Pertenecientes a doce países
56 entidades hispanistas reclaman a Felipe VI que intervenga ante la crisis de Ceuta
Las asociaciones, pertenecientes a doce países y agrupadas en el Protocolo de Santa Pola, denuncian la «pasividad» del Gobierno, consideran amenazadas la soberanía y la integridad territorial de España y piden al Rey que impulse medidas para restablecer el orden constitucional
![[Img #31091]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2026/5805_screenshot-2026-09-04-at-15-38-20-felipe-vi-pedro-sanchez-buscar-con-google.png)
Un total de 56 entidades hispanistas de España e Hispanoamérica han suscrito una carta dirigida a Felipe VI en la que reclaman la intervención institucional del monarca ante la situación que atraviesa Ceuta después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Las asociaciones forman parte del denominado Protocolo de Santa Pola, una plataforma compuesta por 58 organizaciones de doce países del ámbito hispano, y presentan su escrito como una «llamada de auxilio institucional» destinada a conseguir que la Corona se pronuncie en defensa de la soberanía española y de los ciudadanos de la ciudad autónoma.
La carta, redactada desde Argentina y difundida públicamente antes de su remisión a la Casa del Rey, invoca expresamente el artículo 56.1 de la Constitución, que define al monarca como jefe del Estado y «símbolo de su unidad y permanencia», así como el artículo 62.h, referido al mando supremo de las Fuerzas Armadas. Sus promotores sostienen que la gravedad de los acontecimientos obliga a Felipe VI a ejercer su función constitucional de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, aunque las actuaciones formales del Rey se encuentran sometidas al sistema de refrendo previsto en la propia Carta Magna.
«Acudimos ante Vuestra Majestad ante la gravísima situación de vulnerabilidad que padece la ciudad autónoma de Ceuta y el conjunto de la Nación española», señala el escrito. Las organizaciones firmantes acusan al Gobierno de haber mantenido una actitud de «pasividad» frente a lo que califican como una «quiebra deliberada» de la frontera ceutí. A juicio de los autores, esta respuesta insuficiente entraría en contradicción con el artículo 8.1 de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y proteger el ordenamiento constitucional.
El documento eleva además la crisis de Ceuta al terreno del Derecho Internacional. Las entidades consideran que la entrada masiva a través de la frontera marroquí habría vulnerado el principio de integridad territorial consagrado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y los compromisos bilaterales contenidos en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito entre España y Marruecos. Esta interpretación constituye la posición política y jurídica de los firmantes, que no se limitan a describir una emergencia migratoria, sino que presentan lo sucedido como una amenaza directa contra la soberanía nacional española.
Según la carta, los habitantes de Ceuta se encontrarían «desamparados y carentes de una respuesta efectiva» que proteja sus libertades, propiedades y seguridad. El texto emplea expresamente el término «invasión» para referirse a los acontecimientos registrados en la frontera y sostiene que los poderes públicos no habrían cumplido adecuadamente su obligación constitucional de someterse y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Sobre esta base, las asociaciones solicitan al jefe del Estado que impulse, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad del territorio nacional y «la restitución plena de los derechos individuales de los españoles en Ceuta».
El llamamiento no se circunscribe, sin embargo, a la crisis fronteriza. El Protocolo de Santa Pola relaciona lo ocurrido con una situación más amplia de «parálisis institucional» y dirige una merecida crítica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que reprocha carecer de una mayoría parlamentaria estable y no haber presentado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Los firmantes apelan al artículo 134.2 de la Constitución, que establece la obligación del Gobierno de presentar anualmente las cuentas públicas, y consideran que la incapacidad para aprobarlas ha desvirtuado el funcionamiento ordinario del sistema parlamentario. La Constitución contempla, no obstante, la prórroga automática de los presupuestos anteriores cuando los nuevos no han sido aprobados antes del comienzo del ejercicio correspondiente.
A partir de este diagnóstico, las organizaciones hispanistas sostienen que el Ejecutivo debería haber promovido la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales para «devolver la palabra al soberano». La disolución anticipada de las Cámaras corresponde constitucionalmente al Rey a propuesta del presidente del Gobierno, por lo que la carta plantea una demanda política cuya ejecución no depende de una decisión autónoma de la Corona. El núcleo del escrito no es, por tanto, una propuesta jurídica detallada, sino una apelación para que Felipe VI utilice la autoridad y capacidad de influencia asociadas a la Jefatura del Estado.
«Le peticionamos solemnemente que, dentro del marco de las altas competencias que la Carta Magna le otorga, adopte e impulse las medidas necesarias para exigir el cumplimiento del orden constitucional», afirma el documento. Las 56 entidades aseguran, además, que cualquier iniciativa emprendida por la Corona para defender la legalidad constitucional, la soberanía territorial y la unidad de España recibiría el respaldo «total, absoluto y firme» de una parte importante de la sociedad española.
La iniciativa se suma a las peticiones formuladas durante las últimas semanas para que Felipe VI visite Ceuta y protagonice un gesto inequívoco de respaldo a la ciudad autónoma. Los firmantes confían ahora en que su llamamiento sea atendido por la Casa del Rey. Más allá de la viabilidad constitucional de algunas de las medidas sugeridas, la carta revela una inquietud política que trasciende las fronteras españolas: la de decenas de asociaciones hispanistas que contemplan lo sucedido en Ceuta no como un episodio migratorio aislado, sino como una prueba decisiva sobre la capacidad del Estado para defender sus fronteras, garantizar su integridad y proteger a sus ciudadanos.
