Por posibles delitos de traición y colaboración con los enemigos de España
Una asociación del País Vasco prepara una denuncia ante la Fiscalía del Supremo tras la invasión de Ceuta por decenas de miles de inmigrantes ilegales
La entidad, que prefiere mantener en secreto su nombre y titularidad, solicitará que se investigue si el Gobierno de Pedro Sánchez conocía con antelación los informes policiales que advertían de una posible oleada migratoria y por qué no se reforzó la frontera
![[Img #30936]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/08_2026/6235_sin-titulo.webp)
Según ha podido saber La Tribuna, una asociación radicada en el País Vasco prepara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se investigue la actuación del Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez durante la invasión de inmigrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La iniciativa se produce después de conocerse la posible existencia de informes de inteligencia que habrían advertido al Ejecutivo, con varios días de antelación, del riesgo de una operación migratoria coincidente con la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, no formula inicialmente una acusación categórica contra el presidente del Gobierno ni contra ningún ministro, pero solicita que la Fiscalía abra diligencias para determinar qué información recibieron las autoridades españolas, cuándo la recibieron, cuál era el contenido exacto de las advertencias y qué decisiones fueron adoptadas tras conocerlas.
La denuncia se apoya, entre otras informaciones, en lo publicado este sábado por The Objective, que asegura que los servicios de inteligencia alertaron al Gobierno de la posibilidad de que se produjera una crisis migratoria en Ceuta o Melilla durante las fechas próximas a la celebración marroquí. Los abogados de la asociación consideran que la aparente contradicción entre esas advertencias y la falta de un despliegue preventivo suficiente obliga a esclarecer la cadena de responsabilidades políticas y operativas.
La entidad pretende que la Fiscalía investigue si los documentos advertían únicamente de un incremento ordinario de la presión migratoria o si, por el contrario, anticipaban una acción de gran envergadura promovida, tolerada o facilitada desde territorio marroquí. También reclama que se identifique a los organismos que elaboraron los informes, a sus destinatarios y a las personas encargadas de convertir las alertas de inteligencia en decisiones operativas.
El texto plantea provisionalmente la posible aplicación de los artículos 584 y 592 del Código Penal. El primero castiga con penas de entre seis y doce años de prisión al español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, obtenga, falsee, inutilice o revele información clasificada susceptible de perjudicar la seguridad o la defensa nacional. El segundo sanciona las relaciones con Gobiernos extranjeros mantenidas con el propósito de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer los intereses vitales de España.
La asociación reconoce, no obstante, que la mera imprevisión, negligencia o mala gestión política no bastarían para apreciar ninguno de estos delitos. Para que pudiera aplicarse el artículo 584 sería necesario acreditar que existía información formalmente clasificada y que alguna persona la ocultó, falseó, inutilizó o reveló deliberadamente con la finalidad específica de favorecer a Marruecos.
La denuncia solicita por ello que la investigación no se limite a una calificación penal concreta. La entidad pide que también se examine si se produjo cualquier otra conducta relacionada con la ocultación o destrucción de documentos, la revelación de secretos, el incumplimiento deliberado de deberes públicos, la adopción de resoluciones arbitrarias o la transmisión de órdenes destinadas a impedir o retrasar la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Entre las diligencias solicitadas figura el requerimiento a la Presidencia del Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno en Ceuta para que identifiquen y conserven todos los informes, notas y alertas elaborados entre el 15 de julio y el 1 de agosto.
La asociación quiere que se determine la fecha y hora de elaboración de cada documento, su nivel de clasificación, la cadena de distribución, sus destinatarios y la existencia de registros que permitan comprobar cuándo fueron recibidos, abiertos o leídos. También reclama la preservación inmediata de correos electrónicos, mensajes corporativos, llamadas institucionales, agendas, actas y metadatos que pudieran desaparecer como consecuencia de los sistemas automáticos de eliminación de documentación.
El escrito solicita además la incorporación de las órdenes operativas y de las peticiones de refuerzos cursadas durante los días anteriores a la crisis. La Fiscalía debería recabar, según la asociación, los planes de contingencia, las comunicaciones entre los mandos policiales y políticos y las decisiones relativas al despliegue de la Guardia Civil, la Policía Nacional y, en su caso, las Fuerzas Armadas.
