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Lunes, 03 de Agosto de 2026 Tiempo de lectura:
Tras una denuncia de Iustitia Europa

La Audiencia Nacional investiga posibles delitos contra la seguridad del Estado tras la «entrada irregular masiva» en Ceuta

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para investigar la entrada masiva de inmigrantes ilegales registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

 

La magistrada María Tardón ha adoptado la decisión tras apreciar indicios de una posible infracción penal en los hechos denunciados por Iustitia Europa y ha encargado a la Policía Nacional que determine si la avalancha fue una acción concertada o dirigida por terceros, ya sean organizaciones criminales u otros actores externos.

 

La instructora considera que los hechos presentan características que permiten presumir la posible existencia de delitos contra la paz o la independencia del Estado. La invocación de estos posibles ilícitos del Título XXIII del Código Penal apuntaría a que la jueza no descarta que Rabat o agentes ligados al Gobierno de Marruecos puedan estar vinculados con la avalancha humana de la pasada semana en la ciudad autónoma. No obstante, antes de pronunciarse definitivamente sobre la competencia de la Audiencia Nacional, ha acordado practicar las diligencias esenciales para aclarar la naturaleza de lo ocurrido, sus circunstancias y las personas que pudieron intervenir.

 

Tardón ha ordenado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, la Ucrif Central, que elabore un informe sobre la «entrada irregular masiva» de ciudadanos procedentes de territorio marroquí registrada durante los últimos días en Ceuta, especialmente durante las jornadas del 30 y 31 de julio. La magistrada reclama a los agentes que esclarezcan si se trató de «una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal» y que aporten todos los elementos disponibles para identificar a quienes pudieron participar en la organización o ejecución de los hechos. La apertura de las diligencias tiene su origen en una denuncia de Iustitia Europa.

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