Una columna de inmigrantes ilegales de cinco kilómetros, una auténtica invasión, avanza hacia territorio español atraídos por las políticas inmigracionistas de Pedro Sánchez, las fuerzas marroquíes se inhiben de contenerla y Madrid anuncia ahora un despliegue militar.

Una multitud de inmigrantes ilegales seguía avanzando al caer la tarde. Llegaban andando, en motocicleta, amontonados en automóviles o caminando por los arcenes de las carreteras que desembocan en Fnideq, la antigua Castillejos, apenas separada de Ceuta por una frontera que durante varias horas pareció dejar de existir. Eran mayoritariamente jóvenes en edad militar, muchos vestidos con pantalones cortos, camisetas y zapatillas deportivas, preparados para correr hacia las vallas o arrojarse al mar. La columna humana alcanzaba ya los cinco kilómetros: la distancia completa entre el centro de la localidad marroquí y el territorio español.

Ceuta revivía este jueves 30 de julio una de las jornadas más graves de su historia reciente. Lo que había comenzado a principios de semana como un goteo de jóvenes que intentaban alcanzar a nado la ciudad autónoma terminó transformándose en un movimiento masivo. A media mañana, miles de personas emprendieron la carrera hacia la frontera. Cientos de ellas superaron las vallas de protección y penetraron en territorio español, mientras otras trataron de bordear el espigón fronterizo o se lanzaron al agua.

Las vallas de protección no estaban custodiadas en ese momento y los agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes encargados de la seguridad terrestre se retiraron ante el avance de los jóvenes. No es necesario especular sobre las razones de aquella retirada para constatar el resultado: durante un periodo decisivo, la primera línea de contención desapareció y la presión recayó íntegramente sobre los servicios de seguridad españoles.

En los diez días anteriores habían llegado a Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior. La irrupción masiva del jueves elevó la crisis a otra dimensión y dejó cualquier recuento provisional rápidamente desfasado. Pedro Sánchez ha conseguido levantar la peor crisis migratoria entre España y Marruecos de los últimos cinco años, mientras las autoridades marroquíes evitaban ofrecer cifras oficiales sobre detenidos, rescatados, desaparecidos o posibles fallecidos en el mar.

La reacción de Ceuta fue inmediata. La Junta de Portavoces de la Asamblea solicitó infructuosamente al Gobierno socialista el cierre de la frontera con Marruecos, una medida que consideraba urgente ante la llegada incontrolada de miles de personas. La petición mostraba hasta qué punto las autoridades locales entendían que la capacidad ordinaria de respuesta había quedado superada.

La frontera del Tarajal dejó de ser durante unas horas un paso internacional controlado para convertirse en el escenario de una emergencia simultáneamente migratoria, policial y diplomática. En las calles de Ceuta, los agentes tenían que localizar, identificar y atender a quienes habían logrado entrar; en el litoral, las embarcaciones buscaban a quienes trataban de completar a nado una travesía extraordinariamente peligrosa; al otro lado, miles de personas continuaban concentrándose con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad para cruzar, respondiendo al llamamiento de legalización efectuado por el Ejecutivo extremaizquierdista de Sánchez.

La presión no se detenía pese al despliegue iniciado por Marruecos en estaciones ferroviarias, terminales de autobuses y carreteras. En Rabat, Tánger y otras ciudades, policías y fuerzas auxiliares comenzaron a aparentar interceptar a jóvenes que pretendían desplazarse hacia el norte. Algunos grupos abandonaron las carreteras y se internaron en los bosques para eludir los controles. Sin embargo, en Fnideq, la policía marroquí se encontraba desbordada y la llegada de nuevos grupos continuaba.

La dimensión de la crisis obligó al Gobierno español a adoptar una decisión excepcional: movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil y contribuir al mantenimiento de la seguridad en Ceuta. Los efectivos militares quedarían bajo la coordinación del Mando de Operaciones y prestarían apoyo dentro de las competencias que se considerasen necesarias.

El refuerzo policial y militar revela la magnitud del dispositivo. A los 60 miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad destinados permanentemente a la vigilancia fronteriza se añadió inicialmente un pelotón de 29 agentes, al que debían incorporarse otros dos pelotones con 40 efectivos. La Unidad de Seguridad Ciudadana recibiría además 30 guardias civiles procedentes de Andalucía y dos grupos de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.

En el mar, a las embarcaciones habitualmente destinadas en Ceuta se sumaría el buque Duque de Ahumada, cuya llegada estaba prevista para la madrugada del 31 de julio. También se anunciaron nuevos patrones de embarcación, mecánicos, marineros, pilotos de drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

La Policía Nacional, por su parte, envió especialistas para reforzar las tareas de identificación y documentación. Tres equipos de la Unidad de Intervención Policial se desplazaron desde Sevilla, mientras se preparaba la llegada de unidades procedentes de Madrid y Málaga. El objetivo era concentrar en Ceuta unos 200 agentes de la UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción dedicados específicamente a garantizar la seguridad ciudadana.

El despliegue dibujaba una ciudad sometida a una presión inmigratoria extraordinaria: militares apoyando a la Guardia Civil, antidisturbios reforzando las calles, buceadores rastreando el litoral, drones vigilando la costa y un buque de la Benemérita navegando hacia el enclave. No se trataba ya de gestionar entradas individuales, sino de recuperar el control de una frontera desbordada por un movimiento humano de una escala difícilmente asumible por una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.

