I. El día que no debía existir

El 29 de febrero de 2024, el año bisiesto le dio a Badajoz un día de más, y alguien decidió gastarlo en sangre. A la hora del desayuno, en el bar Vaquerizo, unos disparos alcanzaron a El Tutu, yerno del patriarca de Los Rochos, un clan que lleva décadas asociado al tráfico de cocaína en Extremadura. A su lado, con el café todavía caliente, estaba su mujer, Cintia Rocho. Ella también recibió un disparo. Sobrevivió. Él no.

Diez meses después, el 30 de diciembre, le tocó al padre. Jesús Rocho murió tiroteado dentro de su coche. Según publicó ESdiario, la jueza de guardia en Badajoz aquel día era Beatriz Biedma. Conviene retener ese nombre, porque el destino, que tiene poca imaginación pero mucha puntería, volvería a juntarla con esa familia.

Con los dos hombres enterrados, el clan quedó en manos de Cintia. En los papeles que vendrían después aparece con otro nombre: La Celsa.

II. La jueza que no cedía

Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, instruía entonces la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su dudoso puesto en la Diputación provincial. La instrucción terminó en juicio, y en julio de 2026 la Audiencia de Badajoz lo condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Sin embargo, la historia que ahora ha salido a la luz transcurre antes, en la primavera de 2025, cuando la causa seguía abierta y la jueza, según contaría después alguien que la conocía por fotografías, "nunca cedió a nada".

III. Una línea en una agenda

Las novelas negras suelen empezar con un cadáver. Esta historia empieza con una anotación. El 25 de marzo de 2025, en la agenda de Leire Díez, antigua militante socialista a la que la prensa bautizó como la "fontanera" del PSOE, aparece escrito: "Jueza de Badajoz. La Celsa".

Díez sostiene que sus notas "se están interpretando fuera de contexto". Según El Español, los investigadores de la UCO de la Guardia Civil cuentan además con datos de geolocalización de teléfonos móviles, mensajes de WhatsApp y el testimonio de un colaborador de la Fiscalía General del Estado. El periódico sitúa en el entorno de la operación que sigue a Santos Cerdán, a la propia Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo. También fecha dos reuniones con la Fiscalía, el 6 de marzo y el 4 de abril de aquel año. Todos ellos, según la Guardia Civil, habrían creado un grupo de Whatspp, denominado «Vacaciones y viajes», en el que Díez trasladaba a sus colaboradores el estado de la operación contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruía la causa. Según algunas fuentes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también tendría en su poder grabaciones de las conversaciones mantenidas entre los enviados de la denominada "cloaca del PSOE" y Los Rochos.

IV. La oferta

El 21 de septiembre de 2026, El Español publicó la frase que resume toda la trama, atribuida a una fuente anónima presente en las conversaciones: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos".

Según el periódico, el mensajero fue Luis José Sáenz de Tejada, un exjuez expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género. La mercancía era la más cara del mercado: el archivo de las causas pendientes del clan. Y el precio era apartar a la jueza, "por lo civil o lo criminal" del caso del hermano del Presidente. Sáenz de Tejada habría confesado a El Debate que tuvo en su poder datos privados sobre la magistrada Beatriz Biedma. En concreto, el enviado de Díez habría reconocido a este periódico que conoce tanto el domicilio privado de la magistrada como la ubicación del colegio al que lleva a sus hijas menores de edad. «Sé dónde vive», llegó a admitir Sáenz de Tejada en referencia al domicilio de la magistrada, antes de sostener, siempre según El Debate, que también conocía el colegio al que lleva a sus hijas. Fueron las dos revelaciones más graves de la llamada. A continuación, confirmó el encuentro que mantuvo con el entorno del narcotraficante conocido como 'El Gitano'. Tejada, aunque reconoció su nexo con Díez, sostuvo que la persona que les puso en contacto fue el empresario Javier Pérez Dolset, y citó la existencia de un piso en Cádiz donde se desarrollaron varios encuentros. 

Esa disyuntiva es el corazón de esta historia. "Eliminar" puede significar una recusación, un expediente o una campaña de descrédito. También puede significar otra cosa. En el lenguaje de los despachos, las palabras sirven para no tener que decir nada.

