El informe de Seguridad nacional aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril constató el aumento de la presión fronteriza, las entradas a nado, el riesgo de saltos masivos, la dependencia de Marruecos y la posible instrumentalización de los flujos por terceros Estados, pero encuadró los avisos sobre «oleadas inminentes» dentro de las campañas de desinformación

El Gobierno disponía de información suficiente para advertir que Ceuta podía convertirse en el escenario de una grave crisis migratoria. El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia con la participación de todos los ministerios competentes y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), recogía una sucesión de datos objetivos que apuntaban en esa dirección: el aumento de las entradas por el perímetro ceutí, la creciente utilización de la vía marítima, la existencia de intentos de saltos masivos, la dependencia de las fuerzas marroquíes para contenerlos y la posibilidad de que terceros Estados instrumentalizaran los flujos migratorios.

Sin embargo, el documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 21 de abril de 2026, no fue capaz de relacionar adecuadamente esas señales ni de transformarlas en una previsión certera sobre lo que podía suceder pocos meses después. Más aún, el informe introdujo los rumores y advertencias sobre posibles «oleadas inminentes» dentro del capítulo dedicado a las campañas de desinformación, una interpretación que pudo contribuir a rebajar el valor operativo de las convocatorias difundidas a través de las redes sociales.

El resultado es un documento paradójico. Seguridad Nacional tenía las piezas del rompecabezas, pero no supo —o no quiso— ensamblarlas. Identificó individualmente las vulnerabilidades, describió los mecanismos mediante los cuales podía producirse una invasión de inmigrantes ilegales y admitió incluso que la inmigración irregular puede ser utilizada como instrumento de presión por actores exteriores. A pesar de ello, su diagnóstico general quedó condicionado por la reducción global de las llegadas a España durante 2025, un dato estadístico que ocultaba la evolución excepcionalmente negativa de Ceuta.

El informe comienza el capítulo dedicado a los flujos migratorios irregulares subrayando que las entradas en España descendieron cerca de un 43% durante 2025, hasta alcanzar las cifras más bajas desde 2022. Esta reducción se presenta como uno de los elementos más destacados de la situación de la Seguridad Nacional. Pero apenas unas líneas después el propio documento introduce una salvedad fundamental. A pesar del descenso general, se había registrado «el incremento de entradas a través del perímetro fronterizo en la Ciudad Autónoma de Ceuta».

La anomalía era perfectamente visible. Mientras disminuían las entradas por la ruta atlántica y se reducía la cifra global española, la ruta correspondiente a Marruecos, Ceuta y Melilla presentaba una evolución ascendente. La información estadística permitía concluir, por tanto, que Ceuta no participaba de la supuesta mejoría general, sino que estaba experimentando un deterioro específico.

Sin embargo, el informe mantuvo como marco interpretativo dominante el descenso del 43%. La tendencia nacional funcionó como una suerte de espejismo estadístico bajo el que quedó desdibujado el riesgo particular de la frontera ceutí. El problema no estaba en la ausencia de datos, sino en la incapacidad o en la no voluntad para jerarquizarlos: se concedió mayor relevancia a la evolución global que a la concentración creciente de la presión en un territorio reducido, especialmente vulnerable y dependiente de la cooperación de un país extranjero.

Seguridad Nacional también conocía el cambio en los métodos utilizados para acceder irregularmente a Ceuta. El informe afirmaba que la presión sobre las ciudades autónomas se había visto «notablemente incrementada» debido principalmente al fenómeno de los nadadores que intentaban sortear el perímetro fronterizo a través del mar. El texto advertía, además, del grave riesgo que estas operaciones suponían para la vida de quienes trataban de rodear los espigones o alcanzar la costa ceutí.

No se trataba, por tanto, de una posibilidad teórica. El Gobierno socialista sabía que se estaba produciendo un desplazamiento de los intentos de entrada desde el vallado hacia el mar, un espacio más difícil de controlar y especialmente propicio para acciones simultáneas de gran número de personas. Pero no hizo nada. Esta transformación debía haber llevado a una revisión completa de los dispositivos fronterizos. Un sistema diseñado fundamentalmente para vigilar el vallado podía resultar insuficiente ante movimientos coordinados por playas, espigones y zonas marítimas próximas. El informe identificó el problema, pero no extrajo de él una conclusión proporcional a su gravedad.

