El congresista estadounidense Eric Burlison, el exministro japonés de Defensa Yasukazu Hamada y el exdiputado Yoshiharu Asakawa sostienen que los fenómenos observados sobre instalaciones militares y nucleares constituyen un problema de seguridad que ya no puede quedar exclusivamente en manos de los servicios de inteligencia

La investigación de los fenómenos anómalos no identificados —UAP, según la terminología oficial— comienza a abandonar el ámbito estrictamente estadounidense para convertirse en un asunto de cooperación internacional. Tres destacadas figuras políticas de Estados Unidos y Japón han reclamado que las democracias occidentales y asiáticas unan sus fuerzas para esclarecer la naturaleza y procedencia de los objetos desconocidos que han sido detectados en las proximidades de instalaciones militares, áreas de pruebas de misiles y centrales nucleares.

El llamamiento aparece recogido en un importante artículo de opinión publicado por The Debrief y firmado conjuntamente por el congresista republicano estadounidense Eric Burlison; Yasukazu Hamada, diputado y antiguo ministro de Defensa de Japón; y Yoshiharu Asakawa, exmiembro de la Cámara de Representantes japonesa. Los tres dirigentes sostienen que los parlamentarios de ambos países han permanecido durante demasiado tiempo privados de la información necesaria para ejercer un verdadero control sobre las actividades gubernamentales relacionadas con los ovnis.

Burlison preside actualmente el Subcomité de Crecimiento Económico, Política Energética y Asuntos Regulatorios de la Cámara de Representantes estadounidense y se ha convertido en una de las voces más activas del Congreso en favor de la desclasificación. Hamada, por su parte, dirige la Liga Parlamentaria para la Investigación de los UAP constituida en Japón, mientras que Asakawa actúa como asesor de la presidencia de este grupo. La categoría institucional de los firmantes convierte su pronunciamiento en algo más significativo que una nueva llamada procedente de organizaciones civiles dedicadas al estudio de los ovnis: se trata de representantes y antiguos responsables gubernamentales que plantean el fenómeno como una cuestión de defensa, soberanía y control democrático.

El artículo parte del proceso de divulgación iniciado en febrero de 2026 por la Administración de Donald Trump mediante el denominado Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters —PURSUE—, un programa creado para localizar, revisar, desclasificar y difundir documentos históricos relacionados con incidentes UAP todavía sin explicación. Según los firmantes, la publicación de expedientes, vídeos y testimonios directos supone una ruptura histórica con más de 75 años de secretismo, ocultación y descrédito institucional hacia quienes solicitaban explicaciones sobre estos acontecimientos.

Sin embargo, las nuevas revelaciones no han resuelto el misterio. Al contrario, han multiplicado las preguntas. Burlison, Hamada y Asakawa se preguntan quién o qué posee la capacidad de penetrar impunemente en espacios aéreos restringidos, a quién pertenece la tecnología aparentemente detectada y si su presencia representa una amenaza para la seguridad nacional. También cuestionan quién decide qué información pueden conocer los representantes elegidos por los ciudadanos y qué datos deben permanecer fuera de su alcance.

La dimensión internacional del problema quedó especialmente expuesta en mayo de 2026, cuando los archivos divulgados por el Gobierno estadounidense incluyeron dos incidentes sin resolver registrados por el Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos en las proximidades de Japón. Según los autores, los propios parlamentarios japoneses conocieron la existencia y los detalles de estos sucesos a través de la desclasificación norteamericana, y no mediante los canales internos de su país.

Para los tres firmantes, ese episodio revela una deficiencia grave en la comunicación entre aliados. Si los fenómenos afectan a un espacio estratégico compartido por Estados Unidos y Japón, las agencias militares y de inteligencia no deberían mantener separados a los responsables políticos que están obligados a supervisarlas. El problema, advierten, consiste en que los gobiernos democráticos se ven forzados a confiar su protección a las mismas estructuras burocráticas que durante décadas han restringido o fragmentado la información.

El Ministerio de Defensa japonés ha señalado que puede hacer pública la información sobre esta materia cuando considere que existe algo que deba ser explicado. Los autores plantean, sin embargo, una cuestión fundamental: si la Administración debe conservar por sí sola la facultad de decidir qué acontecimientos merecen una explicación pública y cuáles pueden quedar ocultos incluso a los integrantes de la Dieta, el Parlamento de Japón.

Un objeto junto a un helicóptero

Entre los documentos divulgados recientemente por Washington figura el testimonio de altos funcionarios vinculados a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional durante una operación de búsqueda desarrollada en una instalación clasificada de pruebas de misiles situada en el oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el relato oficial reproducido por los firmantes, los equipos terrestres detectaron mediante cámaras infrarrojas un objeto descrito como «extremadamente caliente», situado a escasa altura y desplazándose a gran velocidad. El objeto se habría dividido posteriormente en dos partes que cambiaron de dirección. Uno de ellos, según el testimonio, se elevó desde el suelo, se aproximó a unos tres metros de un helicóptero, descendió por debajo de la aeronave y se alejó rápidamente. El expediente fue acompañado por varias imágenes que las autoridades estadounidenses identificaron como relacionadas con el incidente.

