¡Urgente y asombroso! Una familia española se ha planificado en un centro de planificación familiar
Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra. Y efectivamente, sería urgente y asombroso que un Centro de Planificación familiar hubiese planificado una familia en España, si no fuese mentira, claro…
Hemos hecho una pequeña investigación y hemos encontrado dos principales conclusiones:
1.- Ya no se llaman Centros de Planificación Familiar, se llaman “Servicios de Salud sexual y Reproductiva”.
2.- Es imposible rastrear qué servicios “sexuales y reproductivos” proporcionan porque la opacidad en la que diluyen las prestaciones hace imposible su seguimiento.
Excepto en el aborto. Aquí sí hay datos rastreables y susceptibles de ser incluidos en series estadísticas completas.
La principal conclusión de la investigación es la falta de trazabilidad estadística y económica de buena parte de los servicios agrupados bajo la denominación de «salud sexual y reproductiva». No existe un registro estatal homogéneo que permita conocer cuántos centros o unidades prestan estos servicios, cuántas consultas realizan, qué procedimientos concretos llevan a cabo ni cuánto cuestan. La gran excepción es el aborto, sometido a notificación obligatoria y a una estadística nacional anual.
España no dispone de una red única denominada oficialmente «centros de planificación familiar». Las comunidades autónomas utilizan estructuras y nombres distintos: ASSIR en Cataluña, CASSyR en Navarra, centros o unidades de salud sexual y reproductiva, Centros de Orientación y Planificación Familiar (COPF), unidades de apoyo en atención primaria, consultas de matrona o ginecología y centros municipales. Por ello, «centro», «unidad», «consulta», «equipo» y «punto de atención» no son magnitudes equivalentes.
Asturias mantiene cinco unidades especializadas; Navarra dispone de 16 centros y/o subunidades CASSyR; Cataluña trabaja mediante una red territorial de ASSIR integrada con atención primaria y hospitales; Madrid capital presta servicios a través de 16 Centros Municipales de Salud Comunitaria y un Centro Joven; Extremadura conserva expresamente la denominación COPF. Estos recuentos no pueden sumarse ni compararse directamente como si describieran la misma realidad asistencial.
Las carteras revisadas incluyen anticoncepción y anticoncepción de urgencia; colocación y retirada de DIU e implantes; pruebas de embarazo; prevención, diagnóstico y consejo sobre ITS/VIH; VPH y cribado cervical; atención preconcepcional; fertilidad e infertilidad; embarazo y puerperio; sexología; atención a jóvenes; educación afectivo-sexual; programas comunitarios; atención a situaciones de violencia y, asimismo, información, derivación y realización de abortos.
Y así hasta 17 Autonomías, creando un sinfín de centros y prestaciones prácticamente imposibles de seguir. Muchas difieren en las prestaciones e incluyen algunas que difícilmente son clasificables como salud sexual y reproductiva, como la Violencia de Género. En lo que todas coinciden es en el acceso al aborto público o privado.
No existe una publicación estatal anual que permita saber de forma homogénea cuántas consultas de planificación familiar se realizan, cuántos DIU o implantes se colocan, cuánta anticoncepción de urgencia se administra, cuántas pruebas de ITS/VIH se efectúan, cuántos preservativos se distribuyen o cuántas actividades de educación sexual se desarrollan. Los datos, cuando existen, aparecen dispersos en memorias autonómicas o municipales y con criterios diferentes.
El aborto sí permite construir una serie nacional porque existe obligación específica de notificación. Entre 2020 y 2024 los abortos notificados en España pasaron de 88.269 a 106.172, un aumento aproximado del 20,3 %. En el mismo periodo, los centros notificadores pasaron de 207 a 248.
En 2024, el 21,25 % de los abortos se realizó en centros de dependencia pública y el 78,75 % en centros privados. Este dato indica dónde se practicó la intervención, no necesariamente quién la pagó: un aborto realizado en una clínica privada puede estar financiada por el sistema público mediante concierto, contrato o derivación.
La proporción de abortos realizados físicamente en centros públicos presenta diferencias extraordinarias entre comunidades. En 2024 destacan Cantabria (88,50 %), Galicia (77,01 %), La Rioja (76,11 %), Navarra (74,83 %) y Cataluña (55,14 %). En el extremo contrario se situaron Andalucía (0,20 %), Madrid (0,47 %), Castilla-La Mancha (0,06 %) y Extremadura (0 %).
