Fuentes de la Guardia Civil aseguran que entre las decenas de miles de inmigrantes ilegales que cruzaron desde Marruecos fueron identificados individuos previamente vigilados por sus posibles vínculos con el extremismo islamista. El episodio revela una peligrosa vulnerabilidad fronteriza, pero también obliga a diferenciar con precisión entre sospechosos monitorizados, radicales y terroristas operativos

Cinco días después de que la frontera de Ceuta se derrumbara ante una invasión de inmigrantes ilegales que avanzaba por tierra y por mar, los agentes de Información de la Guardia Civil continuaban examinando imágenes, identidades, teléfonos, antecedentes y movimientos. Ya no se trataba solamente de localizar a quienes permanecían escondidos en montes, playas, barriadas o edificios abandonados. Entre los miles de rostros captados por las cámaras del Tarajal aparecieron algunos que no eran desconocidos para los servicios de seguridad.

Según la información publicada por The Objective, fuentes del instituto armado sostienen que fueron identificados «distintos perfiles» previamente monitorizados por los servicios de inteligencia marroquíes por sus presuntos vínculos con el terrorismo islamista. Las mismas fuentes relacionan a algunos de ellos con delitos graves. Cinco días después de la entrada masiva, sin embargo, ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior habían comunicado oficialmente cuántos eran, si habían sido detenidos, si habían regresado a Marruecos o si continuaban ocultos en territorio español.

La noticia añade una dimensión especialmente inquietante a un acto de guerra que desde el primer momento fue presentado or el Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez como un fenómeno migratorio y humanitario. Si se confirma que personas vigiladas por radicalismo islamista aprovecharon la avalancha para atravesar la frontera, la entrada del 30 de julio no habría provocado únicamente el colapso de los servicios públicos y de las capacidades policiales de Ceuta. Habría abierto también una enorme y peligrosa brecha de seguridad en uno de los puntos más sensibles de la seguridad nacional española y, por extensión, de la frontera exterior de la Unión Europea.

Las cifras de la crisis han ido cambiando conforme las autoridades intentaban reconstruir lo sucedido. El Gobierno habló inicialmente de unas 50.000 entradas irregulares, mientras que el Ejecutivo de Ceuta elevó la estimación hasta las 60.000. En apenas veinticuatro horas penetró, por tanto, en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes una multitud equivalente a más de la mitad de su población. Las Fuerzas de Seguridad calculaban al día siguiente que alrededor de 53.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos, aunque balances posteriores elevaron aún más el número de retornados.

La disparidad de cifras es por sí misma reveladora. Cuando decenas de miles de personas atraviesan simultáneamente una frontera, muchas de ellas sin documentación, desaparece cualquier posibilidad real de efectuar en el momento un control individualizado, comprobar antecedentes, cotejar huellas, consultar bases de datos o determinar con certeza quién ha entrado y quién ha salido. Los controles posteriores pueden reconstruir parte de lo ocurrido, pero la frontera ya ha sido perforada y los individuos que desean evitar a las autoridades disponen de horas decisivas para ocultarse, cambiar de aspecto, desprenderse de sus teléfonos o mezclarse con la población.

El comunicado que el Ministerio del Interior difundió el mismo 30 de julio no mencionaba ninguna amenaza terrorista. El departamento dirigido por el inútil de Fernando Grande-Marlaska destacó la «ejemplar colaboración» con Marruecos, agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad del país vecino y atribuyó el flujo a las redes de tráfico de personas, que, según su versión, estaban instrumentalizando una sentencia judicial para animar a jóvenes indocumentados a dirigirse hacia Ceuta. Madrid y Rabat acordaron reforzar la coordinación y facilitar el retorno de quienes hubieran entrado irregularmente.

Pero la seguridad migratoria y la seguridad antiterrorista no son compartimentos estancos. Una multitud de 50.000 o 60.000 personas constituye una formidable pantalla para quien desee cruzar sin ser detectado. No es necesario que exista una operación terrorista organizada desde el exterior. Basta con que uno o varios individuos ya radicalizados, perseguidos por la justicia, expulsados anteriormente de España o sometidos a vigilancia comprendan que durante unas horas la capacidad de control ha desaparecido.