Otro de los puntos especialmente sensibles de la denuncia se refiere a las comunicaciones mantenidas por responsables españoles con autoridades o agentes del Reino de Marruecos. La entidad pide que se examinen, con todas las garantías legales y sin hacer público ningún contenido clasificado, las conversaciones institucionales relacionadas con la frontera, los movimientos migratorios y la respuesta a la oleada.
La denuncia también propone tomar declaración a los responsables que elaboraron los informes, a quienes los recibieron y a los mandos encargados de adoptar las medidas preventivas. El objetivo sería aclarar si las advertencias fueron consideradas insuficientes, si se descartaron por razones técnicas o políticas o si alguna autoridad decidió deliberadamente no reforzar la frontera a pesar de conocer el riesgo existente.
La asociación señala que no pretende acceder a secretos oficiales ni difundir información que pudiera afectar a la seguridad nacional. Solicita únicamente que la documentación sea examinada reservadamente por las autoridades competentes y que se determine si fue tratada de acuerdo con la legislación vigente.
El escrito reconoce también las limitaciones establecidas por el artículo 102.2 de la Constitución. Cuando una acusación por traición o por un delito contra la seguridad del Estado se dirige contra el presidente o contra un miembro del Gobierno por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa debe proceder de al menos una cuarta parte de los diputados y ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso.
Por esta razón, la asociación no pretende sustituir el procedimiento parlamentario ni presentar directamente una acusación formal de traición contra Pedro Sánchez o sus ministros. Su intención es que la Fiscalía preserve las pruebas, investigue a los altos cargos, funcionarios y mandos que pudieran estar implicados y determine si los hechos justifican alguna actuación posterior ante el Tribunal Supremo o ante el Congreso de los Diputados.
La entidad considera que la gravedad de lo sucedido en Ceuta no permite reducir el episodio a una simple controversia sobre la gestión migratoria. A su juicio, resulta imprescindible esclarecer si el Gobierno fue sorprendido por una operación imposible de prever o si, por el contrario, conocía la amenaza con suficiente antelación y decidió no adoptar las medidas necesarias para proteger la frontera y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La denuncia será presentada una vez que el órgano competente de la asociación apruebe formalmente la iniciativa y se complete la documentación necesaria. Junto al escrito se aportarán las informaciones periodísticas publicadas, una cronología de los acontecimientos y un listado de las declaraciones oficiales realizadas por el Ejecutivo (notas de prensa, intervenciones en redes sociales, etc).
La entidad, que prefiere mantener en secreto su nombre y titularidad, solicitará que se investigue si el Gobierno de Pedro Sánchez conocía con antelación los informes policiales que advertían de una posible oleada migratoria y por qué no se reforzó la frontera
Según ha podido saber La Tribuna, una asociación radicada en el País Vasco prepara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se investigue la actuación del Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez durante la invasión de inmigrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La iniciativa se produce después de conocerse la posible existencia de informes de inteligencia que habrían advertido al Ejecutivo, con varios días de antelación, del riesgo de una operación migratoria coincidente con la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, no formula inicialmente una acusación categórica contra el presidente del Gobierno ni contra ningún ministro, pero solicita que la Fiscalía abra diligencias para determinar qué información recibieron las autoridades españolas, cuándo la recibieron, cuál era el contenido exacto de las advertencias y qué decisiones fueron adoptadas tras conocerlas.
La denuncia se apoya, entre otras informaciones, en lo publicado este sábado por The Objective, que asegura que los servicios de inteligencia alertaron al Gobierno de la posibilidad de que se produjera una crisis migratoria en Ceuta o Melilla durante las fechas próximas a la celebración marroquí. Los abogados de la asociación consideran que la aparente contradicción entre esas advertencias y la falta de un despliegue preventivo suficiente obliga a esclarecer la cadena de responsabilidades políticas y operativas.
La entidad pretende que la Fiscalía investigue si los documentos advertían únicamente de un incremento ordinario de la presión migratoria o si, por el contrario, anticipaban una acción de gran envergadura promovida, tolerada o facilitada desde territorio marroquí. También reclama que se identifique a los organismos que elaboraron los informes, a sus destinatarios y a las personas encargadas de convertir las alertas de inteligencia en decisiones operativas.
El texto plantea provisionalmente la posible aplicación de los artículos 584 y 592 del Código Penal. El primero castiga con penas de entre seis y doce años de prisión al español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, obtenga, falsee, inutilice o revele información clasificada susceptible de perjudicar la seguridad o la defensa nacional. El segundo sanciona las relaciones con Gobiernos extranjeros mantenidas con el propósito de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer los intereses vitales de España.
