Las verdaderas mafias de la inmigración son los gobiernos
Lo de Ceuta no es una crisis. Es una invasión consentida por dos gobiernos: el marroquí, que hace lo que le viene en gana, siendo la parte conquistadora; y el español, traidor a los intereses de su país, sometido, por las razones que todo sabemos y de las que habrá pruebas en el futuro, a los designios de su verdadero rey, amo y señor, que no es otro que el de Marruecos.
Nada se le escapa al perspicaz y perverso gobierno marroquí, el que ha sabido imponer sus intereses sobre los de Europa y, sobre todo, España, incluso en las políticas agrícolas de la UE, ya sabemos con qué método. Hoy, podemos estar seguros de que la mayoría del parlamento europeo trabaja para Marruecos (como para Qatar y China).
Para Marruecos, esta nueva invasión de Ceuta no es más que otro ensayo para la definitiva, que vendrá pronto si Sánchez continúa en el poder en los próximos años, siendo esta posibilidad la más probable ante la incapacidad de la oposición de frenar el golpe de Estado de las nacionalizaciones (dentro del golpe de Estado permanente en que vivimos desde 2004).
Ni uno sólo de los invasores hubiera podido pasar de Marruecos a España si el gobierno marroquí no lo hubiera permitido y facilitado. Ni uno sólo hubiera podido pasar si el gobierno español, con los medios de que puede disponer, así lo decidiera.
Sin embargo, en cuestión de horas, decenas de miles de personas han cruzado a nado, a pie o saltando la valla desde Marruecos. El Conde don Julián de nuestro tiempo, Pedro Sánchez, escoltado por sus lugartenientes de la maldad, Marlaska y Robles, abre las puertas a la invasión ordenada y permitida por sus amos.
En Europa, unos cuantos de los que han participado en permitir migraciones millonarias de sujetos que nada aportan a nuestra sociedad desde hace décadas, ponen ahora el grito en el cielo. Pero no harán nada útil, porque son incapaces de hacerlo.
Quien todavía crea que esto lo controlan solo las mafias de traficantes es un ingenuo o un cómplice. Las verdaderas mafias de la inmigración son los gobiernos y la UE. Ellos tienen el poder, ellos marcan el ritmo y ellos deciden cuántos entran. Las mafias por sí solas apenas podrían pasar a unos pocos a duras penas si no contaran con la complicidad deliberada de los gobiernos.
Un Estado moderno dispone de ejército, policía, inteligencia, barcos, drones, satélites, capacidad de presión diplomática y control de las ayudas exteriores. Si España y la Unión Europea quisieran cerrar de verdad el flujo irregular, podrían hacerlo en semanas. Australia lo demostró. Dinamarca lo ha hecho en parte. Otros países han reducido drásticamente las llegadas cuando han aplicado devoluciones efectivas, disuasión real y mensajes inequívocos. España, en cambio, mantiene la frontera permeable, regulariza de forma periódica, subvenciona con cientos de millones de euros a las ONG que gestionan la acogida y proyecta al mundo la imagen de un país que no devuelve y que ofrece subsidios. El resultado es inevitable: más pateras, más saltos, más avalanchas como la de Ceuta. No es incompetencia. Es una política deliberada.
Las redes de traficantes existen y se lucran. Pero operan en el espacio que el poder les cede para que le hagan el trabajo sucio y le hagan de coartada. Cuando Marruecos afloja el control, la avalancha se produce. Cuando aprieta, el flujo baja. España y Bruselas conocen perfectamente esta mecánica. Prefieren negociar con gestos, anuncios y fondos en lugar de imponer límites reales. Prefieren externalizar la gestión a organizaciones subvencionadas —Cruz Roja, CEAR, Accem y tantas otras— que viven del volumen de llegadas. El contribuyente español paga la recepción, la sanidad, la vivienda, la escolarización y la eventual regularización. El político se apunta el tanto en su falsa moral, comprada por tantos idiotas. El traficante cobra. Y el ciudadano de a pie ve cómo su ciudad, su barrio y su seguridad se degradan y costea la invasión de su tierra y de la poca riqueza que le va quedando a invasores cuyo estilo de vida es incompatible con el suyo y que los aniquilarán en cuanto tengan el poder para hacerlo, como demuestras los hechos y como demuestra la historia.
