Santiago Abascal propone activar el artículo 102 de la Constitución y exige que se desclasifiquen las comunicaciones del Gobierno con Marruecos y los informes de los servicios de inteligencia

Vox ha decidido elevar al terreno penal su ofensiva contra el Gobierno por la invasión de Ceuta por parte de decenas de miles de inmigrantes ilegales. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido promoverá la utilización del procedimiento contemplado en el artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades criminales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros de su Ejecutivo por presuntos delitos de traición o contra la seguridad del Estado relacionados con la reciente entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

«La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales», afirmó Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de X. El dirigente de Vox sostiene que existen «indicios y evidencias más que suficientes» para poner en marcha el procedimiento constitucional y señala específicamente, entre esos indicios, el supuesto conocimiento previo que habría tenido el Ejecutivo acerca de lo que iba a suceder en Ceuta.

La iniciativa anunciada por Vox parte de una acusación política de enorme gravedad. El partido considera que lo ocurrido en Ceuta no puede ser interpretado exclusivamente como una crisis migratoria, sino como un episodio de «guerra híbrida» en el que la inmigración ilegal habría sido utilizada como instrumento de presión contra España. En su comunicado, la formación sostiene que la llegada masiva de inmigrantes afectó directamente a la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el control efectivo de las fronteras.

Vox reclama, además, que el Gobierno desclasifique y entregue al Congreso toda la documentación relacionada con los acontecimientos. La petición afecta especialmente a las comunicaciones mantenidas entre las autoridades españolas y marroquíes antes, durante y después de la crisis, así como a los informes elaborados por los servicios de inteligencia y por los organismos encargados de la seguridad nacional, incluidos los de carácter civil y militar. Para la formación de Abascal, el conocimiento de esa documentación permitiría determinar qué sabía realmente el Gobierno antes de que se produjera la entrada masiva y qué decisiones adoptó después.

«Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado», señala Vox en el comunicado en el que anuncia su iniciativa.

El mecanismo al que pretende recurrir Vox está recogido en uno de los artículos menos utilizados y políticamente más excepcionales de la Constitución. El artículo 102 establece que la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno debe ser exigida, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando la acusación sea por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la propia Constitución establece unas condiciones parlamentarias especialmente exigentes.

Para iniciar el procedimiento es necesaria la iniciativa de, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados. Posteriormente, la acusación necesita obtener la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara. El procedimiento se desarrolla en el artículo 169 del Reglamento del Congreso: una vez presentada por escrito la iniciativa con las firmas necesarias, la Presidencia debe convocar una sesión secreta del Pleno para debatirla y someterla a votación.

En una Cámara de 350 diputados esto supone reunir inicialmente, como mínimo, 88 firmas y obtener después al menos 176 votos favorables para que la acusación salga adelante. Vox, por tanto, no puede poner en marcha por sí solo todo el procedimiento y necesitará necesariamente el respaldo de diputados de otras formaciones.

La diferencia no es menor desde el punto de vista jurídico. El artículo 102 no constituye simplemente un mecanismo parlamentario destinado a crear una comisión de investigación sobre el Gobierno. Se trata del cauce constitucional específico previsto para que pueda plantearse ante el Tribunal Supremo una acusación contra el presidente o miembros del Ejecutivo cuando se les atribuyan delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Si la Cámara aprueba la iniciativa por mayoría absoluta, el presidente del Congreso debe comunicar la decisión al presidente del Tribunal Supremo.

Vox ha anunciado que pondrá a sus diputados a disposición de los grupos parlamentarios dispuestos a impulsar la iniciativa y emplaza así al resto de la oposición, y especialmente a las fuerzas con representación suficiente para completar las firmas necesarias, a pronunciarse sobre la apertura del procedimiento.

La iniciativa introduce de este modo una nueva dimensión en la crisis política abierta después de los acontecimientos de Ceuta. Hasta ahora, el debate se había centrado fundamentalmente en la gestión de la frontera, la actuación de las fuerzas de seguridad, la relación con Marruecos y las informaciones que apuntan a que las autoridades españolas disponían de advertencias previas sobre el riesgo de una entrada masiva. Vox pretende ahora que la controversia llegue mucho más lejos y que se determine si la actuación —o eventual omisión— del Gobierno puede tener relevancia penal dentro de los supuestos excepcionalmente graves contemplados por el artículo 102 de la Constitución.

Que esa acusación pueda finalmente prosperar es una cuestión distinta. La existencia de indicios suficientes para atribuir al presidente o a otros miembros del Ejecutivo un delito de traición o contra la seguridad del Estado tendría que ser determinada jurídicamente, y las afirmaciones realizadas hasta el momento por Vox constituyen la tesis de la formación y no una conclusión judicial. Pero el anuncio de Abascal abre un frente político de considerable alcance: obliga a los demás grupos parlamentarios a decidir si consideran que lo sucedido en Ceuta merece únicamente responsabilidades políticas o si están dispuestos a respaldar el procedimiento constitucional diseñado para las acusaciones penales más graves contra un Gobierno.