La asociación reconoce, no obstante, que la mera imprevisión, negligencia o mala gestión política no bastarían para apreciar ninguno de estos delitos. Para que pudiera aplicarse el artículo 584 sería necesario acreditar que existía información formalmente clasificada y que alguna persona la ocultó, falseó, inutilizó o reveló deliberadamente con la finalidad específica de favorecer a Marruecos.
La denuncia solicita por ello que la investigación no se limite a una calificación penal concreta. La entidad pide que también se examine si se produjo cualquier otra conducta relacionada con la ocultación o destrucción de documentos, la revelación de secretos, el incumplimiento deliberado de deberes públicos, la adopción de resoluciones arbitrarias o la transmisión de órdenes destinadas a impedir o retrasar la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Entre las diligencias solicitadas figura el requerimiento a la Presidencia del Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno en Ceuta para que identifiquen y conserven todos los informes, notas y alertas elaborados entre el 15 de julio y el 1 de agosto.
La asociación quiere que se determine la fecha y hora de elaboración de cada documento, su nivel de clasificación, la cadena de distribución, sus destinatarios y la existencia de registros que permitan comprobar cuándo fueron recibidos, abiertos o leídos. También reclama la preservación inmediata de correos electrónicos, mensajes corporativos, llamadas institucionales, agendas, actas y metadatos que pudieran desaparecer como consecuencia de los sistemas automáticos de eliminación de documentación.
El escrito solicita además la incorporación de las órdenes operativas y de las peticiones de refuerzos cursadas durante los días anteriores a la crisis. La Fiscalía debería recabar, según la asociación, los planes de contingencia, las comunicaciones entre los mandos policiales y políticos y las decisiones relativas al despliegue de la Guardia Civil, la Policía Nacional y, en su caso, las Fuerzas Armadas.
Otro de los puntos especialmente sensibles de la denuncia se refiere a las comunicaciones mantenidas por responsables españoles con autoridades o agentes del Reino de Marruecos. La entidad pide que se examinen, con todas las garantías legales y sin hacer público ningún contenido clasificado, las conversaciones institucionales relacionadas con la frontera, los movimientos migratorios y la respuesta a la oleada.
La denuncia también propone tomar declaración a los responsables que elaboraron los informes, a quienes los recibieron y a los mandos encargados de adoptar las medidas preventivas. El objetivo sería aclarar si las advertencias fueron consideradas insuficientes, si se descartaron por razones técnicas o políticas o si alguna autoridad decidió deliberadamente no reforzar la frontera a pesar de conocer el riesgo existente.
La asociación señala que no pretende acceder a secretos oficiales ni difundir información que pudiera afectar a la seguridad nacional. Solicita únicamente que la documentación sea examinada reservadamente por las autoridades competentes y que se determine si fue tratada de acuerdo con la legislación vigente.
El escrito reconoce también las limitaciones establecidas por el artículo 102.2 de la Constitución. Cuando una acusación por traición o por un delito contra la seguridad del Estado se dirige contra el presidente o contra un miembro del Gobierno por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa debe proceder de al menos una cuarta parte de los diputados y ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso.
Por esta razón, la asociación no pretende sustituir el procedimiento parlamentario ni presentar directamente una acusación formal de traición contra Pedro Sánchez o sus ministros. Su intención es que la Fiscalía preserve las pruebas, investigue a los altos cargos, funcionarios y mandos que pudieran estar implicados y determine si los hechos justifican alguna actuación posterior ante el Tribunal Supremo o ante el Congreso de los Diputados.
La entidad considera que la gravedad de lo sucedido en Ceuta no permite reducir el episodio a una simple controversia sobre la gestión migratoria. A su juicio, resulta imprescindible esclarecer si el Gobierno fue sorprendido por una operación imposible de prever o si, por el contrario, conocía la amenaza con suficiente antelación y decidió no adoptar las medidas necesarias para proteger la frontera y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La denuncia será presentada una vez que el órgano competente de la asociación apruebe formalmente la iniciativa y se complete la documentación necesaria. Junto al escrito se aportarán las informaciones periodísticas publicadas, una cronología de los acontecimientos y un listado de las declaraciones oficiales realizadas por el Ejecutivo (notas de prensa, intervenciones en redes sociales, etc).
