El Pentágono exime de sus acuerdos de confidencialidad a quienes informen al equipo especial creado por Trump para investigar los fenómenos anómalos. La medida alcanza a miembros actuales y antiguos de las Fuerzas Armadas, empleados civiles y contratistas, pero no supone una desclasificación automática ni permite revelar públicamente los datos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha aprobado una exención legal destinada a permitir que militares, funcionarios civiles y contratistas gubernamentales puedan proporcionar información reservada sobre fenómenos anómalos no identificados (ovnis)—UAP, según las siglas empleadas oficialmente en Estados Unidos— sin exponerse a sanciones por incumplir los acuerdos de confidencialidad que firmaron durante su actividad profesional.

La decisión, recién anunciada, establece por primera vez un mecanismo específico y jurídicamente protegido para que quienes hayan tenido acceso directo a programas, operaciones o documentos relacionados con ovnis puedan entregar esa información a los representantes autorizados de PURSUE, la iniciativa impulsada por la Administración de Donald Trump para localizar, revisar y eventualmente desclasificar los archivos gubernamentales existentes sobre esta materia.

Según el comunicado oficial del Departamento de Guerra, la exención afecta tanto al personal en activo como a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, empleados civiles y contratistas que tengan o hayan tenido acceso a información de defensa nacional relacionada con fenómenos anómalos no identificados.

Estas personas podrán comunicar los datos de los que dispongan directamente a los representantes oficiales de PURSUE. Para esas comunicaciones concretas, la nueva directiva deja sin efecto las disposiciones civiles y administrativas contenidas en los acuerdos de confidencialidad —NDA— y en los compromisos de acceso a programas especiales —SAPIA— firmados anteriormente en Estados Unidos.

La medida pretende eliminar uno de los principales obstáculos denunciados durante los últimos años por los posibles testigos de programas secretos relacionados con los ovnis. Numerosos antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia han alegado que no podían aportar toda la información que conocían por temor a perder sus autorizaciones de seguridad, afrontar procedimientos administrativos o ser perseguidos judicialmente por revelar materiales clasificados.

“Esta exención elimina esas barreras al autorizar expresamente las revelaciones cubiertas a los representantes de PURSUE sin que se activen sanciones por incumplimiento contractual o violaciones ordinarias de los acuerdos de confidencialidad”, señala el Departamento de Guerra.

El alcance de la resolución es importante, aunque limitado. La exención no autoriza a militares, funcionarios o contratistas a entregar documentos secretos a los medios de comunicación ni a relatar públicamente la información que poseen. Tampoco equivale a una orden general de desclasificación.

La protección jurídica solo se aplica a las comunicaciones realizadas a través de los canales gubernamentales designados y dirigidas a los representantes de PURSUE. La información recibida deberá someterse posteriormente a un proceso de evaluación de seguridad y revisión antes de que pueda autorizarse, en su caso, su divulgación pública.

Por tanto, la decisión no significa que el Gobierno estadounidense reconozca la existencia de naves de origen extraterrestre, materiales no humanos o programas clandestinos de recuperación e ingeniería inversa. Tampoco demuestra que los posibles informantes dispongan necesariamente de pruebas concluyentes. Su importancia reside en que abre una vía para comprobar oficialmente esas alegaciones sin que quienes las formulen puedan ser sancionados por infringir los compromisos de secreto previamente firmados.

El Departamento de Guerra sostiene que el nuevo canal permitirá realizar una “revisión sistemática”, evaluar las implicaciones para la seguridad nacional y estudiar la posible desclasificación de información histórica y actual sobre los UAP.

La decisión responde al mandato de Donald Trump de aumentar la transparencia gubernamental sobre los fenómenos anómalos no identificados. La Casa Blanca había ordenado anteriormente a los departamentos de Defensa y de Inteligencia que eliminasen determinados impedimentos legales para facilitar la comparecencia de posibles testigos.

El congresista republicano Eric Burlison, miembro del grupo de trabajo de la Cámara de Representantes sobre la desclasificación de secretos federales, difundió el pasado agosto unas instrucciones preliminares de la Administración sobre la aplicación de la medida. Burlison había reclamado garantías claras para que los antiguos funcionarios y contratistas pudieran declarar sin miedo a represalias.

Persisten, no obstante, algunas incógnitas. Entre ellas figura si la protección se extenderá a las declaraciones realizadas directamente ante el Congreso o si los testigos deberán comparecer primero ante PURSUE. También falta conocer qué organismo decidirá qué materiales pueden hacerse públicos, con qué criterios y dentro de qué plazo.

La exención constituye, en cualquier caso, un paso relevante dentro del prolongado debate estadounidense sobre la transparencia en torno a los UAP. Hasta ahora, los acuerdos de confidencialidad y las restricciones asociadas a los programas de acceso especial habían sido utilizados frecuentemente para explicar por qué determinados testigos no podían aportar documentos o precisar públicamente el contenido de sus testimonios.

A partir de esta resolución, el Gobierno estadounidense dispone de un mecanismo formal para recibir esas declaraciones y comprobar si existen programas, documentos o incidentes que no hayan sido comunicados anteriormente a las autoridades encargadas de supervisar esta cuestión.

El verdadero alcance de la iniciativa dependerá ahora de tres factores: que aparezcan informantes con acceso directo a materiales relevantes, que las autoridades puedan verificar sus afirmaciones y que una parte significativa de la información obtenida supere posteriormente el proceso de desclasificación. La puerta legal para hablar dentro del Gobierno ha sido abierta, pero todavía no existe ninguna garantía de que lo comunicado a través de ella llegue finalmente a conocimiento de la opinión pública.