Lo que el Ayuntamiento nacionalsocialista (PNV-PSE) de San Sebastián oculta
Hay dos Semanas Grandes. Está la que describe el Ayuntamiento de San Sebastián, una celebración dominada por «la normalidad y el buen ambiente», sin «ningún incidente importante» y con un descenso del 45 % en el número de delitos respecto al año anterior. Esa es la fotografía oficial. La que interesa enseñar. La que permite felicitarse, cerrar el balance y pasar página. El propio Ayuntamiento nacionalsocialista la hizo pública el pasado 16 de agosto con esas palabras.
Y después está la otra.
La que aparece cuando alguien levanta la alfombra.
Una cuenta de X- Twitter, gestionada de forma anónima pero habitualmente bien informada, ha difundido un balance radicalmente diferente: más de 200 detenidos; un 36 % de los delitos relacionados con hurtos; un 29 % con robos violentos y agresiones; un 19 % con desórdenes públicos y peleas; un 9 % con tráfico de drogas y delitos contra la salud pública; y un 7 % con agresiones sexuales y violencia contra la mujer. La misma fuente sostiene, además, que el 88 % de los detenidos era de origen magrebí.
Si estos datos son ciertos, lo sucedido exige explicaciones. Muchas.
Porque más de 200 detenciones en ocho días no parecen encajar fácilmente con un balance institucional reducido a «normalidad y buen ambiente». Y porque una Semana Grande en la que, siempre según esos datos, una parte considerable de los hechos registrados estaría relacionada con violencia, agresiones, peleas, drogas o delitos sexuales merece algo más que un comunicado satisfecho del Ayuntamiento.
Conviene dejar algo muy claro. El Ayuntamiento puede tener razón cuando asegura que el número global de delitos ha descendido un 45 % respecto al año anterior. Una cosa no contradice necesariamente la otra. Puede haber menos delitos y, al mismo tiempo, haberse producido más de 200 detenciones. Puede reducirse el volumen general de infracciones y continuar existiendo un problema grave con determinadas formas de delincuencia. Precisamente por eso los ciudadanos necesitan todos los datos y no únicamente el porcentaje que permite construir un titular tranquilizador. El balance municipal publicado el 16 de agosto habla del descenso del 45 %, pero no proporciona el número de detenciones ni un desglose detallado de los arrestados. Y ahí comienza el verdadero problema político.
Gobernar no consiste en tranquilizar: consiste en contar la verdad
Una administración pública no está para administrar percepciones. Está para administrar una ciudad. Y cuando la seguridad se convierte en una preocupación ciudadana, la obligación del poder no consiste en seleccionar los datos más convenientes para demostrar que todo marcha razonablemente bien. Consiste en poner encima de la mesa la estadística completa y permitir que los ciudadanos juzguen por sí mismos.
¿Cuántas personas fueron detenidas exactamente durante la Semana Grande? ¿Por qué delitos? ¿Cuántas habían sido detenidas anteriormente? ¿Cuántos arrestos correspondieron a Guardia Municipal y cuántos a Ertzaintza? ¿Cuál era la nacionalidad de los arrestados? ¿Es cierto que el 88 % era de origen magrebí? ¿Cómo se ha establecido ese porcentaje? ¿Qué comparación existe con 2025, 2024 y los años anteriores?
No son preguntas racistas. No son preguntas xenófobas. Son preguntas estadísticas.
Y las estadísticas no tienen ideología.
Si el dato del 88 % es falso, el Ayuntamiento y los responsables policiales deberían desmentirlo inmediatamente y publicar las cifras reales. Si es inexacto, deberían corregirlo. Pero si es cierto, los ciudadanos tienen derecho a conocerlo.