Los autores reconocen expresamente que estos testimonios no constituyen por sí solos una prueba sobre la identidad o el origen de los objetos. Sí consideran, en cambio, que acreditan la existencia de un problema real de seguridad y vigilancia aérea. Las preguntas principales continúan sin respuesta: si se trataba de drones convencionales, de tecnología perteneciente a una potencia extranjera o de dispositivos cuya naturaleza todavía no ha podido ser determinada.

Esta distinción resulta esencial. El artículo no afirma que los ovnis tengan una procedencia extraterrestre ni aporta pruebas que permitan alcanzar esa conclusión. Su tesis es más limitada, aunque políticamente relevante: existen incidentes documentados que permanecen sin identificar, algunos de ellos ocurridos en áreas militares especialmente sensibles, y los representantes elegidos no están recibiendo toda la información necesaria para evaluarlos.

Luces sobre una central nuclear japonesa

Japón se enfrenta a un problema semejante. Los firmantes recuerdan que los datos publicados por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono —AARO— ya habían señalado en 2023 determinadas zonas del oeste y el sur del país asiático como áreas con una concentración significativa de informes UAP.

Uno de los casos más relevantes se produjo en julio de 2025 en las proximidades de la central nuclear de Genkai, situada en la prefectura de Saga. Los guardias de seguridad de la instalación observaron tres objetos luminosos sobre la zona. Las luces permanecieron visibles durante cerca de dos horas, tiempo suficiente para que agentes de la Policía se desplazaran hasta el lugar.

Las versiones posteriores no coincidieron. Mientras los vigilantes notificaron la presencia de tres luces, la Policía aseguró que los agentes habían observado lo que parecía ser un avión. El incidente quedó, por tanto, sometido a interpretaciones contradictorias. Las cámaras de seguridad de Kyushu Electric Power, la compañía responsable de la central, registraron el episodio, pero las imágenes no han sido facilitadas a los integrantes de la Dieta japonesa. La Policía tampoco ha entregado la información solicitada, argumentando que la investigación continúa abierta.

Para Hamada y Asakawa, el episodio demuestra que los parlamentarios japoneses carecen de las herramientas necesarias para controlar acontecimientos que afectan directamente a infraestructuras críticas y espacios aéreos restringidos. No se trata únicamente de determinar si las luces tenían una explicación convencional, sino de conocer por qué los representantes públicos no pueden acceder a las grabaciones que permitirían estudiarlas.

Una carrera tecnológica frente a China

El artículo introduce además un factor geopolítico decisivo: la creciente competencia tecnológica con China. Según sus autores, Pekín ha organizado estructuras militares destinadas al análisis de lo que denomina «condiciones aéreas no identificadas» y utiliza sistemas de inteligencia artificial para procesar los datos obtenidos.

Burlison, Hamada y Asakawa inscriben así la investigación de los UAP dentro de una carrera global en la que confluyen la inteligencia artificial, la computación cuántica, los nuevos sistemas de propulsión y la guerra con drones. A su juicio, si los objetos observados demuestran realmente capacidades tecnológicas desconocidas, su comprensión podría modificar profundamente el equilibrio militar internacional. No obstante, esta valoración constituye una hipótesis estratégica formulada por los autores, no una confirmación de que alguna potencia haya logrado reproducir o controlar una tecnología relacionada con los UAP.

Los firmantes advierten de que un eventual avance chino podría alterar la capacidad de disuasión en el mar de China Meridional e incluso afectar a un futuro conflicto en torno a Taiwán. Por el contrario, una investigación coordinada entre Estados Unidos, Japón y otras democracias permitiría compartir sensores, testimonios, grabaciones e información militar, reduciendo la dependencia respecto de unas agencias nacionales que, según denuncian, han mantenido sus archivos excesivamente compartimentados.

La propuesta está comenzando a articularse mediante el Emerging Technologies Interparliamentary Caucus —Caucus Interparlamentario de Tecnologías Emergentes—, concebido como una plataforma de diálogo entre representantes de diferentes países. El objetivo sería que los legisladores pudieran intercambiar información, evaluar posibles amenazas y preparar respuestas comunes ante tecnologías emergentes cuyos efectos podrían superar las fronteras nacionales.

La cooperación internacional también funcionaría como instrumento de presión. Los autores recuerdan que la divulgación estadounidense impulsada mediante el programa PURSUE obligó al Ministerio de Defensa japonés a reconocer actividades relacionadas con los UAP que hasta entonces no habían sido comunicadas públicamente. Si las instituciones nacionales bloquean el acceso a determinados datos, la aparición de esos mismos datos en los archivos de un país aliado puede abrir una vía alternativa hacia la transparencia.

El texto concluye sin pronunciarse sobre el origen último de los fenómenos. Estos podrían proceder de un adversario estratégico, responder a tecnologías ordinarias mal identificadas o tener una explicación todavía desconocida. Pero sus firmantes consideran que ninguna de esas posibilidades justifica la pasividad. «Los ciudadanos de nuestras naciones merecen respuestas y tenemos la intención de encontrarlas», aseguran.

La principal novedad del pronunciamiento no reside, por tanto, en una revelación concluyente sobre la naturaleza de los ovnis, sino en el cambio político que representa. El misterio ya no aparece presentado solamente como un problema interno de Estados Unidos ni como una controversia confinada al Pentágono. Por primera vez, figuras relevantes de dos de las principales democracias del Pacífico reclaman abiertamente una alianza internacional que permita investigar aquello que sus propios gobiernos todavía no han sido capaces —o no han querido— explicar.