Los firmantes reclaman una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la UE, la movilización de los instrumentos europeos disponibles, un mayor apoyo de Frontex y el refuerzo de la cooperación con Marruecos. También advierten de que podrían restablecerse temporalmente controles fronterizos dentro del espacio Schengen para evitar movimientos secundarios

Un total de 22 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han remitido una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Taoiseach irlandés —como representante del país que ostenta la Presidencia semestral del Consejo de la UE— para expresar su «seria preocupación» por los últimos acontecimientos registrados en la frontera exterior europea en Ceuta.

El documento constituye una de las reacciones políticas europeas más contundentes ante la crisis migratoria desatada en la ciudad española. Los firmantes afirman estar decididos a impedir que las redes de tráfico de personas y los actores que instrumentalizan los flujos migratorios desafíen la integridad de las fronteras exteriores de la Unión. La carta no presenta lo ocurrido como un simple episodio migratorio, sino que habla expresamente de un «ataque» contra el sistema europeo de migración y asilo.

Los dirigentes europeos sostienen que una reciente resolución del Tribunal Supremo español habría sido utilizada para desencadenar la situación y para abusar de las normas migratorias y de asilo. El texto no identifica ni explica concretamente a qué decisión judicial se refiere, pero afirma que las autoridades europeas tienen la obligación de disuadir de forma eficaz la inmigración ilegal, combatirla «sin descanso» y reforzar la protección de las fronteras exteriores.

La carta introduce, además, una crítica directa a las políticas que pueden ser interpretadas como factores de atracción. Entre ellas cita expresamente «la regularización de un número muy elevado de inmigrantes irregulares», una medida tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, según los firmantes, puede alimentar la expectativa de que la entrada clandestina en la Unión Europea termine siendo recompensada con la residencia legal.

«No podemos permitir los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas destinadas a crear la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible», señala el documento. Los 22 dirigentes advierten de que esa percepción puede consolidar la idea de que una llegada irregular acabará convirtiéndose, tarde o temprano, en una estancia autorizada.

A juicio de los firmantes, semejante mensaje alentaría nuevos intentos de entrada, debilitaría la confianza de los ciudadanos en la política migratoria común y tendría consecuencias para todos los Estados miembros. La crisis de Ceuta, subrayan, demuestra la importancia de aplicar rápidamente la Declaración de Chisináu sobre migración, concebida para reforzar la protección de las fronteras y la cooperación europea frente a las llegadas irregulares.

Ante la gravedad de los acontecimientos, los mandatarios solicitan a la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea que convoque con carácter urgente una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior de los Veintisiete. Esa reunión debería permitir realizar una evaluación conjunta de lo sucedido y acordar una respuesta europea coordinada.

La iniciativa reclama la «rápida movilización» de los instrumentos comunitarios disponibles y la prestación del apoyo necesario a España para recuperar el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y evitar nuevos cruces incontrolados. Los dirigentes insisten en que la respuesta no debe limitarse a las autoridades españolas, al considerar que la frontera de Ceuta es también una frontera europea y que su protección constituye una responsabilidad compartida.

Entre las medidas que deberían estudiarse figura un refuerzo de la presencia y del apoyo operativo de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Los firmantes reclaman igualmente que se analice la eficacia de la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos, país del que proceden o a través del cual se han producido las entradas.

La carta reconoce que España y Marruecos están cooperando estrechamente para lograr el rápido retorno de las personas que entraron ilegalmente en territorio español. Según el documento, un número elevado de inmigrantes ya habría sido devuelto. Los firmantes confían en que, con el respaldo de la Unión Europea, la situación pueda quedar completamente controlada.

Este reconocimiento de la colaboración hispano-marroquí convive, sin embargo, con una severa advertencia sobre las decisiones políticas que puedan funcionar como incentivo para nuevas entradas. Los dirigentes europeos reclaman actuar simultáneamente sobre las fronteras, las redes de tráfico de personas, las devoluciones y los mensajes políticos que puedan generar expectativas de regularización.

El documento señala que, hasta el momento de su redacción, no se habían registrado desplazamientos no autorizados de los recién llegados desde España hacia otros países europeos. No obstante, los firmantes reiteran su disposición a adoptar las medidas necesarias, de conformidad con el Derecho de la Unión y con el Código de Fronteras Schengen, para preservar el orden público y reducir los riesgos derivados de eventuales movimientos secundarios.

Entre esas medidas se menciona expresamente el posible refuerzo o restablecimiento de controles temporales en las fronteras interiores. Se trataría de una herramienta excepcional destinada a impedir que las personas que hayan entrado irregularmente por Ceuta puedan trasladarse sin autorización hacia otros Estados miembros.

La inclusión de esta posibilidad refleja la preocupación de varios Gobiernos europeos por que la crisis española termine trasladándose al conjunto del espacio Schengen. Aunque la carta insiste en la solidaridad con España, también deja claro que los demás países están dispuestos a proteger sus propias fronteras en caso de que se produzcan movimientos secundarios.

Los mandatarios recuerdan que el Consejo Europeo ha defendido reiteradamente la protección de las fronteras exteriores, la prevención de la inmigración ilegal, la reducción de los desplazamientos secundarios y la solidaridad con los Estados sometidos a una presión migratoria especialmente intensa.

«La situación actual exige unidad, determinación y urgencia», concluye la carta, que pide a Costa, Von der Leyen y la Presidencia irlandesa que garanticen una respuesta rápida, eficaz y coordinada de la Unión Europea.

El documento está firmado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el canciller federal de Austria, Christian Stocker; el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever; el presidente de Bulgaria, Rumen Radev; y el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides.

También lo suscriben el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković; el primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš; el primer ministro de Estonia, Kristen Michal; el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo; el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz; y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

A ellos se suman el primer ministro de Hungría, Péter Magyar; el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs; el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda; el primer ministro de Malta, Robert Abela; el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten; y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Completan la relación el presidente de Rumanía, Nicușor Dan; el primer ministro de Eslovenia, Janez Janša; el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico; y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.

La firma de representantes de 22 de los 27 Estados miembros concede al pronunciamiento un peso político considerable. Más allá del respaldo inmediato a España para recuperar el control de la frontera, la carta plantea que la crisis de Ceuta debe ser tratada como un problema de seguridad europea, como un posible episodio de instrumentalización migratoria y como una prueba decisiva para la credibilidad de la política común de fronteras, asilo y devoluciones.