Detrás de este engranaje hay una ideología. La izquierda europea ha convertido la inmigración masiva en dogma. Parte de la convicción de que la civilización occidental es culpable por naturaleza: colonialista, racista, opresora. Por tanto, debe pagar. Debe abrir las puertas, repartir bienestar y aceptar la transformación demográfica y cultural como una forma de expiación. Los subsidios universales, la regularización fácil y el discurso de "no dejaremos a nadie atrás" no son errores técnicos. Son herramientas de esa visión. Se predica la solidaridad mientras se destruye la cohesión del país que debe sostenerla. Se habla de derechos humanos mientras se ignora el derecho de los españoles a decidir quién entra en su territorio y en qué condiciones.
Ceuta es solo el síntoma más visible. Canarias lleva años sufriendo lo mismo. Las costas peninsulares también. Las grandes ciudades europeas acumulan barrios donde la ley europea ni aparece y que ya no son territorios europeos. Todo ello mientras desde los despachos se insiste en que cualquier crítica es "ultraderecha" o "odio". El chantaje moral sustituye al debate. La soberanía se diluye. Y quien señala el problema es señalado a su vez.
Si los gobiernos quisieran controlar la inmigración irregular, lo harían. Bastaría con devoluciones sistemáticas, confinamiento obligatorio o remigración, presión real sobre los países de origen y tránsito, fin de las regularizaciones que actúan como reclamo y un mensaje claro: entrar ilegalmente no conduce a la residencia ni a las ayudas ni a permanecer en el país de destino. Mientras no lo hagan, seguirán siendo los verdaderos gestores del flujo. Las mafias de la patera son el eslabón visible. El poder político es el que mantiene abierta la puerta, financia la recepción y justifica ideológicamente la rendición.
Lo de Ceuta no es una desgracia natural. Es el fruto de una decisión deliberada. Una decisión que sacrifica la seguridad, la identidad y el futuro de los españoles en nombre de una ideología de culpa y de un negocio de acogida. Mientras esa decisión no se revierta, las avalanchas continuarán. Y la responsabilidad seguirá siendo de quienes, con todo el poder del Estado en sus manos, eligen no usarlo. De los traidores.
Lo de Ceuta no es una crisis. Es una invasión consentida por dos gobiernos: el marroquí, que hace lo que le viene en gana, siendo la parte conquistadora; y el español, traidor a los intereses de su país, sometido, por las razones que todo sabemos y de las que habrá pruebas en el futuro, a los designios de su verdadero rey, amo y señor, que no es otro que el de Marruecos.
Nada se le escapa al perspicaz y perverso gobierno marroquí, el que ha sabido imponer sus intereses sobre los de Europa y, sobre todo, España, incluso en las políticas agrícolas de la UE, ya sabemos con qué método. Hoy, podemos estar seguros de que la mayoría del parlamento europeo trabaja para Marruecos (como para Qatar y China).
Para Marruecos, esta nueva invasión de Ceuta no es más que otro ensayo para la definitiva, que vendrá pronto si Sánchez continúa en el poder en los próximos años, siendo esta posibilidad la más probable ante la incapacidad de la oposición de frenar el golpe de Estado de las nacionalizaciones (dentro del golpe de Estado permanente en que vivimos desde 2004).
Ni uno sólo de los invasores hubiera podido pasar de Marruecos a España si el gobierno marroquí no lo hubiera permitido y facilitado. Ni uno sólo hubiera podido pasar si el gobierno español, con los medios de que puede disponer, así lo decidiera.
Sin embargo, en cuestión de horas, decenas de miles de personas han cruzado a nado, a pie o saltando la valla desde Marruecos. El Conde don Julián de nuestro tiempo, Pedro Sánchez, escoltado por sus lugartenientes de la maldad, Marlaska y Robles, abre las puertas a la invasión ordenada y permitida por sus amos.
En Europa, unos cuantos de los que han participado en permitir migraciones millonarias de sujetos que nada aportan a nuestra sociedad desde hace décadas, ponen ahora el grito en el cielo. Pero no harán nada útil, porque son incapaces de hacerlo.
