Los 40 documentos que el Gobierno hizo públicos el 9 de septiembre acreditan que el Estado supo con 30 horas de antelación que se preparaba un asalto masivo a Ceuta. La pregunta ya no es si hubo aviso, sino por qué el aviso no se convirtió nunca en una orden

A la una y cincuenta y dos minutos de la tarde del 29 de julio, un agente del Centro Nacional de Inteligencia escribió un mensaje de WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Tenía la longitud de un tuit y la precisión de un parte de guerra: "Hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h". Treinta horas y ocho minutos después, decenas de miles de personas cruzaron el espigón del Tarajal.

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre la desclasificación de cuarenta documentos —informes, alertas y comunicaciones fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto— y La Moncloa los colgó en su web al día siguiente. Los firman la Policía Nacional a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la Guardia Civil por media docena de unidades distintas, el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Dieciséis corresponden a la fase previa a la invasión, entre el 1 y el 29 de julio; quince a las cuarenta y ocho horas del asalto; el resto son las comunicaciones del CNI del 27 al 29.

Pedro Sánchez había prometido en el Congreso, el 3 de septiembre, publicar "un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse". Lo hizo, pero el efecto no ha sido el que Moncloa buscaba.

Lo que dicen los papeles

El dosier desmiente la versión más rotunda que el Gobierno había sostenido durante agosto: la de que nadie vio venir nada. Lo que acreditan los documentos es lo contrario: en las últimas cuarenta y ocho horas antes del asalto, al menos tres organismos distintos escribieron por separado que algo iba a ocurrir el día 30.

• El CNI, a las 13:52 del 29 de julio, avisa a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un llamamiento para "asalto por valla y mar mañana a las 20h". Identifica dos grupos de Facebook que suman más de 180.000 seguidores y un grupo de WhatsApp, y anota un detalle operativo: las fuerzas marroquíes estarán ocupadas con la Fiesta del Trono. El mismo aviso se traslada a los dos servicios de inteligencia marroquíes, la DGST y la DGED.

• El CENIF, ese mismo día, emite una nota titulada "Alerta riesgo sobre entradas en Ceuta y Melilla" en la que califica el escenario combinado de "EXTREMO". Recoge mensajes interceptados en redes —"Día 30 vamos a atacar (avalancha) cerca de Ceuta"— y subraya que la meteorología prevista para esa jornada es "altamente favorable".

• La Policía Nacional pasa en veinticuatro horas de catalogar los cruces como de "incidencia relativa", el 28, a "riesgo muy alto", el 29.

• La Guardia Civil llevaba tres semanas avisando. Entre el 8 y el 10 de julio, su Mando de Fronteras analizó la sentencia del Supremo sobre devoluciones y advirtió de que "previsiblemente incrementará la presión migratoria". Pidió refuerzos.

• La misma Guardia Civil distribuye el 29 a las 13:53 —un minuto después del WhatsApp del CNI, por pura coincidencia burocrática— el recuento de la semana anterior: 279 entradas a nado, 205 de ellas en Ceuta, 195 más que los siete días previos.

Hay, además, una llamada. Un agente del CNI habló once minutos con el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno la tarde del 29. Once minutos son muchos minutos para un asunto rutinario.

El Gobierno no niega que los mensajes existan. Niega que sean una alerta. Su argumento es técnico y, según se mire, demoledor o desesperado: el CNI nunca activó una alerta formal por su cadena de mando. Lo que hizo fue informar de que circulaba una convocatoria en dos grupos de Facebook, un dato que —sostiene Moncloa— ya conocían otras instituciones y que no debía leerse como un indicador de probabilidad ni de escala.

La formulación que ha trascendido desde el entorno de Presidencia es explícita: una organización que cree que al día siguiente se va a producir una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo intermedio; lo eleva. Es decir, el Gobierno traslada la responsabilidad al propio servicio de inteligencia por no haber gritado lo bastante fuerte.

Fuentes del CNI, que declina valorar públicamente la desclasificación, sostienen la posición contraria y también matizada: informaron de una campaña en redes sociales, pero no anticiparon —no podían— la magnitud ni la naturaleza de lo que ocurrió el 30 de julio, un fenómeno que describen como inusual y sin precedente comparable en las crisis migratorias anteriores.

Es la distinción sobre la que se juega todo. Sánchez la formuló en el Congreso con claridad: una cosa es detectar un aumento de cruces irregulares, que muchas instituciones detectaron, y otra prever la llegada de setenta mil personas en unas horas. "Eso no lo hizo ningún informe", dijo. Y sobre la cifra de 180.000 que el CENIF puso por escrito, aclaró que eran los integrantes de un grupo de Facebook, no una previsión de llegadas.

El punto más frágil de la versión oficial no está en el CNI sino en la Delegación del Gobierno en Ceuta. Su titular, Miguel Ángel Pérez Triano, difundió el 25 de agosto un comunicado negando haber recibido avisos previos. Los documentos publicados quince días después demuestran que su Gabinete sí los recibió. Su explicación actual es que el jefe de Gabinete no le trasladó el contenido de la comunicación. De ser cierto, el fallo no es de inteligencia sino de protocolo: un funcionario que recibe un aviso de asalto para el día siguiente y no lo eleva a su superior, que a su vez debería haberlo elevado a Interior y a Presidencia. De no ser cierto, el problema es de otra naturaleza.