El documento menciona expresamente los «intentos de saltos masivos a través del vallado». No los considera una amenaza superada, sino un fenómeno contenido gracias al despliegue de la Gendarmería Real Marroquí y de las Fuerzas Armadas del país vecino. Según Seguridad Nacional, ese dispositivo había permitido mantener un control «bastante riguroso».

La afirmación encerraba una advertencia evidente: la estabilidad de la frontera española dependía en gran medida de la voluntad y de la capacidad de Marruecos para impedir que miles de personas se aproximaran simultáneamente al perímetro. El dispositivo español constituía la última barrera, pero la contención efectiva se producía previamente en territorio marroquí.

El informe presentó esta cooperación como una garantía, sin desarrollar suficientemente la vulnerabilidad que implicaba. Si la Gendarmería marroquí reducía su presencia, recibía instrucciones de no intervenir, era desbordada o actuaba con menor intensidad durante unas horas, la presión podía trasladarse inmediatamente hasta la frontera española.

Seguridad Nacional del Gobierno de Pedro Sánchez conocía esa dependencia, pero no parece haber desarrollado un escenario de contingencia adecuado para el supuesto de que Marruecos dejara de ejercer el control «bastante riguroso» descrito en el documento. La confianza en la cooperación del país vecino sustituyó, en la práctica, a una evaluación más severa sobre la capacidad autónoma de España para proteger la frontera.

La advertencia más grave aparece en el apartado dedicado a la gestión de los flujos irregulares. El informe reconoce que estos movimientos pueden ser instrumentalizados por «amenazas exteriores de gran entidad», incluidos terceros Estados, actores vinculados al terrorismo islamista y organizaciones criminales.

El documento considera que esa instrumentalización puede producirse tanto dentro de los propios flujos migratorios como mediante fenómenos transnacionales derivados de conflictos o catástrofes.

El Gobierno admitía así oficialmente que la inmigración irregular no es únicamente una cuestión humanitaria o administrativa. Puede convertirse en una herramienta híbrida de presión política, desestabilización territorial y desgaste institucional. Pese a ello, y de forma increíble, el informe no vincula esta posibilidad con la situación concreta de Ceuta ni con la dependencia del despliegue marroquí. Las dos informaciones aparecen separadas: en un lugar se reconoce que los terceros Estados pueden instrumentalizar los flujos; en otro, que los saltos masivos son contenidos principalmente por las fuerzas de Marruecos.

La conclusión lógica era evidente. Si un tercer Estado podía emplear la inmigración como instrumento de presión y la protección efectiva de Ceuta dependía de la actuación de Marruecos, cualquier alteración deliberada de esa cooperación podía provocar una crisis inmediata. El documento no formula esa deducción, pese a que todos sus elementos se encontraban recogidos en sus páginas.

La fragilidad no se limitaba al perímetro fronterizo. Durante 2025, las Fuerzas Armadas tuvieron que prestar apoyo a los ministerios responsables de la recepción y acogida de inmigrantes procedentes del norte de África.

En el caso concreto de Ceuta, el Ejército de Tierra proporcionó material de alojamiento al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Esta intervención demostraba que el sistema ordinario de acogida ya necesitaba recursos extraordinarios antes de que se produjera una crisis de mayores dimensiones. La capacidad de respuesta se encontraba tensionada incluso con unas cifras considerablemente inferiores a las que podía generar una movilización masiva.

También en este ámbito faltó una conclusión operativa. Si el CETI requería apoyo militar en una situación todavía considerada controlada, una entrada simultánea de miles de personas podía desbordar rápidamente no solo el alojamiento, sino también la asistencia sanitaria, la atención a menores, la seguridad ciudadana y los mecanismos de traslado a la Península.

La mayor contradicción del informe, y lo más escandaloso, aparece en su análisis de las campañas de desinformación. Seguridad Nacional sostiene que los flujos migratorios son utilizados para erosionar la confianza en las instituciones y polarizar a la sociedad. Como ejemplo, menciona la difusión de rumores sobre «oleadas inminentes» de inmigrantes.

El documento sitúa a Ceuta y Melilla, junto al Sahel y las fronteras exteriores de la Unión Europea, como «polos de fricción geográficos y simbólicos». Según el análisis oficial, en estos espacios la inmigración se entrelaza con la inseguridad y los episodios de conflictividad son instrumentalizados para proyectar una imagen de deterioro de la seguridad pública.