Lo intolerable sería que las instituciones poseyeran una información relevante sobre la delincuencia y decidieran no ofrecerla porque consideran que conocerla puede resultar políticamente incómodo, alimentar determinadas interpretaciones o cuestionar determinadas políticas. En una democracia adulta, el Gobierno proporciona los hechos y los ciudadanos extraen las conclusiones. Cuando el poder comienza a decidir qué hechos puede conocer la sociedad para evitar que esta llegue a determinadas conclusiones, hemos abandonado el terreno de la información para entrar en el de la tutela totalitaria. Y los ciudadanos no necesitan tutores. No necesitamos tiranos.
La nacionalidad de un delincuente no condena a nadie más
También conviene anticiparse a una trampa argumental demasiado frecuente. Conocer la nacionalidad o procedencia de las personas detenidas no significa responsabilizar colectivamente a quienes compartan esa procedencia. Un marroquí que vive honradamente en San Sebastián no tiene responsabilidad alguna por el delito cometido por otro marroquí, del mismo modo que un español no responde de los delitos cometidos por otros españoles. Pero esa evidencia moral no convierte los datos en irrelevantes.
Si se produjera una sobrerrepresentación extraordinaria de algún colectivo en determinadas categorías delictivas, las administraciones tendrían la obligación de estudiarla. Habrá que determinar sus causas: edad, marginalidad, reincidencia, exclusión, redes criminales, fallos en las políticas migratorias, ausencia de integración, legislación penal, dificultades para ejecutar expulsiones cuando legalmente procedan o cualquier combinación de factores. Lo que no puede hacerse es resolver el problema estadístico dejando de publicar la estadística.
Una realidad no desaparece porque dejemos de medirla. Y mucho menos porque dejemos de contarla.
El insoportable encogimiento de hombros
Lo más inquietante en San Sebastián es esa creciente impresión de resignación. Hurtos, robos, peleas, agresiones, delincuencia reincidente. Episodios que, tal y como ocurrió durante medio siglo con el terrorimso etarra, van incorporándose poco a poco al paisaje urbano hasta correr el riesgo de convertirse en una nueva normalidad.
Y frente a esa preocupación aparece demasiadas veces el mismo lenguaje burocrático: hechos puntuales, percepción de inseguridad, normalidad general, dispositivos reforzados, coordinación policial. Antes de comenzar la Semana Grande, el propio Ayuntamiento anunció un dispositivo extraordinario de Guardia Municipal y Ertzaintza, con cerca de 200 agentes desplegados y especial atención a hurtos, conductas relacionadas con alcohol y drogas y agresiones sexuales. Es decir, las instituciones conocían perfectamente los riesgos.
Los policías hacen su trabajo. Detienen. Patrullan. Intervienen. Se enfrentan físicamente a quienes alteran el orden. Y después comienza otra parte del problema: qué ocurre políticamente con todo aquello que esos policías ven cada noche.
Porque una ciudad no puede acostumbrarse a que sus agentes detengan una y otra vez mientras sus responsables políticos presentan cada mañana un paisaje administrativo cuidadosamente tranquilizador.
La seguridad ciudadana no puede gestionarse mediante relaciones públicas.
Si han bajado los delitos un 45 %, estupendo: publíquese y celébrese. Pero publíquense también las detenciones. Los delitos violentos. Las reincidencias. Las nacionalidades cuando sean estadísticamente relevantes y se disponga legalmente de esos datos. Las órdenes de expulsión pendientes. Las edades. Las zonas. Las modalidades delictivas. Todo.
La transparencia no consiste en publicar únicamente las cifras buenas.
Si el 88 % es cierto, alguien deberá explicarlo
El dato más explosivo de todos es evidentemente ese 88 % de detenidos de origen magrebí. Debe manejarse con prudencia precisamente porque es extraordinario. En este momento no aparece confirmado en el balance público del Ayuntamiento. Por eso no cabe presentarlo como una estadística oficial comprobada. Pero tampoco resulta razonable fingir que la cifra no existe después de haber sido difundida por una fuente habitualmente bien informada.
Hay una forma muy sencilla de terminar con la polémica: publicar los datos. Sin adjetivos. Sin sermones. Sin decidir previamente qué interpretación deben hacer los ciudadanos.