Las asociaciones, pertenecientes a doce países y agrupadas en el Protocolo de Santa Pola, denuncian la «pasividad» del Gobierno, consideran amenazadas la soberanía y la integridad territorial de España y piden al Rey que impulse medidas para restablecer el orden constitucional
Un total de 56 entidades hispanistas de España e Hispanoamérica han suscrito una carta dirigida a Felipe VI en la que reclaman la intervención institucional del monarca ante la situación que atraviesa Ceuta después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Las asociaciones forman parte del denominado Protocolo de Santa Pola, una plataforma compuesta por 58 organizaciones de doce países del ámbito hispano, y presentan su escrito como una «llamada de auxilio institucional» destinada a conseguir que la Corona se pronuncie en defensa de la soberanía española y de los ciudadanos de la ciudad autónoma.
La carta, redactada desde Argentina y difundida públicamente antes de su remisión a la Casa del Rey, invoca expresamente el artículo 56.1 de la Constitución, que define al monarca como jefe del Estado y «símbolo de su unidad y permanencia», así como el artículo 62.h, referido al mando supremo de las Fuerzas Armadas. Sus promotores sostienen que la gravedad de los acontecimientos obliga a Felipe VI a ejercer su función constitucional de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, aunque las actuaciones formales del Rey se encuentran sometidas al sistema de refrendo previsto en la propia Carta Magna.
«Acudimos ante Vuestra Majestad ante la gravísima situación de vulnerabilidad que padece la ciudad autónoma de Ceuta y el conjunto de la Nación española», señala el escrito. Las organizaciones firmantes acusan al Gobierno de haber mantenido una actitud de «pasividad» frente a lo que califican como una «quiebra deliberada» de la frontera ceutí. A juicio de los autores, esta respuesta insuficiente entraría en contradicción con el artículo 8.1 de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y proteger el ordenamiento constitucional.
El documento eleva además la crisis de Ceuta al terreno del Derecho Internacional. Las entidades consideran que la entrada masiva a través de la frontera marroquí habría vulnerado el principio de integridad territorial consagrado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y los compromisos bilaterales contenidos en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito entre España y Marruecos. Esta interpretación constituye la posición política y jurídica de los firmantes, que no se limitan a describir una emergencia migratoria, sino que presentan lo sucedido como una amenaza directa contra la soberanía nacional española.
Según la carta, los habitantes de Ceuta se encontrarían «desamparados y carentes de una respuesta efectiva» que proteja sus libertades, propiedades y seguridad. El texto emplea expresamente el término «invasión» para referirse a los acontecimientos registrados en la frontera y sostiene que los poderes públicos no habrían cumplido adecuadamente su obligación constitucional de someterse y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Sobre esta base, las asociaciones solicitan al jefe del Estado que impulse, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad del territorio nacional y «la restitución plena de los derechos individuales de los españoles en Ceuta».
El llamamiento no se circunscribe, sin embargo, a la crisis fronteriza. El Protocolo de Santa Pola relaciona lo ocurrido con una situación más amplia de «parálisis institucional» y dirige una merecida crítica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que reprocha carecer de una mayoría parlamentaria estable y no haber presentado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Los firmantes apelan al artículo 134.2 de la Constitución, que establece la obligación del Gobierno de presentar anualmente las cuentas públicas, y consideran que la incapacidad para aprobarlas ha desvirtuado el funcionamiento ordinario del sistema parlamentario. La Constitución contempla, no obstante, la prórroga automática de los presupuestos anteriores cuando los nuevos no han sido aprobados antes del comienzo del ejercicio correspondiente.
A partir de este diagnóstico, las organizaciones hispanistas sostienen que el Ejecutivo debería haber promovido la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales para «devolver la palabra al soberano». La disolución anticipada de las Cámaras corresponde constitucionalmente al Rey a propuesta del presidente del Gobierno, por lo que la carta plantea una demanda política cuya ejecución no depende de una decisión autónoma de la Corona. El núcleo del escrito no es, por tanto, una propuesta jurídica detallada, sino una apelación para que Felipe VI utilice la autoridad y capacidad de influencia asociadas a la Jefatura del Estado.
«Le peticionamos solemnemente que, dentro del marco de las altas competencias que la Carta Magna le otorga, adopte e impulse las medidas necesarias para exigir el cumplimiento del orden constitucional», afirma el documento. Las 56 entidades aseguran, además, que cualquier iniciativa emprendida por la Corona para defender la legalidad constitucional, la soberanía territorial y la unidad de España recibiría el respaldo «total, absoluto y firme» de una parte importante de la sociedad española.
La iniciativa se suma a las peticiones formuladas durante las últimas semanas para que Felipe VI visite Ceuta y protagonice un gesto inequívoco de respaldo a la ciudad autónoma. Los firmantes confían ahora en que su llamamiento sea atendido por la Casa del Rey. Más allá de la viabilidad constitucional de algunas de las medidas sugeridas, la carta revela una inquietud política que trasciende las fronteras españolas: la de decenas de asociaciones hispanistas que contemplan lo sucedido en Ceuta no como un episodio migratorio aislado, sino como una prueba decisiva sobre la capacidad del Estado para defender sus fronteras, garantizar su integridad y proteger a sus ciudadanos.
