El Observatorio de Antisemitismo contabilizó 221 episodios, frente a los 193 del año anterior, y advierte de una creciente hostilidad en centros educativos, instituciones, competiciones deportivas y espacios profesionales

El antisemitismo continuó avanzando en España durante 2025 y encontró nuevos espacios para manifestarse más allá de las redes sociales. Colegios, institutos, universidades, comercios, acontecimientos deportivos, instituciones públicas y ámbitos profesionales aparecen en el último informe del Observatorio de Antisemitismo como escenarios de una hostilidad que, según sus autores, ya no se limita a los mensajes anónimos de internet. El estudio documenta 221 incidentes a lo largo del pasado año, frente a los 193 registrados en 2024, lo que representa un incremento del 14,51%.

El informe, elaborado por el Observatorio creado en 2009 por la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia, no presenta sus resultados como una estadística oficial de delitos. Los 221 episodios incluyen presuntos delitos de odio, actos de discriminación, amenazas, ataques contra bienes, mensajes antisemitas, señalamientos personales y otras manifestaciones de intolerancia que han llegado a conocimiento de la entidad por diferentes vías. El propio documento reconoce, además, que los casos recopilados no representan la totalidad de lo ocurrido en España y advierte de una “significativa infradenuncia”, provocada por el miedo de las víctimas, la posibilidad de sufrir represalias, la desconfianza en los procedimientos o el desgaste emocional que supone relatar los hechos.

Octubre fue el mes con mayor número de incidentes, coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Le siguieron septiembre y julio. El estudio identifica como áreas especialmente afectadas el sistema educativo —desde los colegios hasta las universidades—, los ataques y señalamientos contra personas e instituciones, el deporte, la actuación de organismos públicos y determinados contenidos difundidos por los medios de comunicación.

El documento trabaja con la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, conocida como IHRA. Se trata de una definición jurídicamente no vinculante que considera antisemitas, dependiendo de su contexto, las acusaciones colectivas contra los judíos, la negación o trivialización del Holocausto, la identificación de las políticas israelíes con las del régimen nazi, la responsabilización de cualquier persona judía por las decisiones del Gobierno de Israel o la negación del derecho del pueblo judío a la autodeterminación. La propia definición precisa, sin embargo, que las críticas a Israel semejantes a las dirigidas contra cualquier otro Estado no pueden considerarse antisemitas.

Alumnos que dejaron de asistir a clase

Uno de los capítulos más preocupantes se encuentra en el ámbito educativo. El Observatorio sostiene que durante 2025 se generó en algunos centros un entorno de inseguridad para estudiantes judíos o israelíes. Algunos alumnos, afirma el informe, llegaron a plantearse un cambio de colegio o instituto, mientras que otros dejaron temporalmente de acudir a clase. Los testimonios recopilados describen situaciones de aislamiento, presión política y temor a identificarse públicamente como judíos.

Entre los casos documentados figura el de un estudiante de un instituto madrileño que aseguró haber sido insultado por una compañera, que le llamó “puto nazi” por llevar una estrella de David y expresar su deseo de emigrar a Israel. El Observatorio recibió también el testimonio de una madre preocupada por las posiciones adoptadas por algunos profesores y familias de un colegio público de Madrid, así como el de un padre de Fuengirola cuyo hijo escuchó a un docente afirmar en clase que “Israel es genocida”. Según el informe, el centro se puso en contacto con el profesor y este terminó disculpándose ante los alumnos.

La investigación recoge igualmente actividades de contenido político organizadas dentro del horario escolar, convocatorias dirigidas a menores para participar en huelgas en apoyo a Palestina, carteles que equiparaban el sionismo con el nazismo y campañas desarrolladas en diferentes universidades. Entre ellas aparecen la ruptura de relaciones académicas con instituciones israelíes, la cancelación de conferencias impartidas por especialistas de ese país y unas jornadas celebradas en la Universidad Complutense de Madrid en las que fueron sometidas a un denominado “Tribunal de los Pueblos” organizaciones como la Federación de Comunidades Judías y el Movimiento contra la Intolerancia.

El informe también reproduce la denuncia de una madre que afirmó que su hija, alumna de un colegio público, había sido presionada para firmar una autorización destinada a participar en una huelga estudiantil propalestina, bajo la amenaza de sufrir posibles represalias académicas. Estos testimonios son presentados como relatos recibidos por el Observatorio y no necesariamente como hechos probados mediante una resolución administrativa o judicial.

Comercios, viviendas y personas señaladas

La hostilidad se extendió igualmente a los espacios privados. En Barcelona fue pintada la fachada de la vivienda de una familia judía. Después de que un grupo de voluntarios limpiara las consignas, el inmueble volvió a ser atacado el 22 de octubre con mensajes como “estima el barrio, odia el sionismo”. En la misma ciudad fueron señalados comercios propiedad de ciudadanos israelíes o de personas vinculadas con la comunidad judía. En Melilla apareció pintada la expresión “Free Palestine” en la puerta del establecimiento de un comerciante judío, mientras que en Navarra fue atacada la casa de una familia que exhibía una estrella de David.