¿Cuántos detenidos hubo? ¿De qué nacionalidad? ¿Por qué delitos? ¿Cuántos eran reincidentes?
Y entonces podremos discutir políticas.
Si el porcentaje es incorrecto, quedará demostrado. Si es correcto, habrá que preguntarse por qué. Lo que no resulta aceptable es que la respuesta institucional al problema consista en mantener la información fuera del debate público mientras se despacha el balance de las fiestas hablando de «normalidad y buen ambiente». Porque, si finalmente se confirma que hubo más de 200 detenidos y que se produjeron los porcentajes de violencia descritos por la fuente, el silencio dejará de ser prudencia y comenzará a parecer ocultación.
El derecho a saber
San Sebastián sigue siendo, a pesar de todo, una ciudad en la que merece la pena vivir. Precisamente por eso merece que se defienda su seguridad sin complejos y sin propaganda.
Los donostiarras tienen derecho a caminar por la Parte Vieja sin aceptar el hurto como peaje turístico. Las mujeres tienen derecho a regresar de noche sin asumir que el riesgo forma parte inevitable de la fiesta. Los jóvenes tienen derecho a disfrutar de la ciudad sin normalizar peleas y violencia. Los comerciantes tienen derecho a trabajar sin convertir cada jornada en un ejercicio de vigilancia. Y los policías tienen derecho a saber que su esfuerzo no termina sepultado bajo un comunicado políticamente conveniente.
Pero, sobre todo, los ciudadanos tienen derecho a saber. Derecho a conocer quién delinque, cómo delinque, cuánto delinque y qué hacen las administraciones para impedirlo. No para odiar a nadie. No para buscar culpables colectivos. Sino para exigir soluciones.
Porque quizá los datos difundidos en X - Twitter resulten finalmente equivocados. O quizá necesiten importantes matizaciones. Eso deberá determinarse con información oficial completa. Pero si son ciertos, el escándalo no serán únicamente las cifras. El escándalo será que una cuenta de Twitter haya tenido que contarlas anónimamente mientras quienes gobiernan la ciudad hablaban de «normalidad y buen ambiente».
Hay dos Semanas Grandes. Está la que describe el Ayuntamiento de San Sebastián, una celebración dominada por «la normalidad y el buen ambiente», sin «ningún incidente importante» y con un descenso del 45 % en el número de delitos respecto al año anterior. Esa es la fotografía oficial. La que interesa enseñar. La que permite felicitarse, cerrar el balance y pasar página. El propio Ayuntamiento nacionalsocialista la hizo pública el pasado 16 de agosto con esas palabras.
Y después está la otra.
La que aparece cuando alguien levanta la alfombra.
Una cuenta de X- Twitter, gestionada de forma anónima pero habitualmente bien informada, ha difundido un balance radicalmente diferente: más de 200 detenidos; un 36 % de los delitos relacionados con hurtos; un 29 % con robos violentos y agresiones; un 19 % con desórdenes públicos y peleas; un 9 % con tráfico de drogas y delitos contra la salud pública; y un 7 % con agresiones sexuales y violencia contra la mujer. La misma fuente sostiene, además, que el 88 % de los detenidos era de origen magrebí.
Si estos datos son ciertos, lo sucedido exige explicaciones. Muchas.
Porque más de 200 detenciones en ocho días no parecen encajar fácilmente con un balance institucional reducido a «normalidad y buen ambiente». Y porque una Semana Grande en la que, siempre según esos datos, una parte considerable de los hechos registrados estaría relacionada con violencia, agresiones, peleas, drogas o delitos sexuales merece algo más que un comunicado satisfecho del Ayuntamiento.
Conviene dejar algo muy claro. El Ayuntamiento puede tener razón cuando asegura que el número global de delitos ha descendido un 45 % respecto al año anterior. Una cosa no contradice necesariamente la otra. Puede haber menos delitos y, al mismo tiempo, haberse producido más de 200 detenciones. Puede reducirse el volumen general de infracciones y continuar existiendo un problema grave con determinadas formas de delincuencia. Precisamente por eso los ciudadanos necesitan todos los datos y no únicamente el porcentaje que permite construir un titular tranquilizador. El balance municipal publicado el 16 de agosto habla del descenso del 45 %, pero no proporciona el número de detenciones ni un desglose detallado de los arrestados. Y ahí comienza el verdadero problema político.
