En 2015, antes de la gran crisis migratoria, un estudio encargado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocía que Suecia no había logrado superar la segregación entre la población inmigrante y la sociedad mayoritaria. Once años después, el país ha endurecido radicalmente su política migratoria, pero sigue dividido entre la persistencia de graves bolsas de exclusión y una economía que depende cada vez más de los trabajadores nacidos en el extranjero.

La advertencia estaba escrita antes de que Europa comenzara a hablar de crisis. Antes de que las imágenes de columnas de inmigrantes atravesando los Balcanes se convirtieran en uno de los grandes acontecimientos políticos de 2015; antes de que Suecia recibiera, en proporción a su población, a más solicitantes de asilo que casi cualquier otro país europeo; antes de que las explosiones, los tiroteos entre bandas y los llamados “barrios vulnerables” transformaran la imagen internacional de una nación que durante décadas había sido presentada como modelo de cohesión, bienestar y estabilidad. En aquel momento, cuando todavía predominaba la confianza en la eficacia integradora del Estado social sueco, un extenso informe elaborado para la red de investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya había llegado a una conclusión difícil de ignorar: las sucesivas políticas aplicadas por la socialdemocracia sueca no habían obtenido “ningún éxito sustancial” a la hora de reducir la segregación entre las personas de origen extranjero y la sociedad mayoritaria.

El documento, titulado Migrants and their Descendants: Social Inclusion and Participation in Society. Sweden, 2015, fue preparado por Emerga Research and Consulting como material de base para un estudio comparativo de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conocida por sus siglas FRA. Sus 143 páginas no constituyen un pronunciamiento oficial de la institución —la propia portada advierte expresamente de ello—, pero reúnen estadísticas públicas, estudios académicos, legislación, informes administrativos y entrevistas con responsables de organismos suecos. Leído más de una década después, su importancia no reside solamente en las cifras que contiene, hoy necesariamente envejecidas, sino en la claridad con la que describió unas fracturas inmigracionales que todavía no habían alcanzado la intensidad política, social y criminal que adquirirían durante los años posteriores.

La fotografía anterior a la tormenta

Suecia llevaba ya setenta años recibiendo inmigración laboral, refugiados y familiares de personas instaladas previamente en el país. En 2014, el 16,5 % de sus habitantes había nacido en el extranjero y otro 5 % había nacido en territorio sueco de dos progenitores extranjeros. En conjunto, el 21,5 % de la población tenía lo que las estadísticas oficiales definían como “origen extranjero”. Aquella transformación demográfica había sido asumida institucionalmente mediante un principio aparentemente sencillo: si todas las personas recibían el mismo trato y podían acceder a servicios públicos de idéntica calidad, la integración acabaría produciéndose de forma natural. Tendrían tiempo para contemplar el enorme tamaño de su error socialista.

La integración, por tanto, no dependía de una única política específicamente orientada hacia los inmigrantes, sino de la capacidad general del sistema educativo, el mercado laboral, los servicios sociales y las administraciones públicas para garantizar la igualdad. El planteamiento confiaba más en la universalidad del Estado de bienestar (a pagar por los suecos tradicionales) que en las obligaciones de adaptación cultural. Suecia no exigía entonces conocimientos del idioma ni una prueba sobre la sociedad y las instituciones del país para obtener la nacionalidad. Bastaban, con carácter general, un determinado periodo de residencia legal y la ausencia de antecedentes graves o deudas pendientes. En ocasiones, ni tan siquiere eso era necesario.

La crisis migratoria de 2015 puso a prueba el sistema. Suecia recibió aproximadamente 163.000 solicitudes de asilo durante aquel año, una cifra extraordinaria para un país que entonces apenas superaba los diez millones de habitantes. La presión no se distribuyó de manera uniforme: se concentró en determinados municipios, suburbios, escuelas y servicios sociales que ya presentaban problemas de segregación.

El error del modelo sueco no consistió necesariamente en desconocer esas dificultades. El informe demuestra que eran conocidas, estaban cuantificadas y habían sido descritas por organismos públicos y especialistas. La cuestión fue que durante años se interpretaron principalmente como desigualdades susceptibles de corregirse mediante más recursos, políticas antidiscriminatorias y mejoras administrativas. El debate sobre las exigencias culturales, el conocimiento del idioma, la responsabilidad individual y la capacidad real de absorción de las comunidades locales ocupaba un lugar mucho más secundario.

