Hay una ficción que conviene desmontar cuanto antes: la de que en España compiten socialdemócratas, conservadores y liberales, cada uno defendiendo una visión legítima de la cosa pública. No es así. Bajo esas etiquetas late una estructura mucho más antigua y mucho menos noble: un aparato de expolio a las clases medias, revestido de complejidad técnica y legitimidad democrática, cuyo único propósito real es extraer todo lo posible de la parte productiva de la sociedad. Lo demás —los debates de titulares, las banderas ideológicas, los eslóganes de campaña— es decorado.

Ese saqueo no es torpe ni improvisado. Se ejecuta con un despliegue técnico, humano y propagandístico que ya quisieran para sí muchas multinacionales. En Hacienda están los mejores profesionales del país, los mejores sistemas informáticos, la maquinaria más depurada; el resto de la administración funciona, en la práctica, como su servicio auxiliar. Todo ese talento no se dedica a construir prosperidad: se dedica a recaudar, y a recaudar cada vez más.

¿Y a dónde va ese dinero? A dos destinos, y ninguno es el bien común en sentido estricto: una clase dirigente y la red clientelar de electores que la sostiene en el poder. Partidos, sindicatos, altos funcionarios y un puñado de grandes empresas conforman ese círculo privilegiado cuyo objetivo, disfrazado de gestión pública, es maximizar el expolio mientras desprecian y subestiman al sistema productivo del que en realidad viven. El empresario que triunfa es visto con sospecha, la innovación se entorpece con burocracia, y se impone un código moral perverso en el que enriquecerse honradamente resulta, de algún modo, criticable.
 

Este modelo tiene fecha de nacimiento: los años ochenta, con el PSOE en el poder. Fue entonces cuando se diseñaron sus piezas maestras: la conquista del sistema educativo como instrumento de conformación ideológica, la inflación de la administración pública, la entrega a los políticos del control de las cajas de ahorro, todo ello mientras se desmantelaba, casi sin ruido, buena parte del tejido industrial del país. En paralelo se construyó una red de salida elegante para la clase política: los consejos de administración de las grandes empresas, que en muchos casos no son sino puentes permanentes entre el poder económico y el poder político.

Las cifras hablan solas. De 800.000 funcionarios se ha pasado a casi tres millones y medio, de los cuales sanidad y educación suman en torno a un millón doscientos mil. Y sin embargo, esa inflación de plantillas convive con una proliferación de centros universitarios de dudosa calidad, con un rendimiento educativo mediocre y con un gasto sanitario por habitante que sigue estando entre los más bajos de nuestro entorno. Más estructura, no necesariamente más servicio.

Cuando el PP llega al poder, no desmonta nada de esto. No podría, aunque quisiera: se ha convertido en el ecosistema natural de la política española. Simplemente toma el relevo, hereda el aparato y lo administra a su manera, sin tocar sus cimientos.

A esta arquitectura hay que sumar un cuarto poder que ya no ejerce de contrapeso sino de correa de transmisión: los medios de comunicación. Convertidos en un formidable aparato propagandístico de la clase dirigente, han ido perdiendo por el camino el sentido crítico, el análisis imparcial y la objetividad, mientras siguen tomando su parte de los presupuestos públicos. Y como los ingresos de la economía real no alcanzan para sostener semejante entramado, se ha tirado, año tras año, del endeudamiento público: una losa que pone al país a merced de sus acreedores y que absorbe, silenciosamente, el ahorro de los particulares.

El español medio —desinformado en materia política no por incapacidad, sino por diseño— permite que su dinero financie esta maraña, en buena parte orientada precisamente a mantenerlo engañado. Y aquí conviene corregir un malentendido interesado: nos han enseñado a pensar en la corrupción como el político que mete la mano en la caja. Pero eso, siendo grave, es lo de menos. Fundaciones sin propósito real, organismos redundantes, cargos absurdos y redes clientelares mueven muchísimo más dinero que cualquier sobre, y persiguen un objetivo igual de abyecto —o más— que el simple robo: perpetuarse.

El elemento más obsceno de todo el sistema es, quizá, el control de los medios públicos y el soborno permanente, más o menos disimulado, a los privados, unido a la degeneración galopante del sistema educativo convertido en herramienta de propaganda. Las comunidades autónomas, lejos de haber mejorado la gestión que en teoría justificaba su existencia, han hecho de la manipulación mediática y educativa su verdadera prioridad. En las más identitarias, el fenómeno es todavía más descarado: un lavado de cerebro sostenido cueste lo que cueste.

La factura de todo esto no es abstracta. Es un sistema productivo que se encoge y una productividad estancada desde hace quince años. Es una España que se aleja, año a año, de la renta per cápita de los cinco grandes socios de la Unión Europea. Y es, sobre todo, visible a simple vista para quien quiera mirar: la vivienda inalcanzable, la factura eléctrica disparada, la falta de oportunidades para los jóvenes, la inflación normativa, la burocracia que ahoga cualquier iniciativa, la innovación que no despega, los salarios que no suben. Todo eso no es mala suerte. Es la consecuencia directa del saqueo.