El Observatorio destaca especialmente la aparición en Barcelona de un mapa digital denominado “Barcelonaz”, que identificaba 152 ubicaciones relacionadas con negocios de ciudadanos judíos o israelíes, empresas con intereses en Israel y entidades como el colegio judío de la ciudad. Sus promotores, un grupo no identificado que decía estar formado por periodistas, profesores y estudiantes, presentaron la iniciativa como un intento de mostrar cómo operaba el sionismo en el territorio. Para el Observatorio, la elaboración de este inventario suponía una forma de señalamiento colectivo.

También se registraron situaciones de discriminación directa. Dos jóvenes israelíes denunciaron que el propietario de una tienda madrileña las expulsó después de comprobar su nacionalidad en el pasaporte. Un profesional del sector náutico de Ibiza afirmó haber sido apartado de varios grupos profesionales de WhatsApp por defender el derecho de Israel a responder a los ataques sufridos. En Salamanca, dos asistentes aseguraron haber sido expulsados de un acto por llevar una bandera israelí, mientras permanecían en el recinto otras personas que portaban símbolos propalestinos.

No todos los episodios incluidos en el informe desembocaron, sin embargo, en la constatación judicial de un delito. En Vigo, el Juzgado de Instrucción número 4 archivó provisionalmente la causa abierta contra el hostelero que había expulsado de su terraza a un grupo de turistas israelíes. El juez consideró que las expresiones recogidas en un vídeo no aportaban indicios suficientes de una intención de promover la hostilidad contra el pueblo judío ni constituían una incitación a la violencia. La resolución muestra la distancia que puede existir entre un comportamiento percibido como discriminatorio y las exigencias legales necesarias para apreciarlo como delito de odio.

La Vuelta y Eurovisión, símbolos de la nueva confrontación

El Observatorio señala dos acontecimientos de especial relevancia institucional: las protestas que impidieron finalizar con normalidad la Vuelta Ciclista a España y la decisión de RTVE de retirar a España del Festival de Eurovisión por la participación israelí. A juicio de los autores, ambos episodios revelan cómo la confrontación política relacionada con Gaza se ha desplazado hacia ámbitos deportivos y culturales.

Durante la Vuelta se produjeron protestas y alteraciones del recorrido destinadas a exigir la expulsión del equipo Israel-Premier Tech. El informe reproduce el testimonio de una joven judía que acudió con su madre a Madrid para animar al conjunto israelí y que aseguró haber recibido insultos y escuchado deseos de muerte dirigidos contra los aficionados. El Observatorio considera que la presión ejercida sobre la competición demostró la capacidad de grupos radicalizados para alterar un acontecimiento internacional mediante la coacción.

En el caso de Eurovisión, el informe cuestiona que una corporación pública promoviera entre otras televisiones europeas la exclusión de Israel o, como alternativa, una retirada colectiva del certamen. Sus autores sostienen que este tipo de iniciativas aplica a Israel un criterio que no se exige a otros Estados implicados en conflictos armados o acusados de vulneraciones de los derechos humanos. Se trata, en todo caso, de la interpretación del Observatorio a partir de la definición de la IHRA y no de una calificación judicial.

Un fenómeno imposible de medir completamente

Las redes sociales constituyen la parte más visible y, paradójicamente, menos cuantificable del problema. El informe reproduce mensajes que elogian a Hitler, reclaman completar el exterminio iniciado por los nazis o afirman que “el mejor judío es el judío muerto”. Pese a la gravedad de estos contenidos, el Observatorio ha decidido no incorporarlos de manera exhaustiva a sus estadísticas debido al volumen diario de publicaciones, el anonimato de numerosas cuentas, la existencia de perfiles automatizados y la rapidez con la que los mensajes aparecen, se viralizan y desaparecen.

Esta exclusión obliga a interpretar los 221 incidentes como una muestra parcial. El dato no mide todos los mensajes antisemitas difundidos en España ni equivale al número de procedimientos penales abiertos. Refleja los casos que han llegado al Observatorio y que este ha clasificado de acuerdo con su propia metodología y con la definición de la IHRA.

La conclusión del informe es que el conflicto de Gaza ha propiciado un desplazamiento de la animadversión contra Israel hacia ciudadanos judíos, comunidades religiosas, estudiantes, profesionales y empresas, a quienes se exige en ocasiones que respondan personalmente por las decisiones del Gobierno israelí. El resultado sería la progresiva normalización de un lenguaje que recupera viejos estereotipos —el control judío de las instituciones, el dinero o los medios— y los mezcla con la terminología política del presente.

El problema que dibujan las 106 páginas del estudio no reside únicamente en el incremento numérico. Se encuentra también en la penetración del fenómeno en lugares donde hasta hace poco resultaba excepcional: una clase, una competición deportiva, un comercio o la fachada de una vivienda. Allí donde una estrella de David vuelve a bastar para convertir a una persona en sospechosa, destinataria de un insulto o responsable colectiva de una guerra, la frontera entre la protesta política y el odio deja de ser una discusión teórica.