V. Una dirección en Badajoz

Cintia Rocho ha decidido hablar. En El tiempo justo, de Telecinco, en una entrevista del periodista Alfonso Egea, contó que poco después del asesinato de su marido la contactaron dos personas: un magistrado y un abogado, cuyos nombres dice que solo dará a la Guardia Civil. Según su relato, presumían de tener influencia sobre el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delincuente cercano a Pedro Sánchez y condenado por el Tribunal Supremo a por revelación de secretos.

Lo que le dieron sobre la jueza, según ella, no fueron palabras: "Me mandan la dirección de su casa, fotografías suyas en el gimnasio, muchísima información". Reconoce que nadie le dio una instrucción explícita, y hace la pregunta que cualquier lector de novela negra ya se ha hecho: "¿Por qué me envías una dirección de una magistrada?". Luego la responde: "Si no es para hacer daño físico, no necesitas la dirección de una casa".

Añade que la petición fue creciendo, hasta incluir las direcciones de compañeros de la jueza. Ella dijo que no. "En ningún momento he accedido, ni he colaborado, ni he querido participar en absolutamente nada". No quería, explicó, que a su familia la señalaran como sicarios. El Español ofrece otro motivo para el rechazo: el clan no se fiaba del mensajero.

El mensajero, por su parte, también ha hablado. Según recoge The Objective a partir de declaraciones a El Debate, Sáenz de Tejada admitió conocer el domicilio de Biedma y el colegio de sus hijas, y haberse reunido en Badajoz con un intermediario de un narcotraficante apodado El Gitano. En la querella de Vox, la intención aparece resumida en un diminutivo inquietante por lo doméstico: se trataba de darle a la jueza un "sustillo".

VI. El expediente

El 18 de septiembre, Beatriz Biedma pidió personarse como acusación particular en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz contra la fontanería del PSOE en la Audiencia Nacional. Invoca la "existencia de contactos" entre el grupo investigado y la organización criminal, y denuncia que se recabaron datos personales suyos y de su entorno para desacreditarla y apartarla del caso.

Vox ha presentado una querella contra Díez, Sáenz de Tejada y Teijelo por delitos que van desde la tentativa de atentado contra la autoridad hasta la pertenencia a organización criminal. 

Epílogo

En las novelas negras, el último capítulo reparte culpas. Aquí ese capítulo lo escribirán los tribunales, y todavía faltan meses. De momento solo hay una agenda, una dirección, unas fotos tomadas en un gimnasio y una mujer que presenció la muerte de su marido y asegura que dijo no. Queda también la ironía, que en la España  del ínclito Pedro Sánchez nunca prescribe. Si lo publicado se confirma, la jueza que investigaba al hermano del presidente no estuvo protegida por el Estado, sino por la desconfianza de un clan de la droga.

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Otro de los integrantes del clan de narcotraficantes de Los Rocho ha confesado a El Debate el verdadero plan que su entorno tenía contra la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según su testimonio, cuando desde la red liderada por Leire Díez se habló de «eliminar» a Su Señoría o de «darle un sustillo» lo que realmente se estaba planteando era matarla.

«Cuando dicen eliminarla, darle un sustillo, ¿eso tú cómo lo interpretas?», le pregunta El Debate. «Yo... la querían eliminar... Eliminar significa matarla. Un susto no la iban a dar», responde. Es la primera vez que alguien del entorno directo del clan al que se ofreció el encargo pone en palabras, sin rodeos, lo que según él se escondía detrás de los eufemismos que hasta ahora habían manejado tanto la red de la conocida como la fontanera del PSOE como la propia magistrada en su escrito de personación.

La persona que ha hablado con El Debate es un narcotraficante al que la Policía Nacional conoce como "Moto Ratón", apodo que arrastra de su etapa como miembro activo de Los Rocho, cuando se dedicaba a repartir cocaína en moto a los distintos puntos de venta del clan, actividad por la que fue detenido en varias ocasiones. La segunda parte del alias responde, según este periódico, a su parecido físico con los roedores. Rompió con Los Rocho en 2024 a raíz de una disputa económica por varios millones de euros que terminó de malas maneras, y desde entonces, asegura vivir amenazado. Sostiene, de hecho, que la casa de su hermano fue tiroteada recientemente con niños en su interior.