Galicia pasó del 22,65 % de abortos en centros públicos en 2020 al 77,01 % en 2024; La Rioja, del 5,63 % al 76,11 %; y Navarra, del 27,0 % al 74,8 %. Cantabria pasó del 61,6 % al 88,5 %. Por el contrario, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha seguían por debajo del 0,5 % en 2024.
No se ha localizado una serie nacional ni autonómica comparable que permita afirmar cuánto se gasta anualmente en «salud sexual y reproductiva». Los costes se diluyen en partidas generales de atención primaria, ginecología-obstetricia, hospitales, salud pública, farmacia, laboratorio, cribados, personal y educación sanitaria. Por tanto, la ausencia de una partida específica no significa ausencia de gasto: significa que el gasto no puede aislarse con las cuentas públicas ordinariamente publicadas.
Se localizan contratos y conciertos específicos con proveedores privados de aborto, aunque sus importes no constituyen una serie homogénea ni pueden compararse directamente. Entre los expedientes identificados figuran un contrato en Andalucía por 864.948,48 €, un expediente cántabro de 2020 con 200.000 € de presupuesto base y 1,2 millones de euros de valor estimado, y un expediente de Segovia de 2019 por 67.419,12 €. Son contratos de distinto alcance y duración, por lo que no equivalen a un «coste anual por comunidad».
La conclusión más relevante no es sólo cuánto se hace, sino cuánto no puede saberse con los sistemas públicos de información. Existe una amplia cartera de actuaciones de salud sexual y reproductiva financiada o prestada por administraciones públicas, pero no existe una estadística nacional que permita seguir de manera homogénea su actividad, usuarios, procedimientos, personal y coste. El aborto constituye la excepción porque está sometido a un sistema específico de registro y notificación.
Esto nos hace sospechar con bastantes criterios de certeza que los antiguos Centros de Planificación Familiar, ahora denominados Centros de Salud Sexual y Reproductiva están básicamente diseñados para evitar embarazos no deseados (aunque los jóvenes están informados de los métodos anticonceptivos, la mayor parte de los embarazos no deseados se producen en situaciones de deseo sexual incoercible que no deja lugar alguno a tomar precauciones), píldoras del “día después” y la posibilidad de contraer las denominadas ITS/VIH (enfermedades de transmisión sexual). Y en ultimo caso, si hay embarazo, detección del mismo y envío al sistema publico o privado para la práctica del aborto.
El año 2024, en cuanto al aborto se refiere, esto ha sucedido así ciento seis mil ciento setenta y dos veces.
Esto no me parece a mi una Planificación Familiar y ni siquiera una actuación en la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres. De los hombres, convidados de piedra en esta fiesta, ni hablemos.
Ya estamos muy acostumbrados que los defensores del aborto, la eutanasia y la fecundación in vitro, usen sinónimos amables, que, aunque no sean exactamente sinónimos, sean al menos amables, para desviar la vista de las personas y hacer aceptable sus tesis y que las apoye todo el mundo.
¿Quién no aceptará que se gaste dinero y recursos en “Salud Sexual y Reproductiva”? Habrá que ser muy “mal nacido” para no apoyarlo, defenderlo y normalizarlo.
Pues bien, yo, debo ser muy mal nacido, porque engañarme no va a ser fácil y les aseguró a Vds. que, hoy por hoy, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ES LO MISMO QUE ABORTO.
Si alguien que lea esto, no está de acuerdo, debería argumentar en contra con datos; costes materiales, dotaciones profesionales, prestaciones realizadas y resultados contabilizados y estadísticamente procesados. No solo con insultos, que los doy ya por amortizados. Mientras, no me voy a creer nada. Y Vds. tampoco deberían hacerlo, aunque se cuestione su nacimiento…
¿HAY ALGUIEN QUE LO HAGA? Espero ansioso….
Fuentes principales de la investigación: Ministerio de Sanidad (estadística anual de IVE y documentación sobre su prestación); BOE y Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023; servicios y consejerías autonómicas de salud; memorias y directorios oficiales; presupuestos, transparencia y expedientes de contratación pública. Última anualidad nacional consolidada del Aborto utilizada: 2024.
Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra. Y efectivamente, sería urgente y asombroso que un Centro de Planificación familiar hubiese planificado una familia en España, si no fuese mentira, claro…
Hemos hecho una pequeña investigación y hemos encontrado dos principales conclusiones:
1.- Ya no se llaman Centros de Planificación Familiar, se llaman “Servicios de Salud sexual y Reproductiva”.
2.- Es imposible rastrear qué servicios “sexuales y reproductivos” proporcionan porque la opacidad en la que diluyen las prestaciones hace imposible su seguimiento.
Excepto en el aborto. Aquí sí hay datos rastreables y susceptibles de ser incluidos en series estadísticas completas.
La principal conclusión de la investigación es la falta de trazabilidad estadística y económica de buena parte de los servicios agrupados bajo la denominación de «salud sexual y reproductiva». No existe un registro estatal homogéneo que permita conocer cuántos centros o unidades prestan estos servicios, cuántas consultas realizan, qué procedimientos concretos llevan a cabo ni cuánto cuestan. La gran excepción es el aborto, sometido a notificación obligatoria y a una estadística nacional anual.
España no dispone de una red única denominada oficialmente «centros de planificación familiar». Las comunidades autónomas utilizan estructuras y nombres distintos: ASSIR en Cataluña, CASSyR en Navarra, centros o unidades de salud sexual y reproductiva, Centros de Orientación y Planificación Familiar (COPF), unidades de apoyo en atención primaria, consultas de matrona o ginecología y centros municipales. Por ello, «centro», «unidad», «consulta», «equipo» y «punto de atención» no son magnitudes equivalentes.
Asturias mantiene cinco unidades especializadas; Navarra dispone de 16 centros y/o subunidades CASSyR; Cataluña trabaja mediante una red territorial de ASSIR integrada con atención primaria y hospitales; Madrid capital presta servicios a través de 16 Centros Municipales de Salud Comunitaria y un Centro Joven; Extremadura conserva expresamente la denominación COPF. Estos recuentos no pueden sumarse ni compararse directamente como si describieran la misma realidad asistencial.
Las carteras revisadas incluyen anticoncepción y anticoncepción de urgencia; colocación y retirada de DIU e implantes; pruebas de embarazo; prevención, diagnóstico y consejo sobre ITS/VIH; VPH y cribado cervical; atención preconcepcional; fertilidad e infertilidad; embarazo y puerperio; sexología; atención a jóvenes; educación afectivo-sexual; programas comunitarios; atención a situaciones de violencia y, asimismo, información, derivación y realización de abortos.
Y así hasta 17 Autonomías, creando un sinfín de centros y prestaciones prácticamente imposibles de seguir. Muchas difieren en las prestaciones e incluyen algunas que difícilmente son clasificables como salud sexual y reproductiva, como la Violencia de Género. En lo que todas coinciden es en el acceso al aborto público o privado.
No existe una publicación estatal anual que permita saber de forma homogénea cuántas consultas de planificación familiar se realizan, cuántos DIU o implantes se colocan, cuánta anticoncepción de urgencia se administra, cuántas pruebas de ITS/VIH se efectúan, cuántos preservativos se distribuyen o cuántas actividades de educación sexual se desarrollan. Los datos, cuando existen, aparecen dispersos en memorias autonómicas o municipales y con criterios diferentes.
El aborto sí permite construir una serie nacional porque existe obligación específica de notificación. Entre 2020 y 2024 los abortos notificados en España pasaron de 88.269 a 106.172, un aumento aproximado del 20,3 %. En el mismo periodo, los centros notificadores pasaron de 207 a 248.
En 2024, el 21,25 % de los abortos se realizó en centros de dependencia pública y el 78,75 % en centros privados. Este dato indica dónde se practicó la intervención, no necesariamente quién la pagó: un aborto realizado en una clínica privada puede estar financiada por el sistema público mediante concierto, contrato o derivación.
La proporción de abortos realizados físicamente en centros públicos presenta diferencias extraordinarias entre comunidades. En 2024 destacan Cantabria (88,50 %), Galicia (77,01 %), La Rioja (76,11 %), Navarra (74,83 %) y Cataluña (55,14 %). En el extremo contrario se situaron Andalucía (0,20 %), Madrid (0,47 %), Castilla-La Mancha (0,06 %) y Extremadura (0 %).
Galicia pasó del 22,65 % de abortos en centros públicos en 2020 al 77,01 % en 2024; La Rioja, del 5,63 % al 76,11 %; y Navarra, del 27,0 % al 74,8 %. Cantabria pasó del 61,6 % al 88,5 %. Por el contrario, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha seguían por debajo del 0,5 % en 2024.
No se ha localizado una serie nacional ni autonómica comparable que permita afirmar cuánto se gasta anualmente en «salud sexual y reproductiva». Los costes se diluyen en partidas generales de atención primaria, ginecología-obstetricia, hospitales, salud pública, farmacia, laboratorio, cribados, personal y educación sanitaria. Por tanto, la ausencia de una partida específica no significa ausencia de gasto: significa que el gasto no puede aislarse con las cuentas públicas ordinariamente publicadas.
Se localizan contratos y conciertos específicos con proveedores privados de aborto, aunque sus importes no constituyen una serie homogénea ni pueden compararse directamente. Entre los expedientes identificados figuran un contrato en Andalucía por 864.948,48 €, un expediente cántabro de 2020 con 200.000 € de presupuesto base y 1,2 millones de euros de valor estimado, y un expediente de Segovia de 2019 por 67.419,12 €. Son contratos de distinto alcance y duración, por lo que no equivalen a un «coste anual por comunidad».
La conclusión más relevante no es sólo cuánto se hace, sino cuánto no puede saberse con los sistemas públicos de información. Existe una amplia cartera de actuaciones de salud sexual y reproductiva financiada o prestada por administraciones públicas, pero no existe una estadística nacional que permita seguir de manera homogénea su actividad, usuarios, procedimientos, personal y coste. El aborto constituye la excepción porque está sometido a un sistema específico de registro y notificación.
Esto nos hace sospechar con bastantes criterios de certeza que los antiguos Centros de Planificación Familiar, ahora denominados Centros de Salud Sexual y Reproductiva están básicamente diseñados para evitar embarazos no deseados (aunque los jóvenes están informados de los métodos anticonceptivos, la mayor parte de los embarazos no deseados se producen en situaciones de deseo sexual incoercible que no deja lugar alguno a tomar precauciones), píldoras del “día después” y la posibilidad de contraer las denominadas ITS/VIH (enfermedades de transmisión sexual). Y en ultimo caso, si hay embarazo, detección del mismo y envío al sistema publico o privado para la práctica del aborto.
El año 2024, en cuanto al aborto se refiere, esto ha sucedido así ciento seis mil ciento setenta y dos veces.
Esto no me parece a mi una Planificación Familiar y ni siquiera una actuación en la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres. De los hombres, convidados de piedra en esta fiesta, ni hablemos.
Ya estamos muy acostumbrados que los defensores del aborto, la eutanasia y la fecundación in vitro, usen sinónimos amables, que, aunque no sean exactamente sinónimos, sean al menos amables, para desviar la vista de las personas y hacer aceptable sus tesis y que las apoye todo el mundo.
¿Quién no aceptará que se gaste dinero y recursos en “Salud Sexual y Reproductiva”? Habrá que ser muy “mal nacido” para no apoyarlo, defenderlo y normalizarlo.
Pues bien, yo, debo ser muy mal nacido, porque engañarme no va a ser fácil y les aseguró a Vds. que, hoy por hoy, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ES LO MISMO QUE ABORTO.
Si alguien que lea esto, no está de acuerdo, debería argumentar en contra con datos; costes materiales, dotaciones profesionales, prestaciones realizadas y resultados contabilizados y estadísticamente procesados. No solo con insultos, que los doy ya por amortizados. Mientras, no me voy a creer nada. Y Vds. tampoco deberían hacerlo, aunque se cuestione su nacimiento…
¿HAY ALGUIEN QUE LO HAGA? Espero ansioso….
Fuentes principales de la investigación: Ministerio de Sanidad (estadística anual de IVE y documentación sobre su prestación); BOE y Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023; servicios y consejerías autonómicas de salud; memorias y directorios oficiales; presupuestos, transparencia y expedientes de contratación pública. Última anualidad nacional consolidada del Aborto utilizada: 2024.