El deterioro de lo que algunos siguen llamando, casi por costumbre, "el contrato social" es ya evidente. La igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada, la presunción de inocencia: ninguna de esas garantías básicas está hoy plenamente vigente. Y llama la atención hasta qué punto reclamarlas —defender simplemente que la ley sea igual para todos— empieza a percibirse, en ciertos círculos, casi como un acto de subversión. El Estado, mientras tanto, se ha ido desentendiendo de aquello que en la teoría política clásica —la hobbesiana, la más elemental— justifica su propia existencia: garantizar orden y seguridad a cambio de obediencia. Ahora solo se preocupa de sí mismo, y de mantener entretenidos a los todavía crédulos mientras continúa el expolio.

La ecología, la desigualdad, el feminismo, las acusaciones cruzadas de fascismo: ninguno de estos debates, en la forma en que se nos presentan, busca realmente iluminar nada. Son cortinas de humo diseñadas para generar una respuesta emocional y, por tanto, irracional, que sustituya al análisis. Por eso las televisiones se han llenado de voces que apenas se distinguen del insulto y el juicio de valor sumario, mientras el pensamiento racional ha sido desterrado casi por completo: ya no queda hueco para un solo intelectual en el debate público mainstream. Se ha preferido el ruido a la razón, porque el ruido no hace preguntas incómodas.

Si buscamos un espejo en el que mirarnos, no hace falta ir muy lejos: Argentina ofrece el retrato más fiel de hacia dónde conduce este modelo cuando se deja madurar sin control. Si España no estuviera protegida por el paraguas del euro, probablemente ya estaríamos hablando de niveles de inflación galopante, no de un mero encarecimiento incómodo.

Así que aquí estamos: una sociedad que financia, con su trabajo y su ahorro, la maquinaria que la mantiene mediocre. Mientras no nos sacudamos de encima a estos parásitos instalados en el corazón del sistema, seguiremos condenados a la irrelevancia, y el deterioro —económico, pero también moral— continuará avanzando, silencioso y sostenido, como lo ha hecho durante las últimas cuatro décadas.

En este punto, conviene ser honesto, aunque resulte incómodo: nada de esto se corrige con un cambio de gobierno, ni con una nueva coalición, ni con el enésimo pacto de rentas entre las mismas siglas de siempre. Cuarenta años de arquitectura clientelar no se desmontan retocando un artículo de la ley o sustituyendo a un ministro por otro. Lo que hace falta —y suena excesivo solo porque llevamos décadas sin plantearlo en serio— es un Gran Reinicio: una refundación simultánea del sistema fiscal, del modelo territorial, de la función pública, de la educación, de la justicia y de los medios de comunicación. No una reforma más, sino el desmontaje ordenado de cada pieza de la maquinaria de expolio, una por una, hasta que ninguna quede en pie para regenerarse.

¿Cómo podría empezar a hacerse algo así? Por el sitio menos glamuroso y más eficaz: el dinero. Una simplificación radical del sistema impositivo, con topes constitucionales al gasto público y a la deuda, que le quite a la clase dirigente el combustible con el que alimenta su red clientelar. Una auditoría pública y exhaustiva —abierta, no filtrada por los propios auditados— de fundaciones, organismos, empresas públicas y entes autonómicos, con la premisa de que lo que no demuestre una utilidad clara desaparece, sin excepciones ni intocables. Una reforma de la función pública que rompa la inflación de plantillas y devuelva el mérito, y no la afinidad política, como criterio de acceso y promoción.

En paralelo, haría falta separar de una vez por todas el poder político del poder mediático: fin de la financiación pública encubierta a medios privados, gestión verdaderamente independiente —no solo nominalmente— de la radiotelevisión pública, y un sistema educativo que recupere el currículo común y el pensamiento crítico como objetivo, en lugar de la construcción identitaria socialista como instrumento de control. Y, sosteniendo todo lo anterior, una justicia y una ley electoral que devuelvan algo que hoy suena casi utópico: que todos, gobernantes y gobernados, respondan exactamente ante las mismas normas.

Nada de esto ocurrirá desde dentro del sistema, porque el sistema no tiene ningún incentivo para reformarse a sí mismo: vive, precisamente, de no hacerlo. Solo puede venir de fuera, de una masa crítica de ciudadanos —empresarios, profesionales, jóvenes sin hipoteca en el statu quo— que entienda que su ahorro, su tiempo y su voto llevan cuarenta años financiando su propio empobrecimiento, y que decida, por fin, dejar de hacerlo. Ese despertar, más que cualquier programa electoral, es la verdadera primera piedra del reinicio que necesita España.

(Nota: Este artículo, en parte, está inspirado en un texto anónimo hecho público en redes sociales)