Quien todavía crea que esto lo controlan solo las mafias de traficantes es un ingenuo o un cómplice. Las verdaderas mafias de la inmigración son los gobiernos y la UE. Ellos tienen el poder, ellos marcan el ritmo y ellos deciden cuántos entran. Las mafias por sí solas apenas podrían pasar a unos pocos a duras penas si no contaran con la complicidad deliberada de los gobiernos.
Un Estado moderno dispone de ejército, policía, inteligencia, barcos, drones, satélites, capacidad de presión diplomática y control de las ayudas exteriores. Si España y la Unión Europea quisieran cerrar de verdad el flujo irregular, podrían hacerlo en semanas. Australia lo demostró. Dinamarca lo ha hecho en parte. Otros países han reducido drásticamente las llegadas cuando han aplicado devoluciones efectivas, disuasión real y mensajes inequívocos. España, en cambio, mantiene la frontera permeable, regulariza de forma periódica, subvenciona con cientos de millones de euros a las ONG que gestionan la acogida y proyecta al mundo la imagen de un país que no devuelve y que ofrece subsidios. El resultado es inevitable: más pateras, más saltos, más avalanchas como la de Ceuta. No es incompetencia. Es una política deliberada.
Las redes de traficantes existen y se lucran. Pero operan en el espacio que el poder les cede para que le hagan el trabajo sucio y le hagan de coartada. Cuando Marruecos afloja el control, la avalancha se produce. Cuando aprieta, el flujo baja. España y Bruselas conocen perfectamente esta mecánica. Prefieren negociar con gestos, anuncios y fondos en lugar de imponer límites reales. Prefieren externalizar la gestión a organizaciones subvencionadas —Cruz Roja, CEAR, Accem y tantas otras— que viven del volumen de llegadas. El contribuyente español paga la recepción, la sanidad, la vivienda, la escolarización y la eventual regularización. El político se apunta el tanto en su falsa moral, comprada por tantos idiotas. El traficante cobra. Y el ciudadano de a pie ve cómo su ciudad, su barrio y su seguridad se degradan y costea la invasión de su tierra y de la poca riqueza que le va quedando a invasores cuyo estilo de vida es incompatible con el suyo y que los aniquilarán en cuanto tengan el poder para hacerlo, como demuestras los hechos y como demuestra la historia.
Detrás de este engranaje hay una ideología. La izquierda europea ha convertido la inmigración masiva en dogma. Parte de la convicción de que la civilización occidental es culpable por naturaleza: colonialista, racista, opresora. Por tanto, debe pagar. Debe abrir las puertas, repartir bienestar y aceptar la transformación demográfica y cultural como una forma de expiación. Los subsidios universales, la regularización fácil y el discurso de "no dejaremos a nadie atrás" no son errores técnicos. Son herramientas de esa visión. Se predica la solidaridad mientras se destruye la cohesión del país que debe sostenerla. Se habla de derechos humanos mientras se ignora el derecho de los españoles a decidir quién entra en su territorio y en qué condiciones.
Ceuta es solo el síntoma más visible. Canarias lleva años sufriendo lo mismo. Las costas peninsulares también. Las grandes ciudades europeas acumulan barrios donde la ley europea ni aparece y que ya no son territorios europeos. Todo ello mientras desde los despachos se insiste en que cualquier crítica es "ultraderecha" o "odio". El chantaje moral sustituye al debate. La soberanía se diluye. Y quien señala el problema es señalado a su vez.
Si los gobiernos quisieran controlar la inmigración irregular, lo harían. Bastaría con devoluciones sistemáticas, confinamiento obligatorio o remigración, presión real sobre los países de origen y tránsito, fin de las regularizaciones que actúan como reclamo y un mensaje claro: entrar ilegalmente no conduce a la residencia ni a las ayudas ni a permanecer en el país de destino. Mientras no lo hagan, seguirán siendo los verdaderos gestores del flujo. Las mafias de la patera son el eslabón visible. El poder político es el que mantiene abierta la puerta, financia la recepción y justifica ideológicamente la rendición.
Lo de Ceuta no es una desgracia natural. Es el fruto de una decisión deliberada. Una decisión que sacrifica la seguridad, la identidad y el futuro de los españoles en nombre de una ideología de culpa y de un negocio de acogida. Mientras esa decisión no se revierta, las avalanchas continuarán. Y la responsabilidad seguirá siendo de quienes, con todo el poder del Estado en sus manos, eligen no usarlo. De los traidores.