Esto no significa que la inmigración irregular sea equivalente al terrorismo ni que la inmensa mayoría de quienes cruzaron tuvieran relación alguna con el extremismo. Significa algo más concreto: en una entrada masiva sin filtros pueden mezclarse menores, trabajadores, delincuentes comunes, fugitivos, narcotraficantes, miembros de redes criminales y personas investigadas por terrorismo. Desde el punto de vista de la seguridad, una pequeña proporción  basta para convertir el colapso fronterizo en un problema de Estado.

La información conocida debe manejarse con cautela. Hasta el momento, la detección de los presuntos radicales procede de fuentes confidenciales de la Guardia Civil, no de un comunicado oficial, una operación policial anunciada públicamente, un auto de la Audiencia Nacional o una comparecencia del Ministerio del Interior.

Tampoco se han facilitado nombres, nacionalidades, edades ni antecedentes concretos. No se sabe si los individuos identificados habían sido condenados por terrorismo, investigados por adoctrinamiento, vigilados por contactos con círculos extremistas o simplemente incluidos en ficheros preventivos de los servicios marroquíes. En materia antiterrorista, esas diferencias son esenciales. Un sujeto monitorizado no es necesariamente un terrorista operativo; un radical no tiene por qué estar preparando un atentado, y una sospecha de inteligencia no equivale a una prueba judicial.

No existe tampoco confirmación oficial de que formaran una célula, actuaran coordinadamente o recibieran instrucciones para cruzar. La hipótesis más prudente es que varios perfiles conocidos aprovecharon individualmente el caos, aunque solo una investigación policial podrá establecer si hubo planificación, apoyo logístico o contactos previos.

Algunas publicaciones han situado en torno a una decena el número de individuos detectados, pero esa cifra no ha sido confirmada por la Guardia Civil ni por Interior. Tampoco han sido acreditadas de manera independiente otras afirmaciones que circulan, como la supuesta localización de armas de fuego entre quienes permanecen ocultos. 

La cuestión central, por tanto, no es afirmar que una organización yihadista ejecutó una infiltración masiva, algo para lo que no hay pruebas públicas, sino determinar si España perdió durante varias horas el control de su frontera hasta el punto de permitir la entrada de individuos que ya figuraban en los radares antiterroristas.

La alarma no surge en un vacío. Ceuta lleva más de dos décadas apareciendo de manera recurrente en investigaciones y operaciones contra el yihadismo. Su situación geográfica, la continuidad humana con las localidades marroquíes próximas, la existencia de vínculos familiares a ambos lados de la frontera y la actividad de redes de captación han convertido a la ciudad en uno de los escenarios españoles con mayor concentración de procesos de radicalización.

Un estudio del Real Instituto Elcano basado en 205 yihadistas condenados o fallecidos en España entre 2012 y 2023 concluyó que el 14,2% se había radicalizado en Ceuta. Solo Cataluña, con el 36,6%, y Madrid, con el 15,7%, presentaban porcentajes superiores. Melilla aparecía inmediatamente después, con el 11,2%. La concentración no se correspondía simplemente con la distribución de la población musulmana, sino con la actividad de células y redes locales capaces de socializar, movilizar y reclutar a individuos vulnerables. El mismo trabajo señalaba que el 90,1% de los yihadistas estudiados se había radicalizado en compañía de otras personas, no en completa soledad.

En diciembre de 2006, la operación Duna condujo a la detención en el barrio del Príncipe de once personas acusadas de pertenecer a una organización yihadista. Algunos tenían antecedentes por delincuencia común y tráfico de drogas, y la investigación apuntaba a procesos de proselitismo radical desarrollados en determinados entornos religiosos y penitenciarios. El caso mostró tempranamente una característica que se repetiría después: la intersección entre delincuencia común, prisión, marginalidad, vínculos personales y radicalización extremista.

En junio de 2013, la operación Cesto desmanteló una red transfronteriza cuyos componentes ceutíes operaban en conexión con individuos establecidos en Fnideq, la localidad marroquí de Castillejos, situada a escasos kilómetros. Ocho españoles fueron detenidos en Ceuta. La estructura radicalizaba y reclutaba jóvenes a ambos lados de la frontera para trasladarlos a Siria como combatientes terroristas extranjeros. Investigaciones posteriores localizaron redes similares entre Ceuta, Melilla, Tetuán, Nador y otras ciudades españolas.