Gobernar no consiste en tranquilizar: consiste en contar la verdad
Una administración pública no está para administrar percepciones. Está para administrar una ciudad. Y cuando la seguridad se convierte en una preocupación ciudadana, la obligación del poder no consiste en seleccionar los datos más convenientes para demostrar que todo marcha razonablemente bien. Consiste en poner encima de la mesa la estadística completa y permitir que los ciudadanos juzguen por sí mismos.
¿Cuántas personas fueron detenidas exactamente durante la Semana Grande? ¿Por qué delitos? ¿Cuántas habían sido detenidas anteriormente? ¿Cuántos arrestos correspondieron a Guardia Municipal y cuántos a Ertzaintza? ¿Cuál era la nacionalidad de los arrestados? ¿Es cierto que el 88 % era de origen magrebí? ¿Cómo se ha establecido ese porcentaje? ¿Qué comparación existe con 2025, 2024 y los años anteriores?
No son preguntas racistas. No son preguntas xenófobas. Son preguntas estadísticas.
Y las estadísticas no tienen ideología.
Si el dato del 88 % es falso, el Ayuntamiento y los responsables policiales deberían desmentirlo inmediatamente y publicar las cifras reales. Si es inexacto, deberían corregirlo. Pero si es cierto, los ciudadanos tienen derecho a conocerlo.
Lo intolerable sería que las instituciones poseyeran una información relevante sobre la delincuencia y decidieran no ofrecerla porque consideran que conocerla puede resultar políticamente incómodo, alimentar determinadas interpretaciones o cuestionar determinadas políticas. En una democracia adulta, el Gobierno proporciona los hechos y los ciudadanos extraen las conclusiones. Cuando el poder comienza a decidir qué hechos puede conocer la sociedad para evitar que esta llegue a determinadas conclusiones, hemos abandonado el terreno de la información para entrar en el de la tutela totalitaria. Y los ciudadanos no necesitan tutores. No necesitamos tiranos.
La nacionalidad de un delincuente no condena a nadie más
También conviene anticiparse a una trampa argumental demasiado frecuente. Conocer la nacionalidad o procedencia de las personas detenidas no significa responsabilizar colectivamente a quienes compartan esa procedencia. Un marroquí que vive honradamente en San Sebastián no tiene responsabilidad alguna por el delito cometido por otro marroquí, del mismo modo que un español no responde de los delitos cometidos por otros españoles. Pero esa evidencia moral no convierte los datos en irrelevantes.
Si se produjera una sobrerrepresentación extraordinaria de algún colectivo en determinadas categorías delictivas, las administraciones tendrían la obligación de estudiarla. Habrá que determinar sus causas: edad, marginalidad, reincidencia, exclusión, redes criminales, fallos en las políticas migratorias, ausencia de integración, legislación penal, dificultades para ejecutar expulsiones cuando legalmente procedan o cualquier combinación de factores. Lo que no puede hacerse es resolver el problema estadístico dejando de publicar la estadística.
Una realidad no desaparece porque dejemos de medirla. Y mucho menos porque dejemos de contarla.
El insoportable encogimiento de hombros
Lo más inquietante en San Sebastián es esa creciente impresión de resignación. Hurtos, robos, peleas, agresiones, delincuencia reincidente. Episodios que, tal y como ocurrió durante medio siglo con el terrorimso etarra, van incorporándose poco a poco al paisaje urbano hasta correr el riesgo de convertirse en una nueva normalidad.