El asunto ha abierto además una fisura visible dentro del Consejo de Ministros. Margarita Robles, de quien depende el CNI, defendió en el Congreso que las alertas sobre el aumento de llegadas se transmitieron por los canales establecidos a finales de julio; los documentos le dan la razón. Fernando Grande-Marlaska, de quien dependen los tres organismos que recibieron esos avisos —Policía, Guardia Civil y Delegación—, mantiene que no hubo advertencias suficientes sobre la escala. Los dos no pueden tener razón a la vez.

Ningún documento del dosier explica por qué el 30 de julio y no otro día. La respuesta está fuera del dosier, en el Tribunal Supremo.

El 8 de julio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fijó doctrina sobre las llamadas devoluciones en caliente: la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería no ampara el rechazo en frontera de quien es interceptado nadando hacia Ceuta o Melilla, porque "quien entra a nado no supera un elemento de contención fronterizo". El régimen especial queda reservado a quien salta una valla; a los demás se les aplica el procedimiento ordinario del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000.

La sentencia es jurídicamente estrecha y prudente. Su traducción en las redes sociales del norte de Marruecos fue otra: España había abierto la frontera. Sobre esa lectura falsa —y sobre promesas inexistentes de asilo automático— se construyó la convocatoria que el CNI detectó tres semanas después. La Guardia Civil, en su informe del 8 al 10 de julio, había previsto exactamente ese efecto.

El 30 de julio es el Día del Trono, la fiesta nacional marroquí. El propio CNI apuntó que las fuerzas de seguridad del país vecino estarían ocupadas. La jueza que instruye la causa ha ido más lejos: en su auto del 7 de septiembre aprecia "permisividad" y una actitud "favorecedora" desde el lado marroquí.

El Gobierno español se niega a dar ese paso. "Nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada por autoridades marroquíes", dijo Sánchez en el Congreso. Rabat guarda silencio institucional; su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, ha negado que su país alentara los cruces y ha señalado que la crisis no complace a Marruecos. La prensa afín al Majzén, en cambio, ha aprovechado para reactivar el argumento del "estatuto insostenible" de Ceuta y Melilla como territorios ocupados.

El contexto no es inocente. Diez días antes del asalto, el 20 de julio, Sánchez había viajado a Argel para normalizar la relación con Argelia tras años de distanciamiento, definiéndola como "socio estratégico". La secuencia recuerda inevitablemente a mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron a Ceuta después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse. La diferencia de escala entre aquella crisis y esta —diez mil frente a setenta mil— es de un orden de magnitud.

Bajo la aritmética política hay una cifra que ningún documento desclasificado ordena. La ONG Caminando Fronteras elevó el 5 de agosto a 141 el número de fallecidos: 78 en aguas españolas, según datos de la propia Delegación del Gobierno en Ceuta, y 63 en el lado marroquí. Marruecos reconoce once. Helena Maleno, fundadora de la organización, advirtió de que el recuento seguiría creciendo.

No hay todavía una cifra oficial cerrada. La jueza Tardón ha reclamado que los juzgados de Ceuta se inhiban de las diligencias abiertas por esas muertes para acumularlas a la causa de la Audiencia Nacional.

El 7 de septiembre, un día antes de la desclasificación, la magistrada María Tardón abrió causa en la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la paz o la independencia del Estado. Su auto rechaza la lectura de la crisis como un episodio de inmigración irregular espontánea: "Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual". Habla de una movilización coordinada y planificada desde territorio extranjero, dirigida a colapsar el paso de El Tarajal, y emplea la categoría de guerra híbrida.

La Abogacía del Estado se personó como acusación —el Estado como perjudicado— y la jueza ha admitido también a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Parte de la documentación permanece bajo secreto.

El Gobierno ha respondido por una vía que ha añadido ruido al ruido: el impresentable ministro Óscar Puente cuestionó públicamente la imparcialidad de Tardón, que fue concejala del PP en Madrid entre 1999 y 2003. La portavoz Elma Saiz defendió la formulación como una reivindicación de la independencia judicial. La oposición la leyó de otro modo.

El PP no espera al fondo del asunto. Ester Muñoz habla de "mentira de Estado" y reclama la dimisión de Sánchez; José Luis Martínez-Almeida lo resume en cinco palabras: "Lo sabían y no hicieron nada". Alberto Núñez Feijóo anticipó, antes de ver los documentos, que llegarían "recortados", y mantiene su promesa de presentar una moción de censura en cuarenta y ocho horas si cambian los apoyos parlamentarios a Sánchez. Isabel Díaz Ayuso ha planteado en voz alta la pregunta que muchos se hacen en Moncloa: por qué el Gobierno ha desclasificado documentos que le incriminan.

Vox ha ido al artículo 102 de la Constitución, el de la responsabilidad criminal del presidente, invocando traición y delitos contra la seguridad del Estado. El PNV, socio parlamentario y mejor-amigo del tirano Pedro Sánchez, se limita a constatar que los informes son "preocupantes para el propio Gobierno" y apunta a una mala interpretación de la información disponible. Izquierda Unida, dentro del espacio de Sumar, pide la dimisión de Marlaska; Sumar respalda la desclasificación y reserva el juicio sobre responsabilidades.