Prisión e indemnización
Sindicalismo mafioso: dos representantes de ELA condenados por amenazar a un empresario
La Audiencia de Vizcaya ha condenado a un año de prisión y a pagar una indemnización de 12.000 euros a dos representantes del sindicato nacionalista ELA (próximo al PNV) por “amenazas condicionales” a la familia propietaria de una industria situada en Llodio.
Según la sentencia, representantes de ELA exigieron al responsable de la empresa Tomás Acha, situada en el polígono Arza de Llodio, la entrega de 240.000 euros para pagar en metálico las indemnizaciones de varios trabajadores, en el marco de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo).
Según indica el juez, los representantes de ELA habían informado de que la aceptación de ese pago conllevaría el cese del conflicto en contra de la familia propietaria de la empresa, que hasta entonces había padecido la colocación de pancartas en los lugares de trabajo y en el domicilio familiar, con agravios y amenazas de muerte.
Días más tarde, representantes de la empresa, acompañados de dos agentes de la Guardia Civil, acudieron a la sede del sindicato en la localidad de Basauri para hacer el pago que supuestamente conllevaría el final de los ataques a esa familia, y los representantes del sindicato fueron arrestados en el momento que recibieron el maletín con el dinero.
La Audiencia de Vizcaya ha condenado a un año de prisión y a pagar una indemnización de 12.000 euros a dos representantes del sindicato nacionalista ELA (próximo al PNV) por “amenazas condicionales” a la familia propietaria de una industria situada en Llodio.
Según la sentencia, representantes de ELA exigieron al responsable de la empresa Tomás Acha, situada en el polígono Arza de Llodio, la entrega de 240.000 euros para pagar en metálico las indemnizaciones de varios trabajadores, en el marco de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo).
Según indica el juez, los representantes de ELA habían informado de que la aceptación de ese pago conllevaría el cese del conflicto en contra de la familia propietaria de la empresa, que hasta entonces había padecido la colocación de pancartas en los lugares de trabajo y en el domicilio familiar, con agravios y amenazas de muerte.
Días más tarde, representantes de la empresa, acompañados de dos agentes de la Guardia Civil, acudieron a la sede del sindicato en la localidad de Basauri para hacer el pago que supuestamente conllevaría el final de los ataques a esa familia, y los representantes del sindicato fueron arrestados en el momento que recibieron el maletín con el dinero.