El propietario de Hafesa, reclamado por la Justicia española y relacionado con la denominada «fontanería» del PSOE, fue arrestado el lunes en Emiratos Árabes Unidos por una investigación de blanqueo abierta en Estados Unidos. Su captura devuelve el foco sobre sus contactos con el PNV y sobre el controvertido trato concedido a sus empresas por la Hacienda vizcaína

Alejandro Hamlyn López-Tapia, propietario del Grupo Hafesa y uno de los empresarios más buscados de la llamada trama de los hidrocarburos, fue detenido este lunes en Abu Dabi, según ha informado The Objective. La captura, realizada por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos en el marco de la cooperación policial internacional, estaría relacionada con una investigación por blanqueo de capitales abierta en Estados Unidos. Junto a Hamlyn habría sido arrestado otro investigado de origen asiático. El empresario permanecía desde hacía meses fuera del alcance de la Justicia española, que lo había declarado en rebeldía después de que no compareciera ante la Audiencia Nacional.

La detención abre ahora un complejo escenario judicial en el que podrían concurrir los intereses de Estados Unidos y España. Hamlyn era buscado en España por orden de la Audiencia Nacional, que en junio de 2025 solicitó la intervención de Interpol después de que el empresario no acudiera al juicio por el presunto fraude fiscal cometido alrededor del Grupo Hafesa. Conviene precisar que Interpol no practica directamente las detenciones: facilita el intercambio de información y la localización internacional de personas reclamadas, mientras que la captura material corresponde a las autoridades del Estado donde se encuentra el fugitivo. En este caso, Hamlyn habría sido arrestado por los servicios de Emiratos a partir de una reclamación internacional.

La Justicia española atribuye al propietario de Hafesa un papel principal en una organización dedicada presuntamente a defraudar el IVA generado por la comercialización de combustibles. La denominada operación Drake, desarrollada por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, situó en más de 154 millones de euros el dinero supuestamente defraudado entre 2016 y 2019. Hamlyn estaba acusado de delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La Fiscalía llegó a solicitar para él penas que, sumadas, superaban los 89 años de prisión. Al no comparecer, el tribunal continuó el proceso contra los restantes acusados y dejó pendiente su enjuiciamiento.

La trayectoria del empresario, sin embargo, no se limita a la trama de los hidrocarburos. Su nombre apareció también en los audios de las reuniones mantenidas por la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, quienes buscaban información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y sobre determinados fiscales. En aquellas conversaciones se habló de posibles soluciones para los problemas judiciales de Hamlyn y de la conveniencia de conseguir datos contra el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. El propietario de Hafesa pasó así de ser uno de los principales investigados por fraude fiscal a convertirse en una de las piezas utilizadas por la denominada «fontanería» socialista en su intento de obtener material contra quienes investigaban algunos de los mayores escándalos que rodeaban al Gobierno.

La conexión de Hamlyn con el PNV

La detención en Abu Dabi devuelve también la atención sobre los contactos mantenidos por Hamlyn con el Partido Nacionalista Vasco y, especialmente, sobre su reunión con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Según publicó The Objective y recogió posteriormente La Tribuna del País Vasco, ambos se encontraron en Bilbao durante los primeros meses de 2023. La cita tuvo lugar cuando el empresario llevaba ya cuatro años investigado por la operación Drake y meses antes de que la Diputación Foral de Vizcaya autorizara a varias sociedades de Hafesa el aplazamiento de obligaciones tributarias por un importe conjunto de 225 millones de euros.

El encuentro no demuestra por sí mismo que Ortuzar interviniera en las posteriores decisiones de la Hacienda foral, pero su proximidad temporal convirtió la operación en una cuestión políticamente controvertida. Las fuentes nacionalistas consultadas entonces justificaron el interés del dirigente del PNV por Hafesa en la importancia que la actividad de la petrolera tenía para la economía vasca y en la presencia de depósitos fiscales del grupo en Vizcaya, aunque las principales oficinas de la compañía se encontraban en Madrid. Ortuzar, por su parte, evitó pronunciarse públicamente sobre el contenido concreto de la reunión.

Poco después de aquel encuentro, la Hacienda vizcaína —dependiente de una Diputación gobernada por el PNV— comenzó a aprobar aplazamientos relacionados con el IVA y con el impuesto especial sobre hidrocarburos. El importe acumulado ascendió a 225 millones de euros, una cifra superior incluso a los 154 millones que la Fiscalía consideraba defraudados en la operación Drake. La medida fue concedida cuando Hamlyn ya estaba procesado y cuando los bienes de sus empresas se encontraban afectados por las responsabilidades económicas derivadas de la investigación judicial.

El empresario también aludió a sus relaciones con el nacionalismo vasco en una de las conversaciones mantenidas desde Dubái con Leire Díez. Hamlyn aseguró que siempre había encontrado respaldo en sus contactos con el entonces presidente del PNV y mencionó igualmente a Iñigo Ormaetxea, antiguo subdirector de Recaudación de la Hacienda foral vizcaína. Estas afirmaciones proceden del propio empresario y no acreditan por sí solas la existencia de una intervención política ilícita, pero reforzaron las peticiones de explicaciones sobre quién negoció los aplazamientos, qué garantías aportó Hafesa y qué participación tuvieron los responsables políticos y técnicos de la Diputación.

La detención de Hamlyn no convierte automáticamente en delictivas aquellas decisiones administrativas ni prueba que el PNV otorgara a Hafesa un trato de favor. Sí altera, sin embargo, la dimensión del caso. El hombre que se reunió con el máximo responsable del nacionalismo vasco antes de obtener un aplazamiento tributario multimillonario ya no es solamente un empresario investigado y ausente: es un detenido internacional reclamado por diferentes procedimientos y cuya eventual extradición puede permitir que declare sobre sus contactos políticos, las gestiones realizadas ante la Hacienda vizcaína y las conversaciones mantenidas con la llamada «fontanería» del PSOE.

Hasta ahora, la relación entre Hamlyn y el PNV se encontraba encerrada entre reuniones no explicadas, aplazamientos extraordinarios y referencias grabadas en conversaciones privadas. Su captura en Abu Dabi puede abrir una fase distinta. Si finalmente es entregado a Estados Unidos o a España y comparece ante los tribunales, el propietario de Hafesa tendrá que responder por los delitos que se le atribuyen. Pero también podrá verse obligado a explicar qué buscaba cuando acudió a Andoni Ortuzar, qué obtuvo después de aquella reunión y por qué la Hacienda vizcaína permitió a su grupo diferir el pago de 225 millones de euros cuando su presidente ya se encontraba bajo la lupa de la Justicia.