El Gobierno de Pedro Sánchez se apodera de una parte del Puerto de Ceuta para instalar un campamento para los invasores
El inefable ministro Óscar Puente autoriza la ocupación de 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente pese al rechazo de la Autoridad Portuaria y a los riesgos advertidos para la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones
![[Img #31097]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2026/9563_screenshot-2026-09-06-at-11-37-43-puerto-de-ceuta-buscar-con-google.png)
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido tomar el control temporal de una parte del Puerto de Ceuta para instalar un nuevo dispositivo de acogida destinado a más de un millar de inmigrantes invasores. La medida se adopta después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí rechazara el proyecto por considerar que resulta incompatible con el normal funcionamiento de las instalaciones.
Según informa la Agencia EFE, el ínclito ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado una orden que autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones a utilizar alrededor de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en el Muelle de Poniente.
En ese espacio se levantarán carpas con capacidad para acoger a más de 1.000 invasores. El dispositivo incluirá zonas de descanso, una enfermería, un dispensario, dependencias para la asistencia social y sanitaria, oficinas para el personal de la entidad responsable del servicio y una caseta de seguridad.
La decisión del Ejecutivo socialista llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votara el viernes en contra de autorizar el asentamiento. El organismo portuario argumentó que la instalación del campamento resultaba incompatible con la explotación ordinaria del puerto y elevó el expediente a Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Transportes.
Puertos del Estado emitió posteriormente un informe favorable a la ocupación temporal. El documento reconoce, no obstante, que el proyecto puede incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras críticas, las instalaciones sensibles y la propia operativa portuaria.
Pese a esas advertencias, el organismo considera que existen “razones de interés general” suficientes para autorizar el uso del terreno. La orden ministerial establece que deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar que el dispositivo de acogida resulte compatible con la seguridad, la protección y el funcionamiento normal del puerto.
Para tratar de reducir los posibles efectos adversos, el Ministerio de Transportes solicitará la colaboración del Ministerio del Interior y el despliegue de los medios necesarios para reforzar la seguridad de la zona. La resolución firmada por Óscar Puente puede ser recurrida mediante un recurso de reposición.
La intervención del Gobierno central permite superar administrativamente la oposición de la Autoridad Portuaria. La orden ha sido dictada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que faculta al Ministerio de Transportes para autorizar determinados usos del dominio público portuario cuando concurren razones excepcionales de utilidad pública o interés general.
La instalación del nuevo campamento forma parte del dispositivo desplegado por el Ejecutivo para atender a los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada desde Marruecos a finales de julio. Una parte de estas personas continúa durmiendo en las calles, en playas o en zonas de monte ante la insuficiencia de los espacios habilitados hasta ahora.
El Gobierno ya ha acondicionado parcelas en Loma Colmenar, los terrenos de La Hípica y el polígono industrial del Tarajal. Su propósito es alcanzar progresivamente las 6.000 plazas temporales de atención humanitaria, con el argumento de que estos emplazamientos son necesarios para identificar a los inmigrantes, tramitar sus expedientes y proceder, en la mayoría de los casos, a su devolución a Marruecos.
Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en la instalación de otras dos carpas en una explanada de la barriada de Los Rosales, situada junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África. Esta actuación también ha provocado la oposición de vecinos, trabajadores y familias, y ha obligado a desarrollar las obras bajo protección de la Policía Nacional.
La ocupación del Muelle de Poniente abre así un nuevo frente institucional en la gestión de la crisis migratoria. El Gobierno central impone el uso de una parte del puerto pese al rechazo de su órgano de administración y aun cuando el informe que respalda la medida admite la existencia de riesgos para unas instalaciones consideradas sensibles y esenciales para Ceuta.
El inefable ministro Óscar Puente autoriza la ocupación de 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente pese al rechazo de la Autoridad Portuaria y a los riesgos advertidos para la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido tomar el control temporal de una parte del Puerto de Ceuta para instalar un nuevo dispositivo de acogida destinado a más de un millar de inmigrantes invasores. La medida se adopta después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí rechazara el proyecto por considerar que resulta incompatible con el normal funcionamiento de las instalaciones.
Según informa la Agencia EFE, el ínclito ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado una orden que autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones a utilizar alrededor de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en el Muelle de Poniente.
En ese espacio se levantarán carpas con capacidad para acoger a más de 1.000 invasores. El dispositivo incluirá zonas de descanso, una enfermería, un dispensario, dependencias para la asistencia social y sanitaria, oficinas para el personal de la entidad responsable del servicio y una caseta de seguridad.
La decisión del Ejecutivo socialista llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votara el viernes en contra de autorizar el asentamiento. El organismo portuario argumentó que la instalación del campamento resultaba incompatible con la explotación ordinaria del puerto y elevó el expediente a Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Transportes.
Puertos del Estado emitió posteriormente un informe favorable a la ocupación temporal. El documento reconoce, no obstante, que el proyecto puede incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras críticas, las instalaciones sensibles y la propia operativa portuaria.
Pese a esas advertencias, el organismo considera que existen “razones de interés general” suficientes para autorizar el uso del terreno. La orden ministerial establece que deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar que el dispositivo de acogida resulte compatible con la seguridad, la protección y el funcionamiento normal del puerto.
Para tratar de reducir los posibles efectos adversos, el Ministerio de Transportes solicitará la colaboración del Ministerio del Interior y el despliegue de los medios necesarios para reforzar la seguridad de la zona. La resolución firmada por Óscar Puente puede ser recurrida mediante un recurso de reposición.
La intervención del Gobierno central permite superar administrativamente la oposición de la Autoridad Portuaria. La orden ha sido dictada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que faculta al Ministerio de Transportes para autorizar determinados usos del dominio público portuario cuando concurren razones excepcionales de utilidad pública o interés general.
La instalación del nuevo campamento forma parte del dispositivo desplegado por el Ejecutivo para atender a los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada desde Marruecos a finales de julio. Una parte de estas personas continúa durmiendo en las calles, en playas o en zonas de monte ante la insuficiencia de los espacios habilitados hasta ahora.
El Gobierno ya ha acondicionado parcelas en Loma Colmenar, los terrenos de La Hípica y el polígono industrial del Tarajal. Su propósito es alcanzar progresivamente las 6.000 plazas temporales de atención humanitaria, con el argumento de que estos emplazamientos son necesarios para identificar a los inmigrantes, tramitar sus expedientes y proceder, en la mayoría de los casos, a su devolución a Marruecos.
Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en la instalación de otras dos carpas en una explanada de la barriada de Los Rosales, situada junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África. Esta actuación también ha provocado la oposición de vecinos, trabajadores y familias, y ha obligado a desarrollar las obras bajo protección de la Policía Nacional.
La ocupación del Muelle de Poniente abre así un nuevo frente institucional en la gestión de la crisis migratoria. El Gobierno central impone el uso de una parte del puerto pese al rechazo de su órgano de administración y aun cuando el informe que respalda la medida admite la existencia de riesgos para unas instalaciones consideradas sensibles y esenciales para Ceuta.
