La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recordado que “la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías”, y ha añadido que la democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría, sino que “se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca: los tribunales han de resolver conforme a lo que el Derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas”. 

“Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente”, ha dicho Perelló durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, que el rey ha presidido en el Salón de Plenos del alto tribunal. 

La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho -posibilidad que asume nuestro ordenamiento, que establece un sistema muy garantista de recursos “para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas”- y que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: “La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser”. 

“Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque con ello se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados”, ha señalado Perelló, que ha dicho que “cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia”. 

La presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que “si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”; ha dicho que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales “erosiona” el Estado de Derecho; y ha recordado que la lealtad institucional “exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances. Por tanto, un poder que sea reconocible y digno de ese nombre”. 

“Por supuesto, la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas”, ha manifestado. 

Perelló ha señalado que, pese a las descalificaciones, los ciudadanos confían en la labor de los jueces, “en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela que hacemos de sus derechos y libertades y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”. 

La presidenta del TS y del CGPJ se ha referido a la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces y ha destacado la culminación de la tarea de normalizar la situación en la que se encontraba la Justicia realizando un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados/as del Tribunal Supremo -con un 40 por ciento de mujeres designadas-; el cumplimiento en plazo de la obligación legal de emitir el informe establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024 sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los Reglamentos de la Carrera Judicial o la aprobación de una “Guía práctica para la Protección de los Derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal”. 

“Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes”, ha dicho Perelló, que ha señalado que durante este mandato el Consejo ha intentado “actuar por unanimidad y, cuando no ha sido posible, por amplias mayorías”. 

“Como presidenta del Consejo General, mi compromiso -que hoy reitero- ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio y con un único objetivo: que nuestras decisiones estén al servicio de la justicia y del interés general. Y nunca al servicio de otros intereses. Y eso pasa necesariamente por defender, desde el máximo respeto y lealtad institucional, pero con firmeza, una Justicia independiente, una Justicia servida por hombres y mujeres que hayan tenido que demostrar su excelencia para acceder a la Carrera Judicial con arreglo al mérito y a la capacidad y una Justicia dotada de los medios suficientes para desarrollar su trabajo”, ha manifestado. 

La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que “defender esa Justicia -lejos del corporativismo- es defender los derechos de los ciudadanos. Porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”.  

“También es nuestra responsabilidad defender que la Justicia cuente con los medios personales y materiales suficientes, para que jueces y magistrados puedan desarrollar su trabajo sin sobrecargas y en condiciones de salud, porque solo así conseguiremos ofrecer una respuesta en tiempo a los millones de ciudadanos que cada año acuden a los tribunales”, ha dicho. 

En este sentido, la presidenta del TS y del CGPJ ha advertido de que el sistema judicial “no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra” -lo que en el último año ha supuesto un incremento de los asuntos pendientes- y que, además, “la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva”. “Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz”, ha concluido. 

Perelló se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo para señalar que la de la Sala Primera “es especialmente preocupante”, ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. También ha dicho que resulta “inadmisible” el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015. 

En referencia a los tribunales de instancia, cuyo calendario legal de constitución se ha completado en el último año, la presidenta ha manifestado que todavía es pronto para hacer un balance de la ley, pero que “la transformación de los Juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia está generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos”. Entre ellas, ha citado la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción de personal que, a nivel global, ha conllevado la transformación; y la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial. 

También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la Carrera Judicial, “lo que significa un importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad”. 

Sin embargo, ha advertido de que “sigue habiendo un importante déficit de jueces” -la tasa de jueces por habitantes en España está por debajo de la media europea- y ha recordado que el CGPJ estima necesario “convocar 367 plazas de acceso a la Carrera Judicial cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes”. 

La presidenta del TS y del CGPJ, por otra parte, ha manifestado su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres y ha dicho que “la especialización judicial y las medidas de protección son esenciales: su efectividad exige que todas las instituciones competentes actuemos de forma coordinada y con la urgencia que cada caso requiera”.