En noviembre de 2024, la Guardia Civil volvió a detener en Ceuta a un individuo que ya tenía antecedentes por delitos de terrorismo y se encontraba sometido a medidas de libertad vigilada. Los investigadores hallaron abundante propaganda del Estado Islámico, documentos sobre operaciones de martirio, integración en organizaciones terroristas y fabricación de explosivos. El detenido fue enviado a prisión provisional junto con otros dos investigados arrestados en Sevilla dentro de actuaciones distintas.

Los datos oficiales más recientes confirman que el problema no ha desaparecido. Hasta el 28 de julio de 2026, dos días antes de la gran entrada, el Ministerio del Interior contabilizaba en Ceuta dos operaciones contra el terrorismo yihadista y dos detenidos durante el año. En el conjunto de España se habían desarrollado 43 operaciones con 82 arrestados.

La frontera del Tarajal no separa dos realidades completamente aisladas. A ambos lados existen familias, amistades, actividades económicas, relaciones religiosas y redes criminales que se prolongan de una ciudad a otra. Esa continuidad explica que las organizaciones yihadistas hayan podido funcionar históricamente como estructuras transfronterizas.

Fnideq, Tetuán y otras localidades del norte de Marruecos han aparecido en investigaciones relacionadas con el reclutamiento de combatientes para Siria, Irak o el Sahel. Ceuta puede funcionar como destino, lugar de tránsito, espacio de captación o plataforma para acceder al territorio peninsular. A su vez, los radicales establecidos en España pueden desplazarse a Marruecos para mantener reuniones, recibir instrucciones o contactar con personas situadas fuera de la jurisdicción española.

Esta realidad obliga a España a colaborar estrechamente con los servicios marroquíes. En julio de 2024, la Guardia Civil y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos desarticularon conjuntamente una estructura radicalizada en los postulados más violentos del Estado Islámico. Ocho personas fueron detenidas en Melilla, Madrid y Málaga. La investigación había detectado grupos privados de mensajería utilizados para compartir propaganda, adoctrinar a terceros y legitimar acciones violentas.

La cooperación produce resultados, pero genera también una dependencia delicada. Buena parte de la información sobre individuos residentes en el norte de Marruecos, retornados de zonas de conflicto o vinculados con círculos radicales procede de la DGST marroquí. Si Rabat no transmite a tiempo una alerta, si la información llega incompleta o si la frontera colapsa antes de que los datos puedan ser utilizados, las autoridades españolas operan parcialmente a ciegas.

El Real Instituto Elcano advirtió hace años de esa asimetría. La cooperación con Marruecos es fundamental para España por razones geográficas, demográficas y operativas, pero la influencia que Rabat obtiene mediante esa colaboración puede utilizarse de manera acorde con los intereses españoles o convertirse en un instrumento de presión. Entre 2013 y 2014, ambos países desarrollaron seis operaciones conjuntas con 40 detenidos; aquella eficacia no eliminaba el riesgo de que Marruecos administrara su capacidad de cooperación conforme a sus propios objetivos políticos.

La pregunta que plantea ahora Ceuta es particularmente grave: si los perfiles detectados estaban monitorizados previamente por los servicios marroquíes, ¿cuándo informó Marruecos a España de que podían dirigirse hacia la frontera? ¿Lo hizo antes del cruce, mientras se producía o después de que los agentes españoles los reconocieran en las grabaciones?

La eventual infiltración de radicales islamistas se produce además en un contexto de amenaza elevada. España mantiene activado el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, correspondiente a riesgo alto. El dispositivo incluye una mayor vigilancia sobre infraestructuras, transportes, lugares de concentración y posibles objetivos sensibles.

El informe TE-SAT 2026 de Europol, elaborado con datos de 2025, contabilizó 45 atentados consumados, fallidos o frustrados en la Unión Europea. Veinticuatro, más de la mitad, fueron de inspiración yihadista. Las autoridades europeas detuvieron a 347 personas por delitos relacionados con ese tipo de terrorismo, y España fue el país que registró más arrestos, con 100, por delante de Francia, que comunicó 64. La mayoría de las detenciones estuvieron relacionadas con propaganda terrorista, pertenencia a organizaciones o preparación de atentados.

El patrón predominante ya no es necesariamente el de grandes comandos entrenados en el extranjero. Europol advierte de la importancia creciente de actores solitarios o células pequeñas, el consumo de propaganda digital y el uso de armas sencillas y fácilmente disponibles. Ocho de los nueve atentados yihadistas consumados en Europa durante 2025 se realizaron con cuchillos; el noveno consistió en un atropello. La baja complejidad logística reduce el tiempo que transcurre entre la radicalización, la decisión de actuar y el ataque.