Y frente a esa preocupación aparece demasiadas veces el mismo lenguaje burocrático: hechos puntuales, percepción de inseguridad, normalidad general, dispositivos reforzados, coordinación policial. Antes de comenzar la Semana Grande, el propio Ayuntamiento anunció un dispositivo extraordinario de Guardia Municipal y Ertzaintza, con cerca de 200 agentes desplegados y especial atención a hurtos, conductas relacionadas con alcohol y drogas y agresiones sexuales. Es decir, las instituciones conocían perfectamente los riesgos.
Los policías hacen su trabajo. Detienen. Patrullan. Intervienen. Se enfrentan físicamente a quienes alteran el orden. Y después comienza otra parte del problema: qué ocurre políticamente con todo aquello que esos policías ven cada noche.
Porque una ciudad no puede acostumbrarse a que sus agentes detengan una y otra vez mientras sus responsables políticos presentan cada mañana un paisaje administrativo cuidadosamente tranquilizador.
La seguridad ciudadana no puede gestionarse mediante relaciones públicas.
Si han bajado los delitos un 45 %, estupendo: publíquese y celébrese. Pero publíquense también las detenciones. Los delitos violentos. Las reincidencias. Las nacionalidades cuando sean estadísticamente relevantes y se disponga legalmente de esos datos. Las órdenes de expulsión pendientes. Las edades. Las zonas. Las modalidades delictivas. Todo.
La transparencia no consiste en publicar únicamente las cifras buenas.
Si el 88 % es cierto, alguien deberá explicarlo
El dato más explosivo de todos es evidentemente ese 88 % de detenidos de origen magrebí. Debe manejarse con prudencia precisamente porque es extraordinario. En este momento no aparece confirmado en el balance público del Ayuntamiento. Por eso no cabe presentarlo como una estadística oficial comprobada. Pero tampoco resulta razonable fingir que la cifra no existe después de haber sido difundida por una fuente habitualmente bien informada.
Hay una forma muy sencilla de terminar con la polémica: publicar los datos. Sin adjetivos. Sin sermones. Sin decidir previamente qué interpretación deben hacer los ciudadanos.
¿Cuántos detenidos hubo? ¿De qué nacionalidad? ¿Por qué delitos? ¿Cuántos eran reincidentes?
Y entonces podremos discutir políticas.
Si el porcentaje es incorrecto, quedará demostrado. Si es correcto, habrá que preguntarse por qué. Lo que no resulta aceptable es que la respuesta institucional al problema consista en mantener la información fuera del debate público mientras se despacha el balance de las fiestas hablando de «normalidad y buen ambiente». Porque, si finalmente se confirma que hubo más de 200 detenidos y que se produjeron los porcentajes de violencia descritos por la fuente, el silencio dejará de ser prudencia y comenzará a parecer ocultación.
El derecho a saber
San Sebastián sigue siendo, a pesar de todo, una ciudad en la que merece la pena vivir. Precisamente por eso merece que se defienda su seguridad sin complejos y sin propaganda.
Los donostiarras tienen derecho a caminar por la Parte Vieja sin aceptar el hurto como peaje turístico. Las mujeres tienen derecho a regresar de noche sin asumir que el riesgo forma parte inevitable de la fiesta. Los jóvenes tienen derecho a disfrutar de la ciudad sin normalizar peleas y violencia. Los comerciantes tienen derecho a trabajar sin convertir cada jornada en un ejercicio de vigilancia. Y los policías tienen derecho a saber que su esfuerzo no termina sepultado bajo un comunicado políticamente conveniente.
Pero, sobre todo, los ciudadanos tienen derecho a saber. Derecho a conocer quién delinque, cómo delinque, cuánto delinque y qué hacen las administraciones para impedirlo. No para odiar a nadie. No para buscar culpables colectivos. Sino para exigir soluciones.
Porque quizá los datos difundidos en X - Twitter resulten finalmente equivocados. O quizá necesiten importantes matizaciones. Eso deberá determinarse con información oficial completa. Pero si son ciertos, el escándalo no serán únicamente las cifras. El escándalo será que una cuenta de Twitter haya tenido que contarlas anónimamente mientras quienes gobiernan la ciudad hablaban de «normalidad y buen ambiente».
