misma zona, varios alborotadores lanzaron botellas de cristal, escupieron a los asistentes y se encararon con familias que acudían al lugar acompañadas de niños pequeños, cochecitos de bebé y personas de avanzada edad.

Algunos aficionados fueron perseguidos hasta los portales de sus viviendas mientras los agresores les gritaban expresiones como «iros a vuestro país», «traidores», «payasos» o «asquerosos». La gravedad de los incidentes obligó finalmente a intervenir a efectivos de la Brigada Móvil de la Ertzaintza.

También se registraron altercados en la Gran Vía y en el Parque de Doña Casilda, conocido popularmente como Parque de los Patos. En este último punto, los violentos consiguieron cortar uno de los cables de la pantalla gigante instalada por el Partido Popular para retransmitir la final. La secretaria general del PP vasco y portavoz de la formación en Bilbao, Esther Martínez, se enfrentó personalmente a los radicales que intentaban impedir la celebración del acto. La avería pudo ser solucionada pocos minutos después.

Durante aquella jornada, la Ertzaintza identificó a 21 personas por distintos incidentes. Los identificados tenían entre 15 y 46 años. Una de las personas fue investigada por amenazas con arma blanca y otras cuatro fueron propuestas para sanción administrativa, según el balance difundido por el Departamento vasco de Seguridad.

La actuación posterior de la Policía Nacional ha abierto ahora un inesperado conflicto de competencias con el Gobierno nacionalsocialista vasco (PNV-PSOE). El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha denunciado públicamente que los agentes del cuerpo policial estatal actuaron, a su juicio, «por encima de sus funciones» al investigar y detener a los supuestos responsables de la agresión.

Zupiria, cuya dimisión ha sido repetidamente solicitada por sindicatos policiales vascos, ha reconocido que las detenciones se produjeron después de que la víctima presentara una denuncia ante la Policía Nacional. Sin embargo, considera que esta circunstancia no justifica una intervención que, según su interpretación, corresponde a la Ertzaintza, a la que el Estatuto de Gueernica y los acuerdos posteriores atribuyen las funciones ordinarias de seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público e investigación de los delitos cometidos en Euskadi.

«Lo que le corresponde a la Ertzaintza y a la Policía Nacional o la Guardia Civil está recogido en el Estatuto de Gernika y después hubo un acuerdo político en 1989», manifestó el consejero tras la reunión del Consejo de Gobierno. «Creo que lo de ayer supera esas responsabilidades y así quiero denunciarlo», añadió.

El acuerdo citado por Zupiria fue suscrito en 1989 por los gobiernos de Felipe González y José Antonio Ardanza y configuró a la Ertzaintza como policía integral en el País Vasco, con competencias en mantenimiento del orden público, prevención y persecución de delitos y actuación como policía judicial ordinaria. La Policía Nacional conserva en Euskadi competencias específicas, entre ellas las relacionadas con extranjería, inmigración, documentación y expedición del DNI y del pasaporte.

La polémica surge, por tanto, no porque se cuestione la existencia de la agresión ni la denuncia formulada por la víctima, sino porque el Gobierno nacionalsocialista vasco considera que la Policía Nacional no debía investigar ni detener a los presuntos responsables. Mientras la Ertzaintza se limitó a identificar a una veintena de personas durante los disturbios sin practicar arrestos, la denuncia presentada ante el cuerpo estatal ha terminado con dos sospechosos detenidos por lesiones, desórdenes públicos y un posible delito de odio.