Por eso la detección de un individuo radicalizado no puede valorarse únicamente en función de si lleva armas, explosivos o instrucciones. Un teléfono, una conexión con otros extremistas y unas horas sin vigilancia pueden ser suficientes para reconstruir una red, acceder a propaganda operativa o seleccionar un objetivo.

No es la primera vez que una crisis fronteriza en Ceuta genera informaciones sobre la entrada de yihadistas. En mayo de 2021, cuando entre 8.000 y 10.000 personas cruzaron desde Marruecos durante otra grave crisis diplomática, varios medios publicaron que un grupo de retornados de la guerra de Siria, vigilados por los servicios marroquíes, había aprovechado la avalancha para entrar en territorio español. Según aquellas informaciones, el CNI reforzó su presencia y trató de localizar a los sospechosos.

Días después, fuentes policiales consultadas por El Faro de Ceuta negaron que constara la entrada de esos radicales y aseguraron que no se estaba buscando a ningún grupo de retornados de Siria. Nunca se ofreció públicamente una explicación definitiva que reconciliara ambas versiones.

El precedente aconseja prudencia, pero no indiferencia. Que una información anterior fuera desmentida no significa que la actual sea falsa; significa que Interior y la Guardia Civil deberían ofrecer datos suficientes para impedir que una cuestión de seguridad nacional quede atrapada entre filtraciones anónimas, rumores, desmentidos parciales y versiones contradictorias.

La primera cuestión es cuántos perfiles fueron identificados. No basta con hablar de «distintos» individuos. Debe aclararse si fueron dos, diez o varias decenas, y qué clase de vigilancia existía sobre ellos. También es necesario precisar si estaban vinculados únicamente a delitos comunes, si habían sido investigados por radicalización o si figuraban en bases de datos antiterroristas internacionales.

La segunda pregunta es dónde se encuentran. Si han sido detenidos, las autoridades deben explicar bajo qué acusaciones. Si fueron entregados a Marruecos, habría que conocer qué garantías existen de que continuarán bajo control. Si permanecen en Ceuta o pasaron a la Península, el problema adquiere una dimensión mucho mayor.

La tercera cuestión afecta a la cooperación con Rabat. España debe saber cuándo recibió la información sobre esos individuos y si Marruecos conocía que se aproximaban a la frontera. La afirmación de que estaban monitorizados por los servicios marroquíes implica que existían expedientes, fotografías o datos identificativos previos. Determinar el momento en el que fueron compartidos es esencial para establecer si el fallo fue de inteligencia, de coordinación o de capacidad operativa.

También debe aclararse cuántas de las personas que permanecieron en España fueron identificadas biométricamente, cuántas carecían de documentación, cuántas tenían antecedentes y cuántas pudieron desplazarse desde Ceuta hacia la Península. Sin un balance preciso, no es posible saber si la crisis está cerrada o si sus consecuencias de seguridad se prolongarán durante meses.

La detección de personas presuntamente vinculadas al yihadismo no demuestra que Marruecos organizara una operación terrorista ni que una célula estructurada penetrara en Ceuta. Tampoco permite presentar como sospechosos a los miles de jóvenes que cruzaron la frontera empujados por rumores, redes sociales, expectativas económicas o decisiones personales.

Pero negar la dimensión de seguridad sería igualmente irresponsable. Una frontera no es solo una línea administrativa. Es un sistema de identificación, inteligencia, prevención y control. Cuando ese sistema se derrumba bajo una multitud, el Estado pierde temporalmente la capacidad de distinguir entre quien busca trabajo, quien huye de su familia, quien comete un delito y quien representa una amenaza.

Ceuta ha vuelto a demostrar que la presión migratoria puede convertirse, deliberadamente o no, en un multiplicador de riesgos. La crisis humanitaria, la delincuencia organizada, las disputas diplomáticas y el terrorismo no son fenómenos idénticos, pero pueden confluir durante unas horas en el mismo espigón.

El dato verdaderamente grave no es que entre decenas de miles de personas pudieran aparecer unos pocos radicales. Es que España todavía no parece capaz de decir con exactitud cuántos entraron, quiénes eran, dónde están y qué información poseía Marruecos antes de que cruzaran. En esa incertidumbre —más que en cualquier titular— se encuentra la auténtica brecha de seguridad abierta en el Tarajal.