Mientras sobre el terreno se describían vallas sin vigilancia, policías marroquíes desbordados y agentes auxiliares retirándose ante el avance de la multitud, el Ministerio del Interior español destacaba públicamente la «ejemplar colaboración» entre España y Marruecos en materia migratoria. El Gobierno más cínico de la reciente historia de España agradeció los esfuerzos de las autoridades marroquíes y aseguró que estas habían impedido miles de intentos de entrada durante los días anteriores.

La distancia entre el lenguaje diplomático y lo ocurrido en la frontera resulta difícil de ignorar. Madrid necesita la colaboración de Rabat para controlar los flujos migratorios, identificar a quienes cruzan y aceptar su devolución. Marruecos, a su vez, dispone de una capacidad decisiva para abrir o cerrar la presión sobre Ceuta. El episodio vuelve a demostrar que la seguridad de la frontera sur española no depende únicamente de las fuerzas desplegadas en territorio nacional, sino también del comportamiento de las autoridades situadas al otro lado.

España y Marruecos anunciaron finalmente un acuerdo que no se cree nadie para reforzar la coordinación y proceder, lo antes posible, a la entrega o repatriación de quienes hubieran entrado ilegalmente en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska mantuvo contactos constantes con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, mientras el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, conversaba con Nasser Bourita para tratar de encauzar la crisis.

El acuerdo, sin embargo, deberá aplicarse respetando los procedimientos legales españoles. Interior atribuyó parte del movimiento a redes de tráfico de personas que estarían aprovechando una reciente sentencia judicial. El Tribunal Supremo había determinado que el procedimiento especial de rechazo en frontera no podía aplicarse automáticamente a quienes fueran interceptados en el mar intentando alcanzar Ceuta o Melilla a nado, una interpretación que limita las denominadas devoluciones inmediatas por vía marítima.

El Gobierno sostuvo que las organizaciones dedicadas al tráfico de personas estaban utilizando esa resolución como argumento para generar un efecto llamada. Pero la explicación no resuelve todas las preguntas. No aclara por qué tantos jóvenes pudieron concentrarse durante días cerca de la frontera, por qué algunos puntos de acceso quedaron momentáneamente sin custodia o por qué las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraron precisamente cuando se produjo el avance masivo.

La crisis despertó inmediatamente el recuerdo de mayo de 2021, cuando alrededor de 12.000 personas entraron irregularmente en Ceuta en apenas dos días, entre ellas unos 1.500 menores. Aquel episodio se produjo en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat y obligó también al despliegue del Ejército. Cinco años después, Ceuta volvía a contemplar las mismas escenas: jóvenes corriendo hacia España, familias buscando a desaparecidos, agentes exhaustos y una frontera cuya estabilidad depende de un equilibrio político extremadamente frágil.

Hay, sin embargo, una diferencia inquietante. En 2021, la naturaleza política de la crisis quedó pronto expuesta. En esta ocasión, los dos gobiernos insisten en atribuir el movimiento a mafias y redes criminales, al tiempo que proclaman la solidez de su cooperación. Marruecos afirma que quiere detener las salidas; España agradece su ayuda; ambos anuncian devoluciones urgentes. Pero, mientras se sucedían las declaraciones oficiales, una columna de cinco kilómetros de inmigrantes ilegales continuaba avanzando hacia la frontera.

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska anunciaron que viajarían el viernes 31 de julio a Ceuta. El presidente tenía previsto visitar el Tarajal, reunirse con las fuerzas de seguridad y participar en un encuentro de coordinación con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, los responsables del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la Cruz Roja.

Para entonces, la emergencia había dejado de ser únicamente un problema ceutí. La intervención de las Fuerzas Armadas, la movilización de cientos de policías y guardias civiles, la solicitud de cierre de la frontera y las conversaciones al máximo nivel entre Madrid y Rabat convertían el episodio en una crisis de Estado.

Al otro lado de la valla, miles de jóvenes seguían esperando. Algunos habían recorrido centenares de kilómetros desde ciudades del interior de Marruecos. Otros se ocultaban en bosques o carreteras secundarias para esquivar los controles. Vestidos para correr o nadar, contemplaban a pocos metros las luces de una ciudad española que representaba para ellos la entrada en Europa.

Ceuta volvía así a ocupar el lugar más vulnerable del mapa español: una ciudad rodeada por Marruecos, separada de la península por el mar y obligada a soportar en solitario las consecuencias inmediatas de cada alteración en las relaciones entre Madrid y Rabat. La frontera seguía físicamente en pie, pero durante unas horas había perdido su función esencial. Y cuando una frontera deja de controlar quién la atraviesa, el problema ya no es solamente migratorio: es también una cuestión de soberanía, seguridad nacional y capacidad efectiva del Estado para proteger su territorio.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha señalado a travé de X-Twitter que "las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas. Me he reunido con el Ministro del Interior Matteo Piantedosi. Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España. Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno".

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha señalado que Pedro Sánchez "es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo".

En la misma línea, Eva Vlaardingerbroek, líder dek movimiento soberanista Save Europe Act, ha sido rotunda: "Estamos siendo invadidos. Estamos siendo gobernados por traidores que han orquestado esto. La situación es crítica. No podemos desesperar. Canalicen su energía en exigir que cada una de las personas que asaltan Ceuta sea devuelta".