También advierte de la difusión de materiales audiovisuales fabricados, mensajes en idiomas locales y contenidos destinados a incrementar la polarización. La existencia de campañas manipuladas o de contenidos falsos es indudablemente un riesgo real. Pero el error consiste en incorporar bajo esa misma categoría las advertencias sobre posibles «oleadas» sin diferenciar cuidadosamente entre rumores falsos y convocatorias auténticas destinadas a movilizar a personas reales.

Una llamada difundida en Facebook, TikTok, Telegram o WhatsApp puede contener información falsa sobre la apertura de la frontera y, al mismo tiempo, tener efectos operativos absolutamente reales. La posible falsedad del mensaje no elimina su capacidad para concentrar a miles de personas en un lugar y una hora determinados.

Esa distinción resulta decisiva. Desde la perspectiva de la comunicación pública, un anuncio sobre una supuesta apertura fronteriza puede ser desinformación. Desde el punto de vista de la seguridad, sin embargo, puede constituir una convocatoria, un mecanismo de reclutamiento y una orden de movilización.

El informe estudió preferentemente estas campañas como una amenaza contra la confianza institucional y la cohesión social española. Prestó menos atención a su capacidad para coordinar movimientos humanos al otro lado de la frontera. La prioridad parecía consistir en impedir que los rumores generasen alarma en España, cuando el peligro principal podía ser que esos mismos rumores movilizaran a miles de personas en Marruecos.

El enfoque adoptado por Seguridad Nacional plantea una cuestión especialmente grave. Cuando las advertencias sobre una llegada masiva se clasifican de antemano dentro del fenómeno de la desinformación, existe el riesgo de que las instituciones dediquen más esfuerzos a desacreditar o contener el relato que a comprobar si la movilización anunciada está produciéndose realmente.

La lucha contra la desinformación no puede convertirse en una excusa para despreciar las señales incómodas. Tampoco puede utilizarse para confundir tres fenómenos diferentes: una noticia falsa destinada a alarmar a la población española, una convocatoria dirigida a movilizar inmigrantes y una operación de influencia promovida o tolerada por actores exteriores.

Los tres supuestos pueden coincidir en un mismo mensaje. Precisamente por ello requieren análisis de inteligencia, vigilancia operativa y preparación fronteriza, no únicamente verificaciones periodísticas o estrategias de comunicación institucional.

El propio informe reconoce que la desinformación aprovecha los vacíos informativos, erosiona la confianza en las autoridades y utiliza contenidos audiovisuales de apariencia testimonial. También señala que las nuevas herramientas permiten planificar campañas, identificar vulnerabilidades sociales y coordinar enjambres de cuentas y agentes automatizados.

Pero esa sofisticación analítica no se aplicó con la misma intensidad a la posibilidad de que las redes sociales sirvieran para organizar una presión física sobre la frontera de Ceuta.

El informe demuestra que el Estado no se encontraba ante un fenómeno completamente imprevisible. Las autoridades socialistas conocían el incremento de las entradas en Ceuta, el crecimiento del fenómeno de los nadadores, la persistencia de intentos de salto masivo, la relevancia del dispositivo marroquí, la saturación potencial del sistema de acogida y el riesgo de instrumentalización por terceros Estados. Conocían también que Ceuta y Melilla eran objetivos simbólicos dentro de las narrativas sobre inmigración y seguridad, y que las redes sociales podían difundir mensajes capaces de intensificar la tensión. No faltaban datos fiables. Faltó extraer de ellos una conclusión clara.

El problema esencial fue analítico. El descenso global de la inmigración irregular ocultó el aumento localizado en Ceuta; la cooperación con Marruecos fue interpretada como una garantía y no como una dependencia; la instrumentalización migratoria se reconoció como posibilidad abstracta, pero no se aplicó al escenario concreto; y las advertencias sobre «oleadas inminentes» quedaron asociadas a campañas de desinformación en lugar de ser tratadas también como posibles indicadores de una movilización real.

Seguridad Nacional describió correctamente los árboles, pero no vio, o no quiso ver, el bosque. El Gobierno poseía una información que, examinada en conjunto, obligaba a reforzar la frontera, preparar recursos extraordinarios de acogida y establecer protocolos específicos ante convocatorias digitales. La crisis posterior no nació de una ausencia absoluta de señales, sino de la incapacidad institucional para comprender su alcance y actuar antes de que las advertencias se convirtieran en hechos.