La sociedad sueca cambió con rapidez. La proporción de habitantes nacidos en el extranjero pasó del 16,5 % registrado en 2014 a situarse en torno al 20 % una década después. Si se incorporan los nacidos en Suecia de dos progenitores extranjeros, aproximadamente una cuarta parte de la población tiene actualmente origen extranjero. La transformación es todavía mayor en Estocolmo, Gotemburgo, Malmö y numerosos suburbios en los que la población inmigrante o descendiente de inmigrantes constituye una amplia mayoría.

La segregación prevista en el informe dejó de ser únicamente una diferencia estadística y adquirió una expresión territorial. En la clasificación publicada por la Policía sueca en 2025 aparecían 65 “áreas vulnerables”, territorios caracterizados por una influencia relevante de las estructuras criminales de origen inmigracional sobre la comunidad local, dificultades socioeconómicas y una menor capacidad de actuación de las instituciones. Diecinueve estaban consideradas “especialmente vulnerables”. La propia Policía explicó que parte del aumento respecto de clasificaciones anteriores respondía a cambios metodológicos y territoriales, no necesariamente a un deterioro equivalente, pero la existencia de decenas de zonas sometidas a vigilancia especial confirmó la persistencia de una geografía de la exclusión.

La expansión de las bandas criminales foráneas introdujo otro elemento que el informe de 2015 apenas abordaba. Suecia comenzó a registrar niveles inusualmente elevados de violencia armada para un país de Europa occidental: ajustes de cuentas, asesinatos por encargo, ataques con explosivos y utilización de menores para cometer delitos graves. Las causas, además de demostrar una intensa relación entre inmigración y delincuencia, engarzan también con el narcotráfico, el fracaso escolar, las familias desestructuradas, la disponibilidad de armas procedentes de los Balcanes, la segregación urbana, la competencia entre redes criminales y el reclutamiento de adolescentes. 

La violencia alcanzó un máximo especialmente grave en 2022, cuando se registraron alrededor de 390 tiroteos y 62 fallecidos. Las cifras comenzaron posteriormente a descender. Durante 2025 se contabilizaron 147 tiroteos, un 63 % menos que tres años antes, aunque el número total de fallecidos ascendió a 43 debido a que la estadística incluía las once víctimas del ataque contra un centro educativo de Örebro, un crimen que no estaba relacionado con las guerras entre bandas. La reducción de los tiroteos demuestra que las medidas policiales y legislativas pueden producir resultados, pero no elimina la estructura social que permite a las redes criminales reclutar a menores y conservar influencia en determinados barrios.

El endurecimiento ha incluido mayores posibilidades de vigilancia, penas más severas, protección de testigos, incautación de bienes y creación de zonas temporales en las que la Policía puede realizar controles reforzados. El país que durante años había confiado la integración a la igualdad de acceso a los servicios públicos empezó a responder también mediante instrumentos penales y de seguridad.

La comparación entre el informe de 2015 y la política actual resulta especialmente reveladora en materia de nacionalidad. El estudio explicaba que Suecia no exigía demostrar conocimientos de lengua o civismo y recogía la recomendación de una comisión oficial de 2013 contraria a convertir el idioma en requisito. Según aquella comisión, semejante condición podría perjudicar la integración y reducir el número de solicitudes.

Una década más tarde, el debate se ha desplazado casi hasta el extremo opuesto. El Gobierno formado en 2022 por moderados, democristianos y liberales, con el apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia, anunció un “cambio de paradigma” migratorio. Entre las reformas estudiadas figuraban ampliar de cinco a ocho años el periodo general de residencia necesario para obtener la nacionalidad, exigir autosuficiencia económica, endurecer la evaluación de la conducta del solicitante e introducir pruebas de lengua y conocimientos sociales.

El giro no ha quedado limitado a la derecha. Los socialdemócratas, responsables históricos de buena parte del modelo sueco, también han revisado su posición y han defendido controles migratorios más severos, requisitos lingüísticos y una política más activa contra las sociedades paralelas. La discusión ya no enfrenta simplemente a partidarios y adversarios de la inmigración: el desacuerdo se refiere ahora a la intensidad, los instrumentos y los límites jurídicos del endurecimiento.

Los resultados de las elecciones de septiembre de 2026 han añadido un nuevo capítulo. El bloque de centroizquierda logró una mayoría estrecha de 176 escaños frente a los 173 obtenidos por las fuerzas que sostenían al Gobierno de Ulf Kristersson. Los Demócratas de Suecia retrocedieron y quedaron como tercera fuerza, pero conservaron 62 diputados, una presencia que confirma hasta qué punto la inmigración, la seguridad y la identidad nacional han dejado de ser asuntos marginales. El cambio de mayoría no devuelve automáticamente al país al consenso previo a 2015: incluso quienes se oponen a la derecha aceptan hoy la existencia de problemas que hace una década se abordaban con mucha mayor cautela.

El balance tampoco permite sostener que todos los indicadores hayan empeorado. En el mercado laboral se han producido avances importantes. En 2025, la tasa de empleo entre los nacidos en el extranjero se situaba alrededor del 74 %, frente al 84 % entre los nacidos en Suecia. La diferencia seguía siendo considerable, pero se había reducido, especialmente entre las mujeres inmigrantes. Los recién llegados encuentran empleo con mayor rapidez que hace veinte años y Suecia mantiene una tasa de ocupación de extranjeros superior a la media de la Unión Europea.

Persisten, no obstante, dos desequilibrios. Los nacidos fuera del país representan aproximadamente dos tercios de los desempleados de larga duración y tienen más probabilidades de obtener ingresos insuficientes para alcanzar una autonomía económica completa. La integración laboral existe, pero con frecuencia conduce a empleos precarios, peor remunerados o concentrados en sectores de escasa movilidad profesional.

Al mismo tiempo, la dependencia de la mano de obra extranjera se ha hecho más visible. En torno al 22 % de los empleados municipales y el 16 % de los trabajadores de las administraciones regionales han nacido fuera de Suecia, con una presencia especialmente elevada en sanidad, atención a ancianos y otros servicios esenciales. El país envejece, registra una natalidad históricamente baja y necesitará trabajadores para sostener el Estado de bienestar. La inmigración es presentada a la vez como una fuente de tensiones sociales y como una necesidad económica. Esa contradicción explica por qué numerosos municipios han recibido con preocupación las restricciones a los permisos laborales y los programas destinados a favorecer el retorno voluntario.

También ha cambiado radicalmente la entrada de solicitantes de asilo. En 2024 se concedieron 6.250 permisos a refugiados y familiares, el número más bajo desde que comenzaron las series en 1985 y un 42 % menos que cuando el Ejecutivo conservador llegó al poder. Como referencia, en 2016, después del máximo migratorio del año anterior, se habían concedido más de 86.000.

El informe europeo de 2015 acertó al identificar la persistencia de la segregación, la desigualdad educativa, las barreras laborales, la infrarrepresentación política y la concentración territorial de la inmigración. También detectó una debilidad menos visible: la dificultad del sistema estadístico para medir la integración cultural y religiosa, precisamente las dimensiones que más tarde ocuparían el centro del debate público.

No anticipó, en cambio, la magnitud de la crisis migratoria, la expansión de las redes criminales, la utilización sistemática de menores por las bandas ni la velocidad con la que cambiaría la política sueca. Tampoco puede emplearse como prueba de que la inmigración fuera la causa exclusiva de la violencia posterior. El documento estudiaba fundamentalmente participación, igualdad de trato, empleo, educación y cohesión; no era un informe sobre criminalidad. Convertirlo en algo distinto sería forzar sus conclusiones.

Su valor reside en otro lugar. Demuestra que las fracturas no aparecieron de improviso después de 2015 y que tampoco fueron una invención retrospectiva de los partidos contrarios a la inmigración. Antes de que llegara la mayor oleada de refugiados de la historia reciente de Suecia, las propias estadísticas nacionales y un trabajo encargado en el marco de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya describían una sociedad atravesada por la segregación.

Once años después, Suecia ha reducido drásticamente el asilo, ha endurecido su legislación, ha reforzado a la Policía y se dispone a exigir a los futuros ciudadanos aquello que en 2015 consideraba innecesario: conocimiento del idioma, comprensión de la sociedad y capacidad para mantenerse económicamente. Los tiroteos han disminuido y la integración laboral ha avanzado, pero siguen existiendo 65 áreas oficialmente calificadas como vulnerables, una profunda brecha de desempleo y un sistema de servicios públicos que no podría funcionar sin miles de trabajadores inmigrantes.

La advertencia no fue exactamente silenciada. Estaba allí, publicada, documentada y disponible para quien quisiera leerla. Lo que ocurrió fue quizá más revelador: Suecia conocía la existencia de sus fracturas, pero todavía confiaba en que el tiempo, la igualdad formal y la maquinaria del Estado de bienestar serían suficientes para cerrarlas. El informe de 2015 constituye hoy el acta de aquel momento, la fotografía de un país que había diagnosticado el problema, pero que aún no imaginaba hasta qué punto la historia estaba a punto de poner